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Se multiplicó el peso de las tarifas de servicios públicos en el ingreso familiar
Los hogares de menores ingresos ya destinan el 22% de su presupuesto al pago de electricidad, gas, agua y transporte, cuatro veces más que al inicio del Gobierno
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La recomposición de tarifas impulsada por el Gobierno de Javier Milei modificó de manera profunda la estructura del gasto de las familias. Es uno de los principales efectos del sinceramiento de los precios relativos encarado por la gestión libertaria, que redujo subsidios y trasladó gradualmente una mayor parte del costo de la electricidad, el gas, el agua y el transporte a los usuarios. El fenómeno se da en un contexto en el que la mayoría de los argentinos afirma que no llega a fin de mes, según encuestas de opinión.
Un informe de Fundación Capital permitió dimensionar cómo cambió el peso de las tarifas sobre el presupuesto de distintos tipos de hogares. En una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, el gasto en tarifas ya representa el 22% del ingreso mensual, más de cuatro veces el 5,3% que significaba en diciembre de 2023.
En un hogar con dos jubilaciones mínimas, ese porcentaje pasó del 5,1% al 17,3%, más del triple. Para una familia con un ingreso mensual de $1,5 millones, equivalente al ingreso medio, la participación de los servicios públicos se duplicó, del 7% al 14%, mientras que en un hogar con un salario medio del sector formal casi se triplicó, al pasar del 3,8% al 10,7%.
Incluso entre los sectores de mayores ingresos, el peso de las tarifas también aumentó: una familia con ingresos por $4,5 millones destina hoy alrededor del 6% de su presupuesto, el triple que en diciembre de 2023, cuando representaba el 2%, mientras que en un hogar perteneciente al decil de mayores ingresos la participación pasó del 1,6% al 3%, casi el doble.
Con una inflación muy inferior a la de los primeros meses de la gestión, la recomposición tarifaria dejó de ser licuada por la nominalidad, mientras que la recuperación de los ingresos fue dispar entre los distintos sectores de la población. En términos prácticos, una porción cada vez mayor del presupuesto familiar queda comprometida al pago de gastos fijos, reduciendo el margen disponible para otros consumos. Es decir, el ingreso disponible —el dinero que queda luego de afrontar los gastos fijos— tarda más en recuperarse, aun cuando la inflación se desacelera y algunos salarios comienzan a recomponerse.
Ese diagnóstico coincide con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). Según ese trabajo, una familia promedio del AMBA sin subsidios necesitó en junio $282.758 para cubrir los gastos de electricidad, gas, agua y transporte, una canasta que aumentó 10,1% respecto de mayo y 54% frente al mismo mes del año pasado, muy por encima de la inflación. Ese monto ya representa el 15% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que releva la Secretaría de Trabajo. Además, desde diciembre de 2023 la canasta de servicios públicos aumentó 919%, mientras que la inflación acumuló 236%.
El informe aporta además otros dos indicadores que muestran cómo cambió el esfuerzo que realizan los hogares para afrontar los servicios públicos. Hoy un salario promedio alcanza para cubrir 6,8 canastas de servicios públicos, cuando un año atrás permitía afrontar ocho. Al mismo tiempo, las tarifas cubren en promedio el 58% del costo de esos servicios y el Estado financia el 42% restante, una proporción significativamente menor que al inicio de la gestión como consecuencia de la reducción de subsidios.
Ese traslado de costos a los usuarios tuvo como contrapartida una fuerte reducción del gasto del Estado en subsidios energéticos. Según la consultora Economía y Energía, las transferencias para sostener las tarifas de electricidad y gas pasaron de representar alrededor del 1,5% del PBI en 2023 al 1% en 2024 y al 0,5% en 2025. En términos nominales, el gasto cayó desde un equivalente a unos US$9600 millones en el último año de la administración de Alberto Fernández a cerca de US$4000 millones en 2025, lo que implica un recorte de alrededor de US$5700 millones.
El propio Gobierno reconoce que el sinceramiento tarifario tuvo costos para los hogares, aunque sostiene que era un paso necesario para ordenar la economía. En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier defendió este martes la estrategia oficial y afirmó que las tarifas deben “retornar a sus precios de mercado” para reflejar sus costos reales. Admitió que se trata de una medida “ingrata”, con “costo social y costo político”, y sostuvo que mantener los servicios por debajo de su valor implicaba sostener subsidios que, en última instancia, “alguien tenía que pagar”.
Para el funcionario, el atraso tarifario y de otros precios regulados era una de las herramientas utilizadas por el Gobierno de Alberto Fernández para contener la inflación, que de todos modos terminó por encima del 200% anual -niveles no vistos en tres décadas-. “La inflación reprimida no se veía en el IPC”, afirmó. Según explicó, la normalización de esos valores es una condición necesaria para incentivar la inversión, reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas y consolidar el equilibrio fiscal.
La recomposición tarifaria coincidió además con un fenómeno que distintas consultoras comenzaron a detectar en los últimos meses. Aunque la desaceleración de la inflación permitió una mejora parcial del salario real y del ingreso disponible en algunos segmentos, una parte creciente del presupuesto familiar continúa absorbida por los gastos fijos, limitando el margen para el consumo, especialmente entre los hogares de menores ingresos.
Una encuesta nacional de Casa Tres mostró que, a junio, el 59% de los consultados asegura que el ingreso familiar no alcanza para llegar a fin de mes, mientras que solo el 40% afirma poder cubrir sus gastos mensuales. En paralelo, también se deterioraron las expectativas: apenas uno de cada cuatro cree que su situación económica mejorará dentro de un año, mientras que cuatro de cada diez consideran que seguirá igual.
