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La coima nuestra de cada día: una mala costumbre arraigada y nociva
El pedido de un plus para adjudicar algún contrato con el Estado es una práctica que no termina de un día para el otro; el control de los mandos medios es clave
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LA NACIONPaula Urien
Podría darse esta situación: un proveedor del Estado factura un 20% adicional a un funcionario de la vieja administración para que le aprueben su proyecto. Había afinado los números al máximo para ser seleccionado, pero a la hora de la aprobación final se vio otra vez en la obligación de bajar la cabeza, masticar la bronca y ver cómo frente a sus narices la coima se hacía presente.
Una vez, durante el gobierno anterior, había hecho la denuncia como nuevo proveedor de otro de los organismos y se quedó sin la posibilidad de trabajo poquísimo tiempo después. Con varios hijos para mantener, decidió que ya no podía darse el lujo de luchar contra los molinos de viento.
"Un gran porcentaje de los casos de corrupción tienen esta operatoria", dice el abogado Guillermo Jorge, especializado en prevención de la corrupción y profesor de la Universidad de Nueva York (NYU), además de socio de Governance Latam.
El extremo del delito pudo verse en el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 esta semana, con las condenas a todos aquellos que tuvieron participación directa e indirecta en la tragedia de Once, que llevó a la muerte de 51 personas. La asociación ilícita entre subsidios que no se tradujeron en inversión, desvíos de fondos para la política y otros destinos non sanctos mostró una vez más que la corrupción es mucho más que una avivada.
"Toma un tiempo erradicar estas prácticas", dice Raúl Saccani, socio de Forensic & Dispute Services de Deloitte. Coincide Jorge: "Frente a un cambio de administración es muy frecuente que las nuevas autoridades sufran serios problemas de información asimétrica. Las auditorías y diagnósticos que el Gobierno está haciendo ayudan, pero dicen poco acerca de cómo actúan las instituciones informales en cada rincón del Estado".
¿Cómo se paga un soborno? "Siempre en efectivo", dice Diego Bleger, socio a cargo de Fraude en KPMG. El dinero de la corrupción no se bancariza, obviamente para no dejar rastros.
En general son los mandos medios quienes están más inmersos en el día a día de los retornos. "Cuando administran sistemas de sobornos, como el caso hipotético, usualmente se apuran a comunicar a sus víctimas –proveedores, contratistas, usuarios– que nada ha cambiado. Especialmente si el esquema tiene la forma de una extorsión comercial, cuando los empresarios pagan una comisión porque temen ser excluidos del mercado o sufrir otras represalias comerciales", dice el profesor de NYU.
"Cuando existe un adecuado liderazgo en los más altos niveles es más fácil que en menos tiempo se vea un resultado tangible", explica Saccani.
El especialista en investigación forense de pruebas digitales afirma que es muy importante adecuar las leyes a la investigación a través de herramientas informáticas, ya que "el 99,9 por ciento de las pruebas tiene que ver con la evidencia electrónica. Los recursos con los que cuenta la Justicia para investigar son escasos".
Laura Alonso, la nueva titular de la Oficina Anticorrupción, habla de varias herramientas que pueden ayudar a erradicar los pedidos de soborno: la ley del arrepentido y denunciantes con protección; la ley de acceso a la información pública "para que toda la información sobre la contratación de bienes y servicios sea pública"; procesos de contratación abiertos y electrónicos; denuncias en la oficina anticorrupción a través de la Web o por teléfono. "Es necesario que haya bases de datos abiertas de obras públicas para saber su estado de ejecución y pueden ser controladas por las mismas personas que las van a usar". Recomienda el sitio infobras (https:/apps.contraloria.gob.pe/ciudadano), donde se pueden ver las obras públicas que se están llevando adelante y todos sus estados (presupuesto, grado de ejecución, etc.).
"Para lidiar con este problema, algunos países, como Colombia y Ucrania, implementaron mecanismos de reporte a alto nivel. Se trata de un procedimiento que permite a las víctimas de «extorsión comercial» reportar a una autoridad del más alto nivel ejecutivo cualquier sugerencia sospechosa o un pedido impropio", recomienda Jorge. El proyecto sigue, y el denunciante puede seguir participando.
Por Paula Urien
