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La Justicia de EE.UU. rechazó un recurso de la Argentina en el caso Aerolíneas, por el cual el país debe pagar US$390 millones
La Corte de Apelaciones desestimó el pedido del país de no hacer lugar a la demanda de Titan Consortium, que compró el derecho a litigar por la estatización de 2008; el país había un laudo en contra en el Ciadi
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LA NACION
La Corte de Apelaciones de Columbia, en Estados Unidos, desestimó una apelación de la Argentina contra el fondo Titan Consortium en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner. El país había perdido el juicio en el Ciadi, que determinó que debía pagar US$320 millones más intereses. Hoy el monto sería de unos US$390 millones.
“La Procuración del Tesoro de la Nación se encuentra analizando todas las herramientas legales disponibles para intentar revertir la decisión o, en su defecto, mitigar sus consecuencias para el Estado argentino”, explicó el máximo organismo defensor de la Argentina, donde agregaron: “Esta causa es consecuencia de decisiones adoptadas hace casi dos décadas y forma parte de la pesada herencia judicial e institucional recibida por la actual administración, que al asumir en diciembre de 2023 encontró reclamos y sentencias adversas contra el país por más de US$30.000 millones”.
“La Cámara de Apelaciones falla contra la Rep. Argentina (sic) en caso de expropiación de Aerolíneas Argentinas (US$390 millones). Esta decisión también reactiva el caso Webuild, que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas”, dijo Sebastián Maril en la red X.
El fondo de inversión, que compró el derecho a litigar contra el país por esa estatización, busca además embargar activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la indemnización que ganó ante el Ciadi.
Titan Consortium no fue el demandante original: el caso nació con el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008 con un pago simbólico. Marsans reclamó una indemnización ante el Ciadi, el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y que resuelve disputas entre Estados e inversores privados. Luego, transfirió ese derecho al fondo Burford Capital —el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF—, que a su vez se lo cedió a Titan Consortium.
Los fondos que compran este tipo de litigios son habituales en el mercado financiero internacional: anticipan el dinero del juicio a cambio de quedarse con una parte de lo que eventualmente se cobre.
En 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de US$320 millones en compensación y casi US$3,5 millones en honorarios legales, con intereses corriendo hasta la cancelación total. El país intentó anular el fallo, pero el Ciadi rechazó el pedido en 2019 y le sumó más de un millón de dólares en costos y gastos de representación.
El Ciadi, sin embargo, no tiene poder para ejecutar sus propias sentencias. Cuando un país no paga, los beneficiarios del laudo deben ir a cobrar ante los tribunales de cada país donde quieran hacer efectiva la condena. En el caso de Argentina, el camino natural fue la corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C. Allí, en 2021, Titan demandó al país para forzar el cobro.
La Argentina respondió pidiendo que la acción se desestimara por prescripción, pero la Corte rechazó ese argumento: los jueces consideraron que los plazos invocados por la defensa “no son convincentes”. El Estado apeló y ahora la Justicia de Estados Unidos desestimó esa apelación y el país debe pagar.
Pero existe un mecanismo adicional. Si la Argentina no demuestra buena fe ni voluntad de negociar el pago, los beneficiarios del laudo pueden solicitar que les autorice a buscar activos soberanos argentinos en otros estados de Estados Unidos y a que esas jurisdicciones reconozcan las sentencias ya obtenidas. Eso es exactamente lo que Titan pidió: que se le permita rastrear y ejecutar activos por todo el territorio estadounidense.
El activo más sensible en la mira es el colateral de los Bonos Brady depositado en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los Bonos Brady son títulos de deuda que la Argentina emitió en los años 90 para reestructurar lo que debía a la banca comercial internacional; llevan ese nombre en honor al entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, quien impulsó ese esquema para países con deudas impagables.
Esos bonos tienen garantías depositadas en la Reserva Federal, y es precisamente esa garantía la que Titan busca capturar. Lo que hace más llamativo el movimiento es el momento: la Argentina cerró un acuerdo con otros dos fondos que también litigaban contra el país, Attestor y Bainbridge. Titan no solo no esperó, sino que busca establecer prioridad por encima de ese acuerdo reciente, ubicándose primero en la fila de acreedores.
Lo que en 2017 era un laudo de US$320 millones hoy asciende a US$390,9 millones por efecto de los intereses acumulados. El caso Titan es uno de varios frentes judiciales abiertos que enfrenta la Argentina en el exterior por laudos del Ciadi impagos.
La Procuración del Tesoro asume que la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que reconoció un laudo del Ciadi contra el país por la expropiación de Aerolíneas.
En diciembre de 2024, la Corte rechazó el planteo de la República Argentina, que sostenía que correspondía aplicar un plazo de prescripción de tres años, y determinó que el plazo aplicable era de 12 años.
En 2025, la República Argentina apeló esa decisión e insistió en la aplicación del plazo de prescripción de tres años.
La Corte confirmó ahora el criterio de primera instancia y sostuvo que corresponde aplicar el plazo de 12 años, por lo que se mantiene el reconocimiento del monto ya establecido más los intereses posteriores correspondientes.
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