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La década ganada
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En su discurso de apertura del 131° período de sesiones ordinarias del honorable Congreso de la Nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un detalle pormenorizado de los logros económicos y sociales alcanzados en los casi diez años que transcurrieron desde el 25 de mayo de 2003, cuando con la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner comenzó el proyecto político que ella encabeza actualmente.
La magnitud de esos logros es tan palpable, tanto en términos de solvencia externa y fiscal como en lo relativo a la inversión social que rescató a amplias capas de la población de la pobreza, que cuesta creer que quienes los contradicen tengan otro interés que la mera especulación política. La agenda en debate en el país, sobre todo para la oposición, debería estar situada en el futuro, y no en la negación de esta década ganada en lo que a políticas de Estado se refiere.
En tanto que el Gobierno prosigue decidiendo sobre la continuidad de políticas de elevación de la condición ciudadana -pues en definitiva el objetivo trazado por los incrementos en la cobertura previsional y social, la inauguración de nuevas universidades y el aumento en la matrícula estudiantil, entre otras medidas, es alcanzar el pleno ejercicio de la ciudadanía desde la consagración de derechos inalienables para la condición humana-, el discurso opositor gira sobre un anhelo de fracaso y frustración, el cual se ha demostrado como inconducente para quienes aspiran a gobernar los destinos de la Argentina.
En lo atinente a la situación económica, en el discurso pronunciado por la Presidenta queda en claro que hay una apuesta firme del Gobierno a ratificar la política de los últimos diez años, que consiste en garantizar la demanda interna y fomentar la producción, con la intención de que, a diferencia de lo ocurrido en las décadas anteriores, el principal factor de crecimiento económico sea el consumo interno.
Por otra parte, el futuro trazado en la exposición presidencial plantea un horizonte de pertinaz autofinanciamiento del desarrollo argentino. La negativa a aceptar cargas dolorosas sobre la población para lograr la supuesta "abundancia de flujo de dólares" hacia el país tiene un correlato firme en lo ocurrido en estos diez años. Durante esta década, nuestro país experimentó un crecimiento económico sostenido inédito, con caída del desempleo y mejora salarial, sin recurrir a la toma de préstamos en el mercado internacional.
Por el contrario, ofertó una salida a la cesación de pagos de 2001, que permitió convencer al 93 por ciento de los tenedores de bonos defaulteados de que la mejor forma de pago era adecuar los activos financieros a los reales y cancelar los compromisos con crecimiento económico, en lugar de hacerlo con planes de ajuste. Es esta convicción, convertida en política de Estado y en rumbo estratégico, la que fue llevada a la Cámara de Apelaciones de Nueva York por los representantes argentinos el miércoles último.
Esto implica que honraremos todos sus compromisos acordados voluntariamente, pero no cederemos ante la presión de fondos especulativos, cuyo accionar ha llevado a la porción más desarrollada del mundo a una crisis económica y social de incierto desenlace.
Siguiendo esa línea, vale destacar que la prueba más contundente de la coherencia del discurso de apertura de sesiones ordinarias es el resultado del año 2012. Durante ese período, por primera vez un desequilibrio externo importante, cercano a los 18.000 millones de dólares -sumando el déficit energético, el desbalance con Brasil y los vencimientos efectivos de deuda publica- fue afrontado con los recursos genuinos generados por el país, sin recurrir al endeudamiento ni a la devaluación.
El ajuste no se dio sobre el consumo, lo que hubiera derivado en la consabida lesión del empleo y el salario, sino restringiendo la demanda de dólares para fines de acumulación. Es decir que, entre ajustar el consumo popular o el ahorro de las clases altas, el Gobierno opto por lo último.
En definitiva, el discurso presidencial refleja los logros sociales y económicos que se verifican hoy en la Argentina y que son la consecuencia lógica de las políticas públicas que se vienen implementando desde 2003.
