MADRID—Los fiscales españoles están preparando demandas colectivas en nombre de los pequeños ahorradores que tienen acciones preferentes en los bancos locales. Las acciones legales se producen en un momento en que la Unión Europea se dispone a exigir que las atribuladas entidades impongan pérdidas a los tenedores de bonos subordinados y acciones prefe-rentes como condición para recibir fondos de rescate.
Los fiscales acusan a los bancos de promocionar estos valores como inversiones seguras cuando los vendieron. Si los tribunales fallan a favor de los clientes, los contratos de venta serían anulados y los bancos tendrían la obligación de devolver el dinero.
Cerca de 120.000 pequeños ahorristas españoles están expuestos a los bancos nacionalizados del país. Entre un conjunto de condiciones ligadas al paquete de rescate por cerca de 100.000 millones de euros (unos US$123.000 millones) de la UE, los titulares de bonos subordinados, muchos de los cuales poseen acciones preferentes, tendrían que asumir pérdidas en sus inversiones y, por ende, compartir la carga con los contribuyentes.
