La Argentina no es negocio

Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk
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16 de septiembre de 2020  • 09:17

Los dueños de los restaurants, muchos de los cuales protestaron ayer con sus empleados pidiendo la autorización para volver a abrir, esperan que la próxima renovación de la cuarentena, la número 13, incluya alguna novedad relevante. Pretenden que al menos se les permita empezar a recibir clientes en patios y terrazas. "Ya saqué tres créditos", dice a LA NACION uno de ellos, que admite que, de todos modos, ha resuelto despedir a la mitad del personal porque, en el mejor de los casos, deberá manejarse con menos mesas.

Es probable que el tema se aborde mañana, en la reunión entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. En la administración porteña afirman que será uno de los reclamos del jefe de Gobierno. Son tensiones que exceden la situación argentina.

William Stickman, juez federal del Estado de Pensilvania, le dio anteayer la razón a una demanda de un grupo de pymes, entre ellas peluquerías y un criador de caballos, y declaró inconstitucional la cuarentena. El fallo de Stickman, juez nominado por Trump, mete el dedo en la llaga en un Estado que gobierna un demócrata, Tom Wolf, y que acumula ya 7800 muertos por Covid: dice que la distinción entre sectores económicos esenciales y no esenciales fue hasta ahora "arbitraria" y no está explicada en ninguna definición objetiva. "La Constitución establece ciertos límites que no pueden ser traspasados ni siquiera en caso de urgencia", afirma.

Será uno de los debates de esta etapa de la pandemia. El derecho a trabajar. El subsidio adicional por desempleo de 600 dólares semanales terminó en Estados Unidos el 31 de julio y el país deberá centrar sus energías en la recuperación de la actividad. La desocupación es ahí todavía tres veces lo que era en febrero, cuando estaba en el nivel mínimo en 50 años. El desafío argentino es sin embargo anterior a estas cuestiones. Porque el país entró en la cuarentena con fragilidades estructurales previas y por una incógnita que, lejos de despejarse, parece haberse acentuado en los últimos meses: ¿quién creará aquí los puestos de trabajo?

Hay que volver cada tanto a ese tuit del 22 de junio de la cuenta oficial del Frente de Todos. "Cuando todo esto haya pasado, vendrá una economía básicamente motorizada por el Estado que, a través de la inversión pública, movilice los recursos necesarios para poner a la Argentina nuevamente de pie", decía. ¿Ese es el modelo con que el Gobierno pretende combatir los efectos de lo que los analistas definieron desde el inicio como un "shock de oferta"?

La respuesta es, como en otros ámbitos, bastante ambigua. En julio, durante un Zoom con el Consejo de las Américas, Alberto Fernández planteó la necesidad de contar con inversión privada durante la postpandemia pero, instantes después, cuando uno de los asistentes le preguntó si tenía pensado asistir económicamente a la industria aeronáutica, y en particular a las low cost que no volaban desde marzo, le contestó que la Argentina tenía "una línea de bandera" y que esa era la única que estaba dispuesto a sostener.

Es difícil que un potencial inversor interprete esta atmósfera desoyendo otras discusiones recientes, como la de Vicentin o la propiedad privada en terrenos del conurbano. Ayer, durante la reunión quincenal de junta directiva, la Unión Industrial Argentina agregó un tema espinoso: el proyecto de ley de aporte extraordinario que impulsan Carlos Heller y Máximo Kirchner para las grandes fortunas. Decidió incluirlo en un comunicado. "Genera un nuevo incremento de la presión fiscal sobre el sector formal de la economía y, en particular, afecta negativamente a las empresas de capital nacional", dice el texto. Son las conclusiones de un informe interno que acaba de confeccionar el departamento de Legislación y que los empresarios pretenden mostrarles a diputados y senadores. La postura de la UIA parece rotunda: la iniciativa no sólo es inconstitucional sino que ahuyentará inversiones justo en el momento en que más se van a necesitar.

"Individualmente nadie va a decir nada en contra del proyecto porque la discusión se da en medio de una pandemia: sería políticamente muy incorrecto", se excusó ante LA NACION uno de los ejecutivos presentes. Que los empresarios hayan vuelto a cuidar las palabras obedece en realidad a motivos preexistentes al Covid. "Prefiero no hablar con nombre y apellido: acá han venido a comer desde Rodríguez Larreta hasta Alberto Fernández", coincidió el dueño de uno de los restaurantes que aguardan aperturas para la semana próxima. No hace falta indagar demasiado: el mejor modo de saber qué opina un empresario es analizar sus inversiones. La única vez que decidieron hablar Latam y Falabella fue para explicar por qué se iban.

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