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Involucran a Impsa en un caso de corrupción
Denuncia de un ex presidente filipino
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El depuesto presidente filipino Joseph Estrada dejó ayer su celda en un hospital militar en Manila, donde se encuentra detenido por corrupción, para declarar ante el Senado por un supuesto caso de soborno en el que involucró a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), del grupo mendocino Pescarmona.
El Senado filipino lo citó después que éste dijo que Impsa había intentado sobornarlo con 14 millones de dólares para que aprobara la continuidad de un contrato con ese Estado.
El ex presidente desmintió ayer, en declaraciones efectuadas a la emisora filipina DZMM, haber aceptado el supuesto soborno e insistió en que el acuerdo nunca fue aprobado durante su régimen.
El escándalo se produjo después de que tres congresistas acusaran al antiguo ministro de Justicia Hernando Pérez de recibir de Impsa un soborno de dos millones de dólares para que el gobierno filipino aprobara la continuidad de la concesión.
CBK Power Company, cuyos dos accionistas son Impsa y la firma norteamericana Edison Mission Energy (EME), ganó un contrato por 25 años para rehabilitar, construir y operar tres centrales hidroeléctricas en las regiones de Caliraya, Botocan y Kalayaan, a 40 km del sur de Manila, con lo que se duplicará la capacidad energética instalada en ese país.
Niegan las acusaciones
"Es una inversión genuina de 460 millones de dólares y a la fecha está ejecutado más del 85 por ciento", dijo a LA NACION Carlos Ruiz, director y gerente general de Impsa. El ejecutivo desestimó las declaraciones del ex mandatario filipino y dijo que "el ex presidente Estrada está en prisión afrontando serios cargos por corrupción. Este es un año de elecciones en Filipinas y el tema energético es muy sensible. Como consecuencia de todo ese proceso nos vemos nuevamente en la tapa de los diarios como parte de una lucha entre distintas fracciones políticas".
Ruiz señaló que "este proyecto cuenta con el financiamiento de 19 bancos de primera línea que efectuaron los "due dilligence" correspondientes. Esta es la forma más contundente de descalificar cualquier denuncia".
El año pasado, la Justicia y el Congreso filipino dieron luz verde a la continuidad de la operación de CBK Power Company. Según el contrato original, la empresa recibe un canon anual cercano a los 120 millones de dólares por la capacidad instalada y por la operación y el mantenimiento de las hidroeléctricas citadas.
El ex presidente Estrada, de 65 años, fue derrocado en enero de 2001 tras una revuelta popular, acusado de corrupción y de llevar el país hacia el desastre económico.
En abril de ese año fue detenido tras ser acusado de apropiarse de unos US$ 80 millones del erario, delito que en Filipinas se castiga con la pena de muerte.
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