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Fuerte apuesta oficial: el Gobierno busca destrabar inversiones millonarias mediante cambios en la Ley de Glaciares
Las empresas esperan una flexibilización de la Ley de Glaciares para avanzar en los proyectos de cobre anunciados y que suman US$35.000 millones; rechazo de organizaciones ambientalistas
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El Gobierno está a punto de jugar un pleno en la pelea por transformar la economía. Afina los detalles para presentar un proyecto en el Congreso con el objetivo de modificar la denominada Ley de Glaciares, que data de 2010. Es algo, por caso, que la gestión de Mauricio Macri intentó hacer, pero no tuvo éxito.
La idea es presentar un proyecto de aclaratoria que será tratado en las sesiones extraordinarias. La Casa Rosada espera, de esa manera, darles a las provincias la autoridad para aprobar iniciativas mineras en áreas en las que, con la normativa vigente, no es posible avanzar.
Las empresas del sector coinciden en que con esa modificación se destrabarán inversiones para la explotación de cobre, que suman US$35.000 millones.
“Será una ley aclaratoria de la vigente donde, dentro del marco de protección de los glaciares que constituyen reservas hídricas relevantes, se les confiere a las provincias la autoridad sobre la aprobación de proyectos”, dijo a LA NACION una fuente oficial que trabaja en la confección de la norma y que prefirió no revelar su identidad.
El Gobierno mantuvo en las últimas semanas conversaciones informales con las provincias mineras y madura el consenso para avanzar en una flexibilización de la ley actual. Las charlas son encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli.
La Ley N.º 26.639 (“Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”) define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.
Asimismo, se entiende por ambiente “periglacial” en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En el caso de la media y baja montaña, en tanto, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
El artículo 6 de la norma impide la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, entre otras actividades que puedan modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.
En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei había anticipado que la modificación que analizaba enviar el Ejecutivo a extraordinarias tenía que ver con una definición más clara de lo que es una zona glaciar y una periglaciar en la que tengan participación las provincias.
Milei también reconoció que la idea había sido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y conversada con las otras tres provincias que conforman la Mesa del Cobre: San Juan (Marcelo Orrego), Raúl Catamarca (Raúl Jalil) y Jujuy (Carlos Sadir).
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, explicó a LA NACION que una flexibilización en la Ley de Glaciares implicaría destrabar proyectos que traerán aparejadas inversiones multimillonarias en los próximos años. “El 75% de la superficie de los proyectos de cobre que fueron anunciados necesitan una aclaratoria de la ley porque están en zonas consideradas como periglaciares, la mayoría ya inició la solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, detalló.
“Hay iniciativas que estarían sobre lugares en los que hay formaciones de agua subterránea que en invierno se congela y en verano se hace líquida. Sin embargo, no tienen influencia en el cauce de ríos y no tiene sentido prohibir la actividad minera”, agregó Cacciola.
La Argentina no produce cobre desde 2018, pero cuenta con un conjunto de proyectos de escala internacional como Los Azules, de McEwen Inc (San Juan), se destacan Vicuña, de las empresas BHP y Lundin Mining (San Juan); El Pachón, de Glencore (San Juan); Taca Taca, de First Quantum (Salta), y Mara, también de Glencore (Catamarca). En conjunto, implican un volumen de inversión estimado en US$35.000 millones y si esta cartera se concreta, las exportaciones de cobre podrían superaros US$11.000 millones anuales hacia 2033, convirtiéndose en el principal motor del salto exportador minero, según consignó un informe de BBVA Research.
Recientemente, más de 25 organizaciones de todo el país expresaron su preocupación ante la posible reforma de la Ley de Glaciares. Modificarla implicaría habilitar, según señalaron desde las organizaciones, actividades económicas —especialmente la minería de gran escala— con alto impacto ambiental y, entre otras cosas, la pérdida del agua almacenada en ellos.
La Legislatura de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, un giro institucional que deja atrás la postura antiminera que mantuvo en los últimos años. Cornejo deberá promulgar norma y en el plazo de un año la mina analizará la factibilidad de la iniciativa.
