La bomba del modelo: el descalabro que se oculta en las facturas de luz

Los números reflejan los desajustes acumulados en el sistema energético argentino, potenciado por los efectos de la pandemia. Años de atraso tarifario, congelamientos, abultados ajustes posteriores, caída de la inversión y deterioro en la infraestructura formaron parte de un esquema que registra desequilibrios y deudas millonarias entre diferentes actores de la cadena.

Así lo reflejan las últimas cifras del área, compartidas la semana pasada por un informe de la Jefatura de Gabinete. Un punto sensible es la cobrabilidad registrada por Cammesa, la empresa mixta que gestiona el mercado mayorista eléctrico y tiene un rol clave: le cobra a las empresas que brindan el servicio al usuario final (hogares, comercios y empresas) y luego les paga a las firmas que generan la electricidad. La crisis económica asociada a la pandemia profundizó los desequilibrios del sector y elevó la morosidad que las empresas distribuidoras y cooperativas registran con Cammesa.

Según los datos oficiales, difundidos en el informe que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero llevó al Senado, la cobrabilidad de la firma mayorista se ubicaba alrededor del 90% hasta 2019, y luego se desplomó en 2020. El piso (30%) fue en abril del año pasado, el mes con restricciones más estrictas, y si bien luego creció en los meses siguientes, nunca llegó a los valores anteriores al coronavirus.

En el segundo semestre de 2020, la cobrabilidad promedió el 71%. En los primeros cuatro meses de 2021, fue apenas por debajo: 66%. En otras palabras, un tercio de los cobros que Cammesa debía realizar a sus clientes quedó impago.

Así, fue creciendo el monto total impago que acumulan las empresas distribuidoras y cooperativas en todo el país, consecuencia invisible para el usuario del congelamiento y el atraso tarifario. Los últimos datos oficiales de la secretaría de Energía, al 30 de septiembre de 2020, muestran que la deuda acumulada es de $136.987 millones. Este monto comprende consumos de energía, intereses y penalidades.

En este punto, sin embargo, aparecen las disparidades y las inequidades dentro del sector, con grandes diferencias entre el AMBA y el resto del país. Porque mientras en el principal conglomerado urbano de la Argentina la evolución de las tarifas generó un conflicto por intereses contrapuestos en el Gobierno (el ministro Martín Guzmán impulsaba aumentos del 30% en línea con la inflación proyectaba, mientras que el sector cristinista defendía un ajuste inferior, que finalmente se aplicó), en el interior se concretaron incrementos en las facturas muy superiores.

Así, mientras en el AMBA se autorizó finalmente un ajuste del 9%, en las provincias los gobiernos locales autorizaron incrementos de hasta el 35%. Tucumán (35%), Corrientes (30%), Mendoza (27%), San Luis (25%), Salta (21,78%) y Río Negro (19,5%) se ubican entre las que concretaron mayores subas.

Este desbalance también se refleja en las deudas del sector: Edenor y Edesur, las firmas que brindan servicio en el AMBA, la región más golpeada en términos económicos por la pandemia, son también las empresas que acumulan las mayores deudas con Cammesa. Según los datos del ministerio de Economía, registraban $16.307 millones y $14.149 millones, respectivamente.

Luego se ubican distribuidoras provinciales de Santa Fe (EPE Santa Fe, $12.316 millones), Mendoza (Edemsa, $9584 millones), Misiones (Emsa, $9186 millones), Rio Negro (Edersa, $8172 millones) y Chaco (Secheep, $7906 millones).

El crecimiento de estas deudas fue considerado en la ley de presupuesto para 2021, que incluyó en artículo 87 un régimen de créditos subsidiados y planes de pago para intentar regularizar la situación de las empresas, cuyo esquema tiene criterios diferenciados según cada distribuidora, la situación y montos de las deudas y la “situación social media” de los usuarios.

En el sector advierten que el congelamiento tarifario y la pandemia fueron dos factores que condicionaron el escenario, y destacan que tras la actualización tarifaria hubo una recuperación en los pagos.

“Hay varias distribuidoras que negociaron en el marco del acuerdo y están pagando al 100%”, explica una fuente del sector.

El optimismo, sin embargo, cruje al analizar la situación en el AMBA. Si bien mejoraron sus pagos desde el piso de 2020, tanto Edenor como Edesur tendrán menos recuperación de ingresos que las distribuidoras del interior, y no descartan un “esquema adicional” para evitar mayores incumplimientos. “Todavía no tuvieron un aumento suficiente para poder pagar al 100%”, reconocen en el sector, donde advierten que mientras se achican las deudas con distribuidoras del interior, podría crecer el acumulado con las firmas del AMBA y derivar en un mayor desembolso en subsidios para cubrir la diferencia.