La economía de 2021 no tiene margen para el error

El presidente Alberto Fernández perdió en su primer año de gobierno un activo que podrá no valer demasiado en política, pero que tiene un peso determinante en la economía: el valor de su palabra. Las contradicciones en las que incurre en materia judicial o política podrán ayudarlo a navegar las turbulentas aguas de la coalición oficialista, pero poco colaboran en la titánica tarea de reflotar la economía. Allí también Fernández no termina de hilar un relato claro. ¿El resultado? Los niveles de desconfianza inversora no bajan: 1394 puntos de riesgo país, un indicador que solo se asemeja al que tienen países con problemas profundos de solvencia.

El escepticismo se percibe mucho más allá del mercado de bonos, de donde surge el valor del riesgo país. En la economía real, en las negociaciones con el FMI y en la relación con el mundo empresario empieza a calar hondo la desconfianza de la palabra empeñada.

En el sector de alimentos y bebidas, por caso, ya descuentan que no habrá una flexibilización generalizada del programa Precios Máximos, tal cual se había comprometido en su momento el ministro Matías Kulfas. Y no pocas empresas se preparan para dar pelea: algunas amenazan con bajarse del programa Precios Cuidados si el Gobierno no cede; otros, con ir a la Justicia, como el caso de los yerbateros, que lo plantearon en una reunión interna hace pocos días.

"En el Gobierno insisten en que es momento de que los empresarios pongan el hombro y no hablan más de posibles aumentos de Precios Máximos, sino que solo están interesados en avanzar con la ampliación de Precios Cuidados, que vence el 7 de enero", explicó un ejecutivo, que no hace mucho visitó las oficinas de la secretaria de Comercio, Paula Español, y salió frustrado.

Por la pandemia, el Gobierno congeló a fines de marzo los precios de prácticamente todos los alimentos y bebidas y productos de limpieza e higiene que se expenden en supermercados y almacenes bajo Precios Máximos. Solo habilitó dos subas en julio y octubre, y luego deslistó un número insignificante de productos el mes pasado, en una muestra de "buena voluntad". Esas subas, que en la mayoría de los casos no superaron el 10%, no llegan a compensar los aumentos de costos, que en casos, como el de la yerba, el arroz o el aceite de girasol, van del 60% al 110%.

La aceleración inflacionaria –mañana se conocerá el índice de precios de noviembre– pone un signo de interrogación a toda la política de liberación de precios y tarifas –gas, electricidad, agua y telefonía– que vienen deslizando en el Gobierno en distintos encuentros con referentes del sector privado.

¿Respaldará Fernández a sus ministros a la hora de poner en práctica la parte más dura del ajuste? A juzgar por los antecedentes del primer año de gestión, entre los hombres y mujeres de negocios hay más dudas que certezas. Los dueños de las grandes empresas que participaron de algunas veladas que el Presidente organizó en Olivos comprobaron que Fernández poco aplica en la gestión las medidas que avala y discute con apertura en sus largas tertulias en privado.

La mismo desazón se percibe en el sector de la salud, donde si bien escuchan a Fernández advertir que "la vacuna no resuelve la pandemia", como dijo la semana pasada en el acto de lanzamiento del acuerdo con Rusia por la vacuna Sputnik, ven en la práctica que toda la ayuda que recibió el sector durante el año para paliar la crisis generada por el Covid-19 se esfumará a fin de mes, cuando presumiblemente empiece la vacunación de los primeros argentinos comprendidos en la población de riesgo.

El temor a un 2021 sin asistencia logró que los 16.000 prestadores de la salud privados que operan en el país –entre los cuales se incluyen 5500 clínicas privadas, además de centros de atención psiquiátrica y de diagnóstico médico y empresas de emergencias– se agruparan en una federación, la FAPS, que se presentará en sociedad esta semana, con reuniones con los ministros de Trabajo, Salud y Economía. El encuentro con Martín Guzmán es tal vez el más relevante para ellos, dado que es, en definitiva, el dueño de la billetera y quien viene llevando adelante el intenso e ingrato trabajo de ajustar el gasto.

"Para el año que viene no están previstos fondos para el Covid-19, hay una desconexión con la realidad sanitaria, porque en nuestro caso no hay forma de pisar la demanda. Ya se cortó la cadena de pagos, y de pasar a pagar todo en un plazo de 90 días hay que hacerlo al contado", dice José Sánchez, presidente de la flamante FAPS.

Las entidades que forman parte de esa entidad dan cobertura a unos 30 millones de personas (contra 5,5 millones del PAMI o dos millones de las prepagas), o, lo que es lo mismo, atienden a 7 de cada 10 argentinos, muchos de los cuales tienen obras sociales sindicales o provinciales, PAMI, IOMA o prepagas. "El sector –agrega Sánchez– es el único que generó empleo en los últimos años, solo secundado por la educación y los servicios financieros. Casi 1,5 millones de personas dependen directa o indirectamente de los que conformamos la federación".

Pero el temor a una crisis generalizada de la salud no es exclusivo del sector privado. También en la CGT hay gran inquietud por lo que pueda suceder con las obras sociales sindicales. Le hicieron el planteo al presidente Alberto Fernández a comienzos de mes, y aún no tuvieron respuesta.

La relación con el FMI no escapa de esta lógica, que dominó el primer año de gestión. El acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) que negocia la Argentina, explica el economista Daniel Marx (que participó de varias negociaciones con el organismo multilateral), implica un compromiso sobre una gran cantidad de detalles técnicos, que parecen imposibles si no van acompañados de decisiones políticas. Flaco favor hizo en ese sentido la carta que los senadores del Frente de Todos enviaron al FMI al mismo tiempo que sus funcionarios estaban en la Argentina en misión, o los cambios en la fórmula de ajuste de las jubilaciones que a última hora incorporaron los legisladores del oficialismo en la Cámara alta. Según cálculos preliminares que empiezan a circular por las oficinas públicas, los retoques representan un incremento del gasto público de entre $32.000 millones y $40.000 millones.

Y no solo los burócratas del FMI esperan que la política se comprometa a respaldar las reformas que exigirá el EFF –se descuenta que incluirá una reforma tributaria, estrictas pautas en materia cambiaria y, posiblemente, modificaciones adicionales en el régimen de pensiones–, sino que entre los países accionistas del organismo también hay diálogos en ese sentido. La política exterior contribuyó poco hasta ahora en contrarrestar el discurso errático de Fernández.

Más allá de la reestructuración de la deuda, que fue un logro que el Gobierno pudo usufructuar poco, los resultados económicos del primer año de gestión son malos. La inflación, que será este año 17 puntos inferior a la de 2019, vuelve a tomar impulso en estos meses, con registros de casi 4% mensual –pese a que gran parte de los precios están pisados–, y desafía con acelerarse aún más en el primer trimestre de 2021, a medida que se convaliden los aumentos de tarifas anticipados y además circulen en el mercado los miles de millones de pesos emitidos este año.

El PBI se habrá desplomado casi un 12% al finalizar diciembre, mientras que el desempleo superará el 14% y 4 de cada 10 argentinos estarán debajo de la línea de pobreza. Al mismo tiempo, la brecha cambiaria, que se achicó en los últimos meses, sigue siendo del orden del 80%, un valor que atenta contra cualquier inversión. Las exportaciones argentinas lo reflejan: según recoge el economista Marcelo Elizondo, las ventas de bienes y de servicios al exterior tendrán su peor participación en el total mundial de la historia y terminarán cayendo este año entre 15% y 16%, muy por encima del promedio global.

Los bancos que tienen mandatos de venta de empresas argentinos lo sufren en carne propia. El Maxim Investment Bank, que tiene el mandato de Vicentin, por ejemplo, informó a los posibles interesados que extendería el plazo de recepción de las ofertas no vinculantes más allá del 15 de enero, fecha original. Para participar se había fijado una ficha mínima de US$200 millones, pero aún los grandes fondos para los cuales esa inversión es un vuelto no se animan a comprometerse. Quieren ver que Fernández presente un plan y se ciña a él.