Ganancias: una reforma injusta que incentiva la informalidad y desnuda la impericia legislativa
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Cuando se aprobó la ley por la quedaron fuera del Impuesto a las Ganancias todos los que ganaban menos de $150.000, se mostró como un logro, un acierto de nuestro Congreso, que pensando en los trabajadores decidió aliviarles la carga fiscal y ponerles más dinero en el bolsillo. Eso literalmente, porque el cambio implicaba que le iban a devolver a cada uno hasta $27.000 y además iban a dejar de pagar impuestos para siempre.
Pero, en realidad, si vamos al fondo del asunto, veremos que la técnica legislativa arrasa con el principio de justicia y progresividad del impuesto e incentiva la informalidad.
Concretamente, no hay justicia en la reforma, porque $150.000 es un número caprichoso que no puede responder a la pregunta de por qué el que gana $176.000 paga el 27% del Impuesto a las Ganancias (o sea, $12.000 por mes) y el que gana $150.000, cero.
Tampoco puede responder por qué el que tiene un sueldo de $176.000 paga casi el mismo porcentaje de Impuesto a las Ganancias que una empresa que gana $50.000.000, casi 30 veces más.
Y tampoco, por supuesto, puede responder por qué el que gana $176.000 deja el 27 % de su sueldo neto en el Impuesto a las Ganancias y el que gana cinco veces ese sueldo paga solo 8 % más.
En esta injusticia nos deja la reforma, que además es irresponsable porque la transición para los sueldos de ente $150.000 y $175.000 la dejó en manos del Poder Ejecutivo, que tampoco se hizo cargo, cediéndole la responsabilidad a la AFIP para que definiera como implementarla.
Los impuestos se usan para financiar al Estado y hay que pagarlos. Ahora, es obligación de los legisladores pensarlos de manera que los contribuyentes los quieran pagar, o que por lo menos no se nieguen a hacerlo. A nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo, pero desde que vivimos en una sociedad, todos entendemos que tenemos que aportar nuestra parte.
Un Impuesto a las Ganancias no progresivo no es fácil de cobrar. No hay cómo asumir el costo de dejar el 27 % del sueldo en Impuesto a las Ganancias cuando el escalón inmediatamente inferior no paga nada. Una exigencia de esta naturaleza, inequitativa y no progresiva, funciona como un incentivo negativo al aumento del sueldo. Dicho en otras palabras, ningún empleado va a aceptar un peso por encima de los $150.000, que lo lanzaría a pagar el Impuesto a las Ganancias al 27 %.
La reforma que debió ser –si nuestros legisladores gustaran de estudiar el tema– debió haber guardado el principio de progresividad y utilizado la oportunidad para medir con mayor precisión las ganancias de cada persona.
La progresividad se guarda respetando el concepto de «escala del impuesto», que hace que pague más el que más gana. Empieza con un 5 % para los sueldos que duplican la canasta básica total –para tomar un parámetro cierto, hoy está en $100.000– y termina con un pago del 35 % por encima de $500.000 –elegido por ser diez canastas básicas–, pasando en el medio por porcentajes escalonados. Así funcionó siempre el Impuesto a las Ganancias, porque fue diseñado pensando en la progresividad y en la equidad. Sin embargo, la nueva legislación barrió con la escala del 5 al 23 % para los empleados en relación de dependencia y los jubilados.
La medición de las ganancias de cada persona casi ni existe hoy en el Impuesto a las Ganancias, no importan los gastos reales de cada uno, todos pagamos igual: el ingreso bruto menos los aportes obligatorios menos los gastos específicos de la actividad comercial/profesional y a la escala.
No importa si esa persona debe mantener a sus padres, si necesita un cuidador para ellos o para sus hijos, o alguien que la ayude con las tareas de hogar. Hay tantos límites aplicables a ese tipo de gastos, que casi no tienen impacto en el impuesto que se paga.
Hubiese sido una excelente idea permitir la deducción completa del personal de casas particulares empleado formalmente (sin límite en la cantidad de empleados) y ciertamente hubiera ayudado mucho a que las personas que trabajan en ese rubro recuperaran sus empleos.
También hubiese sido un excelente incentivo darles a las personas la posibilidad de descontar, como gasto, el total del alquiler de la vivienda, así como alguna parte del gasto en ropa, salidas y esparcimiento, alentando una mayor formalización de esos sectores de la economía.
La AFIP busca las mil y una formas de detectar los alquileres no formales, pero nadie se pregunta por qué no se declaran. Obviamente, al propietario no le interesa, pero al inquilino tampoco, porque para qué ganarse un problema si al final el descuento en el Impuesto a las Ganancias no se siente.
Yo lo veo muy sencillo, nuestros legisladores quizás ven cosas distintas o no se han podido tomar el tiempo para estudiar el tema. Es cierto que no son especialistas, pero asesores no les faltan.
*La autora es socia del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.
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