La causa de la AFA y la interna del Gobierno le abren la puerta a un elefante: el escándalo de las siras
Una denuncia de la ARCA sobre dos empresas de un abogado ligado a la entidad de Viamonte y amigo de Mahiques parece volver sobre una investigación que nunca prosperó: los presuntos pagos de coimas para facilitar importaciones
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LA NACIONFrancisco Olivera
Las causas de la AFA y la interna del Gobierno acaban de entreabrir la puerta de un escándalo que permanecía cerrada desde 2023: los presuntos pagos de coimas a funcionarios para importar a pesar del cepo, durante la gestión de Alberto Fernández. El tema, que había sido desestimado entonces por un fiscal, vuelve ahora a sede judicial gracias a una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra dos empresas entre cuyos accionistas figura Ignacio Jakim, un abogado ligado hace tiempo a la entidad de Viamonte.
Las sociedades involucradas son Start SA, minorista del sector de la electrónica, e Intermaco SRL, mayorista, ambas integradas por Jakim y otros dos socios, Nicolás Osta y Esteban Jorge Isorna. Se las acusa no sólo de operaciones irregulares con los permisos para importar, sino también de haber retenido aportes a la seguridad social, el mismo delito por el que en otra causa se investiga a la AFA. La denuncia cayó en el juzgado de Luis Armella, que imputó a Jakim y a Osta.
Hasta ahora, el tema venía siendo un tabú. Avanzaban a paso lento otras investigaciones incluidas en el universo de la AFA, como las de compras de dólares oficiales al Banco Central y operaciones de cuevas y bancos. Pero no la de las importaciones, probablemente de un flujo de fondos bastante mayor. Y eso que ya en 2023 había rumores en todo el establishment económico, principalmente originados en despachantes de Aduana y empresarios, que daban cuenta de pagos de entre el 5 y el 20% a gestores o funcionarios para facilitar esos permisos en medio de una restricción generalizada que todavía tiene consecuencias macroeconómicas.
Hasta que lo cambió Javier Milei, el acceso a los dólares para importar se hacía a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo electrónico que Sergio Massa instrumentó desde 2022, no bien asumió en el Ministerio de Economía, y que otorgaba la autorización en función de la capacidad económica y financiera de las empresas que la requerían. El proceso, en el que participaban la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, nunca tuvo un criterio explícito y quedó en muchos sospechado de discrecionalidad. Cuando terminó aquel gobierno, la deuda impaga a importadores era de unos 45.000 millones de dólares, casi la mitad de todas las importaciones del país en 2023.
Un repaso de los números durante el último año de la gestión Massa deja entrever qué puede haber desencadenado las denuncias contra estas dos empresas que, dicen en la industria de la informática, siempre tuvieron una buena relación con la Secretaría de Comercio de aquel entonces, conducida por Matías Tombolini. En 2023, según cifras del Indec y como consecuencia del cepo, las importaciones generales cayeron en la Argentina casi un 10% respecto de 2022 y más del triple en el sector de informática, donde se desplomaron más del 30%. Pero hubo empresas que tuvieron la fortuna de acceder a divisas para seguir importando. Entre ellas, Start, constituida en 2021, que tuvo un apogeo en los dos años siguientes y cayó en crisis con Milei: entró en 2025 en concurso preventivo y tuvo que cerrar unos 30 locales en todo el país. Según la plataforma privada Veritrade, Start, que operaba entonces con otro nombre, Omnichannel SA, importó muy poco en el año de su nacimiento, apenas 662.688 dólares. Pero dio un salto astronómico en 2022, cuando pasó a importar por 18,3 millones de dólares (+2664%). En 2023, su mejor año, casi cuadruplicó esas operaciones y llegó a 77,8 millones (+325%), mientras el resto de la industria se resignaba a una caída superior al 30%. El panorama cambió para mal en 2024, ya a tono con la tendencia del sector, y las importaciones de Start cayeron 48%: se ubicaron en los 40 millones de dólares.
La situación de Intermaco SRL fue bastante similar. Integrada por los mismos accionistas que Start, tuvo importaciones fuertes un año antes que su par minorista, en 2021, cuando registró 33 millones de dólares de compras externas. Pero las subió todavía más en 2022, hasta los 72 millones (+118%), y otro 8% en 2023, a 78 millones. En ese caso, con la llegada de Milei, sus importaciones directamente se desplomaron: bajaron 86% en 2024, hasta los 10,6 millones.
LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con Jakim. Sí logró ubicar a Osta, que dijo no estar al tanto de la causa y agregó que ya no formaba parte de las sociedades. En el expediente ambos figuran como imputados.
Es interesante analizar el recorrido y la oportunidad de esta denuncia a la luz de las causas en la AFA, que se desencadenaron a partir de noviembre del año pasado, y principalmente de la interna del gobierno de Milei. La primera noticia de la investigación, que surgió de la ARCA y fue publicada por Clarín e Infobae, se conoció el 2 de febrero pasado, un mes antes de la asunción de Juan Bautista Mahiques, que llegó al Ministerio de Justicia respaldado por Karina Milei y los Menem. Mahiques no sólo tiene una trayectoria ligada a la AFA, sino también una vieja relación personal con Jakim, a quien reconoció días atrás como amigo. Jakim fue además en 2020 el abogado de Pablo Toviggino en un litigio que el tesorero de la entidad de Viamonte tuvo con Atlanta y San Martín de Tucumán por los ascensos durante la pandemia. E integra además el estudio Vidal, Jakim & Helfer, que trabajó con la Liga de Fútbol de Salto en el primer recurso de amparo favorable a la AFA en 2024 contra el decreto 70 del Gobierno, que abría la posibilidad de las sociedades anónimas en los clubes.
¿Hay que interpretar la difusión de la noticia en la pelea que ese sector del Gobierno tiene con el asesor Santiago Caputo, de decisiva influencia sobre la ARCA, organismo denunciante? Es una pregunta cuya respuesta seguramente decantará el tiempo. La primera filtración del tema puso más el acento en las supuestas operaciones con siras que en la retención indebida de aportes a la seguridad social, que es hasta ahora la única imputación concreta que se les hace a los involucrados en el expediente. Fuentes judiciales no descartan, con todo, que aparezcan nuevos cargos por presuntos sobornos.
El paso dado por la ARCA descongela un tema espinoso, la investigación de las importaciones que nunca prosperó. En diciembre de 2023, por pedido del fiscal Eduardo Taiano, que no encontró pruebas suficientes, el juez Julián Ercolini cerró la primera causa. Y después no hubo noticias. Terminaron en la nada, por ejemplo, dos pedidos de informe de la diputada radical Karina Banfi, al igual que el contenido de un sobre con una denuncia anónima que, silencioso, entró una noche en el despacho de otro diputado.
Escrito en lenguaje inclusivo, el texto daba detalles sugestivos. Hablaba de un departamento alquilado el 24 de marzo de 2024, ubicado en el 8° B de la esquina de Dorrego y Cabildo, y del que un testigo sin nombre decía haber visto entrar y salir funcionarios con bolsos y valijas carry-on. “Lamentablemente, no tengo pruebas, pero sí fuertes sospechas de que a ese inmueble lo usan de bóveda. Por lo que me contaron, es un departamento monoambiente y pusieron sistema de seguridad, puerta blindada y cerramiento en el o los balcones”, agregaba. El diputado en cuestión se lo acercó a Taiano el 25 de octubre de 2023, tres días después de la primera vuelta electoral que ganó Massa. El fiscal lo leyó, pero lo desestimó con el argumento hacía su trabajo a partir de fuentes anónimas.
El juez Armella y otra fiscal, Silvia Cavallo, deben ahora determinar si han aparecido elementos capaces de aportar algo de claridad o, por el contrario, todo sigue en la nebulosa.
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