La defensa argentina le pidió a la jueza Preska suspender una parte del caso YPF

La defensa argentina en Estados Unidos realizó una presentación que busca patear el tablero del caso YPF. La Procuración del Tesoro confirmó que el país solicitó suspender el proceso mediante el cual los demandantes piden buscar activos nacionales que puedan ser ejecutados si se confirmara la sentencia que obliga al Estado a pagar US$16.100 millones.

“En el marco del litigio vinculado a YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un pedido formal para suspender el proceso de discovery ordenado por el tribunal y el pedido de desacato de los demandantes”, sostuvo el Gobierno en un comunicado.

El aludido discovery es uno de los dos carriles por los que avanza el caso YPF en la Justicia de Estados Unidos. El proceso aludido busca alter egos de la Argentina, en pos de identificar bienes ejecutables del país. Este expediente acumuló varias idas y vueltas que incluyeron capítulos de tensión entre las partes, como el de los chats de funcionarios y exfuncionarios, y la solicitud de información sobre las reservas de oro del Banco Central (BCRA).

Todo esto nació como una derivación de la causa madre, que es la de la estatización de YPF. Se encuentra en una etapa de suspenso previo a una definición que será determinante. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos debe expedirse sobre el fallo en primera instancia, dictado por la jueza Loretta Preska. La magistrada consideró que la Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora y, por ende, determinó que el país debe pagar US$16.100 millones. Esta sentencia fue apelada por la defensa argentina, que busca que el tribunal de segunda instancia dé marcha atrás sobre lo dictaminado en la etapa anterior, y se espera que en los próximos meses haya una definición.

Mientras el expediente original se prolonga, el discovery acumuló roces entre las partes. Los demandantes de la Argentina, el megabufete internacional Burford Capital que compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía y Petersen Inversora) creadas por la familia Eskenazi, plantearon distintos recursos como la solicitud de chats de exfuncionarios y funcionarios argentinos y la información sobre las reservas de oro del BCRA.

“El hostigamiento sistemático sobre un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discoverys intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la búsqueda de activos ejecutables, constituye una afectación directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, afirmó la Procuración del Tesoro de la Nación.

LA NACION contactó a representantes de Burford, quienes al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios sobre la nueva presentación argentina.

Su comunicado llegó en un momento en el que el pleito judicial ingresa en la recta final, no sin antes una escalada de la rivalidad. Esta semana, tal como confirmaron fuentes oficiales, la Argentina rechazó entregar información sobre las reservas de oro del BCRA, al argumentar que “el pedido no tiene fundamento alguno”.

Las mismas fuentes ampliaron: “Las reservas de oro son propiedad del BCRA que es un ente autárquico, y están bajo su administración”. Desde esta misma filial de la Administración Pública Nacional indicaron que dichos activos “tienen inmunidad y no están sujetas a ejecución”.

Los demandantes de la Argentina respondieron y, en un escrito judicial, manifestaron que el país busca “obstruir el discovery”. Y redoblaron la apuesta, dado que insistieron en su pedido para que la Justicia estadounidense obtenga la información sobre locación y movimientos de las reservas del oro del BCRA.

El capítulo de los chats

En este caso, la jueza Preska solicitó a la Argentina documentación que alude a las “off channel communications”. Esto implicaría, entre otras cuestiones, la entrega de información como chats y correos de exfuncionarios y de actuales miembros del Gobierno. Allí puede haber datos sensibles. La orden de la Justicia norteamericana incluye desde los mensajes de WhatsApp de funcionarios como Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería) hasta el detalle de activos de la Argentina que eventualmente podrían ser embargados para pagarles a los demandantes.

El asunto acumuló varias semanas de controversias. Una fuente relacionada con el juicio asegura el país ya hizo entregas parciales de documentación y ha recuperado el contenido de muchos teléfonos, pero que los demandantes no encuentran la información que buscan para demostrar que YPF o el Banco Central son alter ego del Poder Ejecutivo.

“Argentina cumplió plenamente con el discovery y no hubo prueba alguna sobre un alter ego con el Banco Central”, sostuvieron estas mismas fuentes.

En frente de la Argentina está la iniciativa de Burford. Los demandantes del país, antes de que terminara el 2025, propusieron a la jueza Preska un cronograma de presentación de mociones de sanciones. Allí plantearon que el 15 de enero podrían entregar esa solicitud contra la Argentina. A su vez, según el calendario de los demandantes, el país podría responderle el 19 de febrero.

Ahora la jueza Preska, a cargo del discovery, tendrá que decidir qué le responde a cada una de las partes: si da lugar a la insistencia de los demandantes de la Argentina o si suspende este proceso, tal como solicitó la defensa del país. Mientras tanto, el fallo en segunda instancia sigue pendiente, a la espera de una definición determinante en este pleito millonario.

Por Ignacio Grimaldi

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