Giros nacionales. Santa Cruz y Buenos Aires le ganan terreno a otras provincias

CORDOBA.- En el primer semestre, Buenos Aires recibió 22,4% de las transferencias automáticas a provincias, cuando representa 38,7% de la población y 35,1% del PIB nacional. En el otro extremo está Tierra del Fuego.

Las cifras cambian cuando se toman en cuenta los giros discrecionales (por fuera de la coparticipación): entre enero y junio Santa Cruz tuvo transferencias mensuales promedio por $1.399 per cápita.

En ese esquema, última se ubica Mendoza, con $297. Buenos Aires está posicionada en quinto lugar entre las que más recibieron: $839 por habitante. El distrito gobernado por Axel Kicillof recibió como mínimo el doble de lo que obtuvo la Ciudad de Buenos Aires ($417 por habitante), Córdoba ($382) y Santa Fe ($323).

Los datos se desprenden del Monitor Fiscal de las provincias elaborado por el economista Marcelo Capello, del Ieral. Si se tiene en cuenta la población, serían cuatro jurisdicciones las que cuentan con menor porción de transferencias que de habitantes: Buenos Aires, CABA, Mendoza y Córdoba. Pero el sistema argentino beneficia especialmente a las provincias "de baja densidad poblacional, sean ricas o pobres".

Santa Cruz tuvo transferencias discrecionales corrientes mensuales promedio por $1.399 per cápita; Buenos Aires, $839.

Si la comparación se realiza en función del aporte a la producción total del país, las que participan menos en las transferencias que el PIB son Ciudad, Neuquén, Buenos Aires, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. En el otro extremo, Formosa recibe transferencias que están 627% por arriba de lo que aporta al Producto; para Chaco es 289% más y 276% más para Santiago del Estero.

Cuando el diputado nacional Alfredo Cornejo planteó que a Mendoza le convendría "independizarse" de la Nación, reabrió el antiguo debate en que las provincias cuestionan los montos que reciben de coparticipación con relación a los recursos que aportan, sostienen que se sienten discriminadas por la asignación de las transferencias discrecionales de Nación y están las que piden mayor autonomía para sus decisiones de endeudamiento y ejecución de obras, por ejemplo.

Capello plantea que si bien la Ley de Coparticipación no explicita criterios, el sistema resulta "sumamente redistributivo, aunque no puede decirse que tienda a nivelar capacidad o necesidad fiscal". Por caso, aún después de las transferencias enviadas por Nación, hay diferencias de cuatro veces entre los recursos totales per cápita que cuenta para gastar la jurisdicción con más recursos (Tierra del Fuego), con relación a la que tiene menos (Buenos Aires). Antes del Consenso Federal firmado en 2017, esa relación era de cinco veces.

En una misma región, incluso, hay brechas de hasta 2,5 veces. La más homogénea es Cuyo, por cuanto la diferencia de ingresos totales per cápita entre el máximo (San Luis) y el mínimo (Mendoza), es del 60%; en la Patagonia, mientras Tierra del Fuego contó en 2019 con $181.000 por habitante, en Río Negro fueron $82.000. En el noroeste, Catamarca recibió el año pasado el equivalente $114.000 per cápita, contra $59.000 en Salta y en el noreste, Formosa sumó $100.000 por habitante y Misiones y Corrientes, $62.000.

El reporte advierte que en los últimos 30 años, Buenos Aires no fue beneficiada por el sistema de coparticipación, en especial entre 2003 y 2017, mientras existió el techo al Fondo del Conurbano. Sin embargo, en especial en el conurbano bonaerense (así como CABA), fue "claramente" favorecido por la asignación de subsidios económicos en los últimos 15 años.

"El sistema de los últimos años deterioró la calidad de los bienes y servicios que provee el gobierno bonaerense (infraestructura, educación, salud, etc) pero abarató el precio de los servicios públicos para los habitantes de CABA y el conurbano", define el informe y advierte que las razones de esa asimetría hay que buscarlas en el terreno político y no en el económico.

Buenos Aires no fue beneficiada por el sistema de coparticipación pero sí con subsidios para tarifas y giros por fuera de la redistribución de impuestos.

Para Capello, posibles soluciones para esos problemas sería redistribuir potestades tributarias entre Nación y provincias. Entiende que aumentar la autonomía fiscal de las provincias ayudaría a contener el volumen del gasto público provincial y a mejorar su eficiencia por el mayor control que habría de parte de sus habitantes. Además, la cuantía y calidad del gasto provincial se optimizarían porque aumentar las erogaciones implicaría subir impuestos.

Otra vía sería reducir las transferencias discrecionales, automatizándolas con criterios objetivos; mejorar los criterios de distribución en los giros automáticos que deberían ser "explícitos y objetivos" y seguir objetivos de nivelación fiscal (capacidad o necesidad fiscal). Esa meta y el desarrollo regional deberían distinguirse en los sistemas de transferencias, según el economista.