Jubilados más pobres, vicepresidenta más millonaria

Luego de más de tres años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el saldo en materia de jubilaciones es desastroso, aunque previsible. Desastroso, porque mientras los jubilados han perdido entre un 20 y un 31% de sus magros ingresos en términos reales –según la comparación que se explicará unos párrafos más adelante-, la vicepresidenta de la Nación ha incrementado sus millonarios haberes jubilatorios casi en un 1600%. Previsible, porque en los anteriores gobiernos kirchneristas –que tuvieron los mismos protagonistas que el actual- los jubilados también sufrieron enormes pérdidas en sus haberes.

Entre 2002 y 2015, los haberes jubilatorios padecieron fuertes reducciones en su valor real. Casi todas las jubilaciones eran mal calculadas desde el momento en que el trabajador se jubilaba. Los últimos 120 salarios, que se consideran para calcular el ingreso promedio y, a partir de allí, calcular el haber inicial, eran tomados a su valor histórico. En un contexto inflacionario, esto implicaba que el salario promedio obtenido no reflejara el valor real de los salarios por los que se había aportado. Así, las jubilaciones ya nacían reducidas.

A esa reducción que padecían quienes se iban jubilando, se sumó la que sufrían muchos que ya estaban jubilados y veían cómo el Gobierno congeló sus jubilaciones entre 2002 y 2006, período en el que la inflación fue de 91%.

Esta tremenda reducción de los haberes jubilatorios no es una opinión de quien escribe. Es un dato que surge de los cientos de miles de juicios que se tramitaron en los tribunales federales de todo el país, con jurisprudencia unánime al aplicarse los precedentes de la Corte Suprema de Justicia dictados en 2007 (fallo “Badaro”) y 2009 (fallo “Elliff”), con voto del entonces juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.

Todo ello sucedió con Alberto Fernández como Jefe de Gabinete, con Sergio Massa como director ejecutivo de Anses y también Jefe de Gabinete, y con Cristina Kirchner como Presidenta quien, ejerciendo ese cargo, vetó la ley sancionada en 2010 para corregir la situación e impidió así que los jubilados cobraran sin hacer juicio. Por todo eso, no debería sorprender que esas mismas personas que conducen el actual Gobierno apliquen ahora la misma política de ajustar el gasto del Estado reduciendo jubilaciones.

El jubilado que en diciembre de 2019 percibía la mínima, entonces, de $14.068, actualmente tiene un haber de $50.124. Es decir, tuvo un incremento del 256%. En el período relevante -que va de julio de 2019 a septiembre de 2022, por los motivos que se explicarán más adelante- la inflación fue del 329%. Esa diferencia negativa de 73 puntos porcentuales de aumento se traduce en que se cobra hoy un 20% menos de lo que se cobraría si los reajustes hubieran sido de la magnitud que tuvo la suba de los precios. Es decir, en una pérdida de 20%. Quien percibía la jubilación máxima al comenzar este gobierno, de $103.064, recibe hoy $337.289. Su aumento fue del 227%. Es decir, 102 puntos por debajo de la inflación, que significan una pérdida del 31%, según lo ya comentado.

Los bonos que reciben los de más bajos ingresos son a la vez un paliativo insuficiente y la prueba más contundente de las pérdidas referidas.

El porcentaje de inflación considerado para las comparaciones es el acumulado entre julio de 2019 y septiembre de 2022, porque es el período que la movilidad abonada por el actual Gobierno debía cubrir. Esto es así porque el reajuste de diciembre de 2019 incluyó las variaciones económicas sucedidas hasta el 30 de junio de ese año, por lo que las movilidades posteriores debían contemplar desde esa fecha en adelante. A su vez, el aumento de diciembre de 2022 se calculó sobre la base de las variaciones registradas hasta el 30 de septiembre. Por eso, las movilidades pagadas durante el actual Gobierno deben resguardar el haber de la inflación acumulada entre el julio de 2019 y septiembre de 2022.

La reducción de los haberes jubilatorios se debe principalmente a dos motivos. El primero es que el Gobierno suspendió -durante 2020- la movilidad votada en 2017, que ese año otorgaba aumentos superiores a los que dio Alberto Fernández por decreto. El segundo es que la nueva fórmula de movilidad vigente desde 2021, al no considerar el índice de precios al consumidor, también ha perdido con respecto a la inflación.

Estas pésimas decisiones son las responsables de que el haber mínimo medido en dólares se encuentre en uno de los puntos más bajos de los últimos 30 años. El promedio de la actual gestión es de 146 dólares. Menos de la mitad del registrado en el gobierno de Mauricio Macri, que fue de 318 dólares.

El injusto presente de los jubilados, fruto de las medidas del Gobierno contrasta con el privilegiado pasar de la jubilada Cristina Kirchner que, ajena a las pérdidas de sus compatriotas jubilados, ha recibido significativos beneficios en sus ingresos jubilatorios.

Cuando comenzó la gestión de Alberto Fernández y también suya, la vicepresidenta recibía una sola jubilación de privilegio, por la suma de $461.672. Actualmente percibe dos jubilaciones de privilegio por un total de $7.673.187 por mes, lo que significa un incremento de casi 1600%. Los cálculos para llegar a esa suma se realizaron agregando la movilidad legal a los montos informados en 2017 por la expresidenta.

Cabe recordar que el artículo 5 de la Ley 24.018 prohíbe el cobro de dos beneficios previsionales en el régimen particular al que se refiere. Por ese motivo, el gobierno anterior le había suspendido uno de ellos. Sin embargo, Cristina Kirchner inició un juicio para recuperarlo y consiguió que, pese a la contundente prohibición legal, un juez subrogante -Ezequiel Pérez Nami- le diera la razón. Si bien la Anses había apelado la sentencia, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, desistió luego del recurso. Así, la decisión no pudo ser revisada en la instancia de apelaciones, y la Anses -o sea, todos los argentinos- tendrá que pagar un retroactivo que ascendería, según una estimación, a $176.000.000.

La sentencia no se encuentra firme porque la diputada Graciela Ocaña presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También existe una denuncia penal de la legisladora para que se investiguen las irregularidades que tiene el caso: mientras todos los jubilados deben esperar años a que su sentencia quede firme, la Vicepresidenta tuvo el doble privilegio de cobrar antes de ese momento y de que la Anses no apelara su sentencia.

Luego de estos tres años de gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el balance en materia de jubilaciones arroja desigualdad e injusticia. El mismo Gobierno que reduce el gasto público empobreciendo a los jubilados, incumple la ley para hacer más millonaria a su vicepresidenta. La pasividad de la justicia -que aquí ha funcionado como una escribanía- no debe opacar la vergonzosa conducta de los funcionarios que incumplieron sus deberes para satisfacer la avaricia de su jefa.