Rechazo de organizaciones a la modificación de la Ley de Glaciares

Más de 25 organizaciones de todo el país expresaron su profunda preocupación ante la posible reforma de la Ley N.º 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

En un documento conjunto, las organizaciones de la sociedad civil coinciden en la necesidad de reafirmar los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que dieron origen a la Ley de Glaciares y rechazan cualquier modificación que reduzca los niveles de protección ya establecidos.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, constituye un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Fue resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, y su propósito es proteger reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida y el desarrollo en gran parte del territorio, en particular en las zonas áridas, en las que la provisión de agua es crítica.

Modificarla implicaría habilitar, según señalaron desde las organizaciones, actividades económicas —especialmente la minería de gran escala— con alto impacto ambiental y, entre otras cosas, la pérdida del agua almacenada en ellos.

Los glaciares y el ambiente periglacial conforman un sistema único: almacenan, regulan y sostienen el agua que alimenta cuencas completas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y miles de comunidades. En un contexto marcado por el agravamiento de la crisis climática y el retroceso sostenido de los glaciares a nivel global y nacional, las organizaciones desaconsejan cualquier reforma que disminuya los niveles de protección establecidos por la normativa vigente. Estos estándares constituyen un resguardo crítico frente a la pérdida de reservas hídricas estratégicas y a la degradación de los ecosistemas de alta montaña; debilitarlos acarrearía impactos ambientales, económicos y sociales de carácter irreversible.

La Ley 26.639 es una herramienta central de política ambiental y de gestión del agua a escala nacional, ya que prohíbe actividades que puedan alterar la dinámica natural, la integridad física o la función ecosistémica de los glaciares. Entre ellas, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de cualquier obra de infraestructura que implique su destrucción o desplazamiento.

En su documento, las organizaciones destacan también el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en la implementación de la Ley y en la conservación de los glaciares. Subrayan, además, la necesidad de reforzar sus competencias y presupuesto para cumplir y profundizar las tareas asignadas por la norma.

El texto enfatiza que la Ley de Glaciares no bloquea el desarrollo, sino que lo ordena, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente y donde el agua —ya de por sí escasa y cada vez más vulnerable— cumple funciones ambientales y sociales irremplazables.

Por último, las organizaciones advierten que modificar la ley sería una acción ilegal e inconstitucional. Así lo establece el principio de no regresión incluido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que impide retrocesos en la protección ambiental vigente.

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