¿La estanflación llegó para quedarse?

Hay problemas que ni siquiera los programas más sofisticados de inteligencia artificial pueden resolver. Entre ellos, ¿Cuánto aumentó el alquiler de un DVD el último mes? ¿Cuánto valen un contestador automático, una máquina de fax, un calendario, o un tocadiscos? ¿Y la conexión a internet desde un locutorio? Sin embargo, todas estas y muchas otras preguntas difíciles las debe responder el Indec todos los meses para poder calcular el índice de precios al consumidor (IPC) y por lo tanto la inflación, que es la variación porcentual del IPC de un mes a otro.

Para calcular el IPC, primero los organismos estadísticos del mundo realizan exhaustivas encuestas para estimar las canastas de consumo de una familia prototípica del país. No solamente qué productos o servicios se consumen, sino también qué porcentaje del presupuesto familiar representa cada uno de ellos. Como los patrones de consumo cambian con el tiempo respondiendo a innovaciones en productos y servicios, a cambios en los precios relativos y a cambios de preferencias, estas canastas se deben actualizar cada cinco años según las recomendaciones del FMI. En la región, se suelen actualizar cada cinco años como en el caso de Chile, o hasta 10 años como en el caso de Colombia. Estados Unidos la actualiza cada dos años.

En la Argentina, sin embargo, se utiliza una canasta de consumo cuyo relevamiento se llevó a cabo entre octubre de 2004 y diciembre de 2005. En su versión actual, ya superada la escandalosa intervención del Indec durante el gobierno de los Kirchner, el IPC nuevo comenzó a utilizarse en enero de 2017. Mientras tanto, el Indec realizó otra encuesta para medir la canasta de consumo entre 2017 y 2018, la cual anunció que iba a comenzar a utilizar en la medición de precios de enero de 2026. La nueva canasta, además de actualizar los consumos, traía cambios en la ponderación de distintos tipos de gasto. Según la nueva encuesta, por ejemplo, los alimentos y los bienes insumían el 22,7% y el 55,2% de la canasta típica de consumo, respectivamente, comparado con 28,7% y 67,3% en la anterior (actualizada). En contraste, los servicios y “Electricidad, gas y otros combustibles” subieron su participación a 44,8% y 5,3%, respectivamente, desde 32,8% y 4,1%.

Así, en el contexto de una mayor presión inflacionaria en los servicios que en los bienes y en medio de un cambio en los subsidios al consumo de gas, que hubiesen tenido un impacto diferencial de 0,3% en la inflación de febrero midiéndolos con la canasta nueva comparado con la vieja, el Gobierno decidió suspender la aplicación de la nueva canasta del IPC. Esto precipitó en la renuncia de su director, Marco Lavagna. El Gobierno también dijo que el Indec va a realizar una nueva encuesta. Dados los tiempos de preparación, de encuesta y de implementación, es probable que la nueva canasta recién pueda comenzar a utilizarse en 2030. Para ese entonces la mayor parte de la población nunca va a haber visto un DVD.

Esta decisión implica un gran costo y ningún beneficio. No es, por cierto, comparable con la escandalosa intervención del Indec que llevó a cabo el kirchnerismo. Desde enero de 2007 hasta octubre de 2015 se estima que la inflación verdadera acumulada fue del 705%, contra un 156,7% reportado por el Indec. En el caso actual, el retraso en la actualización de la canasta de consumo derivará en solamente un pequeño diferencial en la medición de la inflación anual. Pero no deja de ser una afronta a la confianza. Si bien el anuncio tuvo poco impacto en los mercados, va en contra del loable objetivo del Gobierno de desarrollar el mercado de capitales local. En países con historia inflacionaria, la gente busca alternativas estables de ahorro. Los argentinos usamos el dólar. Si queremos que migren a ahorrar en pesos en el sistema financiero doméstico, hay que desarrollar el mercado de activos financieros que ajustan por inflación, y esta decisión atenta contra ese objetivo porque hace caer la confianza en el indicador oficial de inflación. Luis Caputo debería saber esto más que nadie.

El golpe a la confianza ocurre también porque el anuncio se dio en medio de una escalada de la inflación. El mínimo reciente fue en mayo de 2025, con un 1,5% mensual, y desde allí fue subiendo todos los meses, superando el 2% en septiembre, terminando 2025 en 2,8% y registrando un 2,9% en el mes pasado. Queda la duda si hubiese dado por encima del 3% con la canasta nueva (como fue el caso de la inflación medida por la Ciudad de Buenos Aires, que utiliza como referencia la canasta de consumo de 2017-18 y dio 3,1%). La sospecha es que así es, porque de otra manera el Gobierno no hubiese tomado esta (mala) decisión.

Los datos de los últimos meses muestran que, contrario a lo esperado, la economía entró en una suerte de estanflación luego de las elecciones de octubre. La inflación se aceleró en aproximadamente 1% mensual, al tiempo que los datos de actividad muestran una economía estancada o con leve caída. El PBI se contrajo en octubre y en noviembre según datos del Indec, y datos parciales de actividad de diciembre y enero son, en el mejor de los casos, mixtos. La economía se mueve, además, a dos velocidades, con el sector primario expandiéndose fuertemente y el resto mostrando caídas o desempeños débiles.

Los datos del mercado laboral van en el mismo sentido. El empleo privado cayó durante todo el segundo semestre, estabilizándose solamente en diciembre, pero con caídas de los puestos asalariados privados todos los meses desde junio, una reducción de 71.364 puestos de trabajo en el segundo semestre. El salario real del sector privado asalariado cayó durante todo el cuarto trimestre y terminó en diciembre un 2,1% por debajo de diciembre de 2024. El mercado de crédito también apunta en la misma dirección. Los préstamos en pesos se contrajeron, ajustados por inflación, un 0,5% mensual en noviembre, se expandieron el 1% en diciembre pero volvieron a caer el 0,1% mensual en enero, al tiempo que los créditos en mora se triplicaron como porcentaje de la cartera total de préstamos, llegando a niveles no vistos desde la pandemia.

La política de tasas elevadas para mantener la calma cambiaria antes de las elecciones, y sus secuelas, son quizás los principales factores que permiten explicar la mala performance de la economía en meses recientes. Más difícil es entender por qué subió la inflación, cuando el tipo de cambio está estable o se apreció desde el fin de octubre y la economía está parada. Una parte la explica la suba de la carne, que pesa casi un 9% en la canasta de consumo de 2003/2004 y que aumentó en 8% mensual en promedio en los últimos cuatro meses. Otra parte es consecuencia de aumentos puntuales de precios estacionales algunos meses, como el tomate, que subió el 93% en enero. Los precios de los servicios regulados también se aceleraron luego de las elecciones.

Pero, como bien dice Cristina Kirchner, todo tiene que ver con todo, y la aceleración de la inflación, el estancamiento de la actividad y el manoseo de la estadística de inflación están relacionados.

Es que bajar la inflación de los niveles actuales a un solo digito es una tarea difícil, y el diseño de la política monetaria y la credibilidad son factores cruciales si se quiere reducir su costo en términos de actividad. Un componente adicional que quizás haya empujado la inflación para arriba es el componente inercial. En entornos con poca credibilidad y sin un ancla (como, por ejemplo, son las metas inflacionarias que utilizan la mayoría de los países), shocks de precios relativos se terminan propagando por toda la economía. Así, el impulso de algunos precios que trajo la depreciación del tipo de cambio en el segundo trimestre de 2025 y el shock en el precio de la carne quizás hayan impulsado la inflación de servicios en los meses siguientes.

Es difícil que la actual estanflación se prolongue más allá del primer trimestre. Con un tipo de cambio estable, actividad lenta y tasas altas, la inflación debería empezar a bajar. Luego del impacto de las tarifas en la inflación de febrero y del aumento de colegios y ropa en la de marzo, es muy probable que la inflación vuelva al 2% o más probablemente debajo del 2% a partir de abril. Esto, a su vez, permitiría al Banco Central (BCRA) relajar algo la política monetaria y por lo tanto dinamizar un poco la actividad.

Lo que se está discutiendo es más que nada la velocidad de la desinflación y su costo en términos de actividad y empleo. La volatilidad que mostraron las tasas de interés desde la implementación del nuevo esquema monetario en abril pasado, por ejemplo, es letal para la actividad productiva. Con esquemas institucionales y monetarios más solidos que el actual, que incluyan la independencia del BCRA y la autarquía del Indec, el proceso de desinflación podría ser más rápido y menos doloroso.

Aunque persisten las dudas, hay otros factores que también apuntan a que la actividad debería retomar dinamismo en los próximos meses. Por un lado, las compras de reservas del BCRA se aceleraron y es probable que pongan al Gobierno – a pesar de sus mismos dichos—a tiro de colocar deuda en el mercado internacional en las próximas semanas. Baja de tasas, cosecha gruesa en el segundo trimestre, aumento de exportaciones de energía y la aprobación de las metas por parte del FMI permitirán un aumento de la confianza, insumo principal para disparar una recuperación.

A esto se suma que las reformas micro siguen su curso, y acaban de dar un paso sin precedentes desde la vuelta de la democracia con la aprobación de la reforma laboral en el Senado. La votación en el Senado mostró al mismo tiempo un importante cambio de época, incluyendo la caída del poder del kirchnerismo y la izquierda dura y el apoyo popular a reformas antes impensadas, y la resiliencia de algunos intereses especiales, con la permanencia de las contribuciones obligatorias a sindicatos y asociaciones empresariales, y la resistencia a bajar el impuesto a las ganancias corporativas, entre otros. Estos intereses también se agazapan en otros rincones: el campo expresa preocupación por la próxima licitación de la Hidrovía, que implicaría un aumento de costos de 5 dólares por tonelada cargada frente a alternativas viables.

El fin de esta corta estanflación permitirá a la economía argentina crecer dos años seguidos, algo sin precedentes desde 2011. Una nueva Argentina emerge, aunque viejas mañas persisten.

Por Marcos Buscaglia

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