
Guerra de intereses por el puente a Colonia
Buquebús: la empresa financió un video emitido en la televisión uruguaya en el que se muestra la destrucción de la costa porteña a causa de las obras.
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Durante el entretiempo del partido entre Croacia y Holanda, el sábado último, los televidentes uruguayos pudieron ver en medio de un ciclo publicitario auspiciado por Buquebús un aviso que advertía sobre las posibles -y alarmantes- consecuencias de la construcción del puente entre Buenos Aires y Colonia.
Sin saberlo, estaban presenciando un corto que dejó al desnudo una explosiva lucha de intereses -que hasta ahora se mantenía oculta- entre la delegación uruguaya de la Comisión Binacional que lleva adelante el proceso licitatorio para construir el puente y uno de sus principales opositores, la empresa Buquebús.
El aviso muestra el antes y el después de la construcción del puente. La imagen del después es la costa del puerto de Buenos Aires convertida en un pantano, sin que se pueda ver el agua por los juncos.
El creador del corto fue César Gigena Lamas, el presidente del Instituto Argentino del Desarrollo Sustentable y el Derecho Ambiental (Inardes), quien ya ha escrito un libro documental justificando su oposición a la traza elegida para emplazar el puente.
Gracias a su amistad con los directivos de Buquebús, la firma le cedió a Gigena Lamas un espacio de un minuto en el ciclo que auspiciaba, y que finalizaba con la leyenda "Buquebús cuida la ecología".
El video no fue visto en su primera emisión por José Serrato, presidente de la delegación uruguaya de la comisión. El domingo último por la mañana, tras enterarse de cómo era el video, envió a los canales 10 y 12 de Uruguay un telegrama certificado intimando a la "suspensión inmediata de la emisión del video televisivo (...), bajo apercibimiento de iniciación de acciones legales".
El Canal 12 suspendió la emisión, el 10 no. Serrato es accionista del diario El País, de Montevideo, y algunos de los dueños de ese diario son los mismos del Canal 12.
Serrato dijo a La Nación que había actuado "como funcionario. Es mi obligación evitar que se cometa un delito". Existe la posibilidad de que muy pronto el video tenga difusión masiva en la Argentina.
Mentiras y verdades
Para Serrato, "el video mostraba una flagrante mentira. Existen muchos técnicos que trabajaron en este proyecto, ¿cómo vamos a hacer un puente que diseque la costa de Buenos Aires?".
La norma jurídica en la que se basó Serrato para enviar el telegrama fue la Nº 16.099, que en su artículo 19 tipifica como "delitos de prensa" la "divulgación a sabiendas de noticias falsas que ocasionen graves perjuicios a los intereses económicos del Estado".
"El telegrama no afecta la libertad de prensa, porque los canales podían o no hacer caso", se defendió Serrato. Para Gigena Lamas, en cambio, esta actitud "muestra a las claras hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos que han priorizado sus intereses personales por encima de los altos intereses públicos".
José Oriani, abogado de Buquebús, apuntó que "no apoyamos la construcción del puente en esa traza, y nos encontramos con el Inardes, que tampoco la apoya, por eso le cedimos el espacio".
"Con el puente el negocio se nos iría al demonio, porque podría duplicar el tiempo de viaje. Pero estamos seguros de que el puente no nos va a sacar clientes, al contrario, porque cuando la gente sufra la sensación de manejar 40 km sobre el agua va a elegir el ferry."
Los barcos de Buquebús, para llegar a Montevideo, deberían zarpar en Buenos Aires desde un lado del puente, pasar luego por debajo y atracar en Uruguay.
Esto, según Oriani, le representaría a Buquebús un costo extra, por que las embarcaciones deberían reducir su velocidad al llegar a la mitad del puente, esperar que pasen otros barcos y luego volver a recuperar su velocidad.
Una fuente de la Comisión Binacional dijo que "me extraña que una empresa como Buquebús se preocupe por la ecología, cuando sus ferrys son grandes emisores de gases contaminantes".
Un proyecto retrasado
El proyecto del puente Buenos Aires-Colonia lleva un año de retraso.
Las insistentes denuncias de grupos ecologistas y de centros de navegación lograron llegar hasta las cámaras de representantes a ambos lados de la costa, y aún no se ha aprobado el tratado bilateral que firmaron en 1996 los presidentes Carlos Menem y Julio María Sanguinetti.
En la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado argentino ya han escuchado a los miembros de la Comisión Binacional y a grupos ecologistas y de navegación. Pero fuentes de esa comisión aseguraron que "el debate está congelado".
En la Cámara de Representantes uruguaya se comenzó a debatir, pero la sesión se levantó y nunca se volvió a tratar la obra.
Los siete consorcios internacionales precalificados ya tienen todos los estudios de factibilidad, pero sin aprobación parlamentaria no puede realizarse la licitación, que según Alejandro Gelsi, secretario de la delegación argentina de la Comisión Binacional, se realizará en noviembre próximo.
La inversión total de la obra será de 900 millones de dólares, y el costo del peaje para atravesar el río sería de US$ 60 para autos, $ 225 para camiones y $ 360 para los micros.
La longitud será de 41 km, y la cabecera argentina estará ubicada en la ciudad de Punta Lara, y en Uruguay en una península a 8 km de la ciudad de Colonia. Será concesionada a un solo consorcio la construcción y mantenimiento por 35 años.
La traza fue elegida entre otras cuatro, y era la menos costosa. Pero al realizar todos los estudios en detalle sobre el camino elegido su costo estimado se redujo, por lo que quienes apoyan otra traza que cruza el Delta advierten que debería haberse estudiado las cinco opciones a fondo.




