Hidrovía: el Gobierno dio de baja la licitación y denunció a la única empresa que se presentó por “posibles presiones”
Se abrieron los sobres y, de forma sorpresiva, solo ofertó una compañía; el vocero Adorni confirmó que se dejó sin efecto el proceso de selección y señaló que el Ejecutivo “será implacable ante cualquier intento de manipular los resultados”
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LA NACIONIgnacio Grimaldi
El Gobierno tomó una decisión drástica en la licitación de la Hidrovía. Fiel al estilo motosierra, dio de baja la compulsa, que en tan sólo 85 días acumuló denuncias por presunto direccionamiento y casi ningún oferente. Sólo Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) presentó una propuesta formal para quedarse con la concesión, pese a las 11 empresas que habían manifestado interés en el pliego. Por este motivo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin del cuestionado proceso y redobló la apuesta al impulsar una investigación contra la única empresa que participó por “posibles presiones” sobre sus eventuales competidoras .
A las 12:59 de este miércoles venció el plazo para enviar propuestas y, minutos más tarde, se publicó el Acta de Apertura de sobres. Contra todo pronóstico, sólo DEME había aplicado para competir. La ausencia de Jan de Nul en la nómina de oferentes fue toda una sorpresa, dado que la compañía había manifestado interés en el pliego y se había defendido de las acusaciones que indicaban que el Gobierno había redactado un pliego a medida de ella.
Ante este escenario, y en conferencia de prensa, Adorni confirmó la suspensión del proceso de licitación. “El Gobierno se comprometió a realizar una licitación transparente a fines de otorgar el mejor servicio. Y dijimos que si había un solo oferente [como es el caso], se daría de baja”, remarcó. Poco después, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que informó que impulsará una investigación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un organismo descentralizado que se encuentra bajo la órbita de Luis Caputo, por una “posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas, o la existencia de una connivencia entre las mismas en perjuicio del Estado Nacional”.
Además, esto representó todo un giro, ya que la propia DEME había presentado una cautelar en la que solicitaba la suspensión de la licitación. Dicho recurso fue rechazado por el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal.
De este modo, DEME, que hasta ese momento era la principal denunciante del posible direccionamiento del pliego, se convirtió en acusada. “Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora [Jan de Nul] y otras competidoras no se han presentado”, se defendió a través de un comunicado.
Las nuevas acusaciones avanzaron al ritmo de la parálisis de la licitación. El Gobierno no definió si hará cambios en los pliegos ni para cuándo proyecta volver a convocar una nueva compulsa. Esto impacta en los negocios proyectados por los interesados en la concesión de la Hidrovía, en los importadores y exportadores que utilizan esta “autopista de barcos” para trasladar bienes y también en los planes de privatización del presidente Javier Milei, que busca cerrar la Administración General de Puertos, la empresa pública que actualmente está a cargo de cobrar el peaje.
Ese es uno de los intereses del Gobierno en la licitación de la Hidrovía, que fue lanzada el 20 de noviembre del año pasado. Tan sólo 19 días después, DEME ya había presentado su primer reclamo ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación por presunto direccionamiento del pliego. Un día más tarde, la compañía danesa Rohde Nielsen también hizo su reclamo y luego acudió a la Justicia. “La licitación se basa en requerimientos y condiciones que restringen la concurrencia de interesados y la competencia entre eventuales oferentes, beneficiando solo a un potencial competidor, el grupo Jan de Nul”, incluyó en el escrito. La empresa China Communications Construction Group Co. (CCCC) también interpuso una medida cautelar que, motivada por la exclusión de la compulsa de firmas vinculadas a Estados soberanos, pedía suspender el proceso.
Además, estas presentaciones cuestionaban el plazo de elaboración de ofertas, los antecedentes técnicos que se habían solicitado, el método de evaluación para determinar al ganador de la compulsa y cómo iba a ponderar en esa decisión el haber tenido antecedentes de obras de dragado y señalización en la Argentina. Si bien buscaban suspender la licitación, lograron ganar tiempo y la fecha original de apertura de sobres, que era el 29 de enero, se corrió al 12 de este mes.
A su vez, la Coalición Cívica realizó un pedido de investigación a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que luego fue apoyado por DEME. Precisamente un día antes de la apertura de sobres, la PIA emitió un dictamen en el que señaló “elementos suficientes para advertir serias irregularidades en la redacción de los pliegos”.
El dictamen del organismo, que depende del Ministerio Público Fiscal, puntualizó observaciones sobre la composición de la Comisión Evaluadora, el plazo de presentación de ofertas, restricciones para habilitar posibles concursantes y un canon que el ganador de la compulsa debería pagar para que el Gobierno cancele una deuda con Jan de Nul, contraída entre 2023 y 2024, de más de US$78 millones, según volcó el Gobierno en el pliego de licitación.
En un documento que publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno había afirmado que la acusación de presunto direccionamiento “carece de objetividad y constituye un intento malintencionado de deslegitimar un proceso transparente”. Los representantes de Jan de Nul manifestaron una postura similar.
La historia de la Hidrovía muestra que licitarla fue una verdadera misión imposible para los últimos gobiernos. Todo empezó en 1993, con el pliego inaugural y el primer ganador: un consorcio compuesto por la belga Jan de Nul y Emepa, del empresario Gabriel Romero. La concesión la prorrogó en 2010 Cristina Kirchner hasta 2021. En la Causa Cuadernos, Romero admitió haber pagado coimas por US$600.000 para obtener la prolongación del contrato.
El macrismo había realizado un pliego para cuando finalizara dicha prórroga, pero perdió las elecciones. La gestión de Fernández intentó lanzar una licitación, aunque tras acusaciones de presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, intervino la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). El organismo señaló “irregularidades advertidas en el expediente administrativo por el que se llevó a cabo el procedimiento de la Licitación Pública N° 13/2021, que abarcan etapas iniciales del procedimiento, como la confección de los correspondientes pliegos de bases y condiciones, pero también posteriores, como los sistemas utilizados para calificar oferentes y sus respectivas ofertas”. El dictamen de la PIA hundió el intento de compulsa. Desde entonces, el Estado se hizo cargo de la concesión y contrató, de manera directa, a Jan de Nul y Emepa para las obras de mantenimiento de la vía.
La Hidrovía es la principal ruta comercial del país, por donde circula el 80% de las exportaciones e importaciones agroindustriales. Su trayecto nace en Buenos Aires, sube por la frontera entre Santa Fe y Entre Ríos, bordea Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, y sigue camino hacia Brasil, Paraguay y Bolivia.
Su actual profundidad de 36 pies permite cargar al 60% la bodega de los buques. Las obras de dragado pretendidas aumentarían el caudal de agua al menos a 39 pies, lo que elevaría “a alrededor del 90%” la capacidad de carga. Esto también incrementaría el dinero en manos de quien obtenga la concesión ya que, a través de los peajes, podría facturar US$410 millones anuales, tal cual estimó el Gobierno. Sin embargo, ese premio todavía está vacante.
Por Ignacio Grimaldi
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