La mora total de los argentinos se quintuplicó en 18 meses y supera el 30% fuera de los bancos

La mora total del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses y se convirtió en una de las principales señales de alerta de la economía argentina. El deterioro es todavía mayor fuera de los bancos: entre los proveedores no financieros de crédito —fintech, tarjetas no bancarias, casas de electrodomésticos, entre otros—, los atrasos mayores a tres meses alcanzaron casi un tercio del total.

La explicación más intuitiva parecía ser que las familias se habían endeudado por encima de sus posibilidades. Sin embargo, casi dos de cada tres nuevos morosos dejaron de pagar sin que sus obligaciones hubieran aumentado de manera extraordinaria, un dato que apunta a la pérdida de capacidad de pago como uno de los principales factores detrás del fenómeno.

El golpe en los hogares es directo: el pago de las deudas con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial. Al sumar los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos propios. Mientras, uno de los motores de la economía continúa con bajos niveles de dinamismo y el Gobierno reiteró que a su parecer “es un problema entre privados”, derivado del salto en las tasas de interés potenciado por las elecciones de 2025.

Los primeros datos surgen del “Monitor mensual de crédito a las familias”, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora EcoGo (que lideran Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi) y al que accedió LA NACION en exclusiva. El relevamiento tomó la información de la Central de Deudores del Banco Central y considera el financiamiento a personas físicas tanto de entidades financieras como de proveedores no financieros. Se trata de un indicador utilizado como aproximación al crédito de las familias: aunque puede incluir financiamiento destinado a actividades comerciales de monotributistas y autónomos, la mayor parte corresponde al consumo.

La cantidad de personas con algún tipo de financiamiento alcanzó en junio los 20,4 millones. De ese total, 5,3 millones —el 26,1%— registraban atrasos superiores a 90 días. En términos de montos, la mora total consolidada alcanzó al 17,5% de todo el crédito otorgado a personas físicas, al considerar conjuntamente el financiamiento bancario y el no bancario, según datos del estudio.

El deterioro desde fines de 2024 fue acelerado. En diciembre de ese año, la mora total (que incluye el crédito del sistema financiero y de proveedores no financieros) por monto representaba el 3,6% del crédito relevado; un año después había escalado al 12,6% y en junio último llegó al 17,5%. En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9. Frente a mayo, aumentó otros 0,3 puntos porcentuales, acumulando 20 meses de deterioro y, en la comparación interanual, el salto fue de 10,5 puntos.

“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, advierte Martín E. Masci, coautor del informe, profesor asociado e investigador en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

La suba de los atrasos convivió, además, con una expansión del financiamiento. Sobre el universo comparable de entidades, el stock de crédito a personas físicas creció 9,1% interanual en términos reales y registró un avance de 0,1% frente a mayo.

La principal diferencia aparece según quién haya otorgado el crédito. “El crédito no bancario concentra el deterioro”, señaló Masci. Los proveedores no financieros representan apenas el 14,1% del stock total relevado, pero registran una mora por monto del 31%, más del doble del 15,2% correspondiente al sistema financiero. La brecha también aparece al contar personas: el 29,2% de los deudores del segmento no financiero está en mora, frente al 19,2% dentro del sistema financiero.

Aunque manejan una porción relativamente menor del monto total financiado, los proveedores no financieros tienen un alcance considerable: 12,3 millones de personas registran algún crédito con este tipo de entidades, frente a 15,6 millones dentro del sistema financiero. Ambos universos se superponen, ya que una misma persona puede mantener obligaciones con prestamistas de los dos segmentos.

El deterioro se extendió a todo el país, aunque con diferencias significativas entre jurisdicciones. Según el relevamiento de la Universidad Austral y EcoGo, la mora por monto aumentó en términos interanuales en las 24 jurisdicciones, al mismo tiempo que todas registraron un crecimiento real del crédito. Es decir, durante el último año convivieron una expansión generalizada del financiamiento y un aumento de los atrasos.

La Rioja presentó en junio el mayor nivel de mora por monto del país, con el 24,5% del crédito otorgado a personas físicas, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo quedaron La Pampa (9,1%), la Ciudad de Buenos Aires (11,9%) y Entre Ríos (13,4%). La diferencia entre los extremos es significativa: la proporción de crédito en mora en La Rioja es más de dos veces y media la registrada en La Pampa.

El mapa mostró, además, que las jurisdicciones más endeudadas no son necesariamente las que presentan mayores niveles de mora. Los distritos donde el crédito tiene mayor peso en relación con el tamaño de sus economías son Tucumán, Catamarca y Formosa, mientras que ninguno de ellos encabeza el ranking de atrasos. Los mayores niveles de irregularidad, en cambio, se registraron en La Rioja, San Luis y Santa Cruz.

Una relación similar aparece al observar la velocidad de crecimiento del financiamiento. CABA y La Pampa, donde el crédito real aumentó 13,1% interanual —la mayor expansión del país—, registraron tasas de mora de 11,9% y 9,1%, respectivamente, entre las más bajas del territorio. En Neuquén, el financiamiento creció 13% y la irregularidad fue del 15,8%, también por debajo del promedio nacional. En cambio, San Luis y Santa Cruz, dos de las tres provincias con mayor mora, tuvieron aumentos reales del crédito de 8,1% y 8,3%, inferiores al 9,1% registrado a nivel nacional.

El carácter generalizado del fenómeno coincide con otro análisis elaborado por el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia. Ese trabajo encontró que los atrasos aumentaron en todo el territorio, incluso en provincias donde la actividad económica mostró una mejor evolución.

De los cuatro millones de nuevos morosos identificados entre 2024 y 2026 por el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, tres millones ya tenían préstamos dos años atrás y cumplían normalmente con sus pagos. Es decir, el 75% no ingresó recientemente al mercado: eran deudores que estaban al día y comenzaron a atrasarse.

Dentro de ese universo, un millón de personas cayó en una situación irregular pese a que su stock de deuda no aumentó en términos reales. Otras 850.000 incrementaron sus obligaciones, pero por debajo del promedio de las personas humanas, que en esos dos años fue de aproximadamente 100% real. Sumados, ambos grupos representan algo más del 60% de quienes tenían préstamos al día y luego comenzaron a incumplir: casi dos de cada tres.

En el primer grupo, la deuda promedio incluso disminuyó en valores constantes, de $1,3 millones a mediados de 2024 a cerca de $1 millón en mayo pasado. Entre las otras 850.000 personas aumentó de $1,2 millones a $1,7 millones, pero lo hizo de manera paulatina y desde antes de que aparecieran los atrasos. Para los autores, ambos comportamientos apuntan más a una pérdida de capacidad de pago —por menores ingresos reales o mayores gastos fijos— que a un incremento extraordinario del endeudamiento.

El fenómeno, de todas formas, no fue uniforme. Alrededor de 1,2 millones de personas que dejaron de cumplir con sus pagos sí más que duplicaron sus obligaciones en términos reales: su deuda promedio pasó de $3,5 millones a $7,7 millones. En estos casos, el mayor peso de las cuotas aparece como una explicación más directa del incumplimiento. El informe observó, sin embargo, que el crecimiento también fue progresivo y planteó la posibilidad de que parte de esas familias haya recurrido al financiamiento de manera “defensiva”, para sostener el consumo frente a ingresos insuficientes.

Otros estudios coinciden en que la capacidad de pago de los hogares quedó bajo presión, aunque incorporan otros factores para explicar el salto de la mora. Econviews señaló que el crédito al sector privado pasó de representar el 4,2% del PBI en abril de 2024 al 8,5% actualmente, una expansión que también permitió incorporar deudores con perfiles de mayor riesgo. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas reales y la caída del salario real elevaron el esfuerzo necesario para afrontar los compromisos.

Una medida de esa presión aparece al comparar las cuotas con los recursos disponibles. Según cálculos de Empiria sobre la base de los últimos datos oficiales, la carga del servicio de la deuda de las familias con entidades financieras llegó en abril al equivalente al 24% de la masa salarial. Al incorporar las transferencias estatales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la relación se reduce al 17%.

La presión es todavía mayor al incorporar otros compromisos: Empiria estimó que, al sumar las cuotas de las deudas y los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos propios, sin considerar las transferencias del Estado.

Un relevamiento nacional de Management & Fit, realizado entre el 20 y el 31 de julio sobre 2600 casos, mostró que el 53,6% de los consultados dijo que los ingresos familiares no alcanzaban y atravesaba algunas o grandes dificultades. Entre quienes recurrieron al endeudamiento, el 33,4% dijo haberlo hecho para comprar alimentos o cubrir gastos del mes y otro 25,9% para pagar otras deudas, refinanciar compromisos o ponerse al día. La adquisición de bienes durables quedó bastante más atrás, con el 13,7%.

Equilibra puso el foco en el papel que tuvo el crédito durante la primera etapa de la recuperación económica. Según la consultora, la expansión del financiamiento fue uno de los motores del rebote de la actividad después de la devaluación y el ajuste inicial de la gestión de Javier Milei, pero también habría permitido postergar parte del impacto de la insuficiencia de ingresos sobre los hogares.

“Pareciera que el boom de crédito escondió transitoriamente el deterioro de la hoja de balance de los agentes económicos”, afirmó la consultora. Como otra señal de que las dificultades exceden al endeudamiento financiero, también aumentaron los atrasos en compromisos habituales de las familias, como expensas, prepagas y cuotas de clubes.

En mayo, la irregularidad de los créditos familiares otorgados por entidades financieras había alcanzado el 12,8%, el nivel más alto de las últimas dos décadas. La mora llegó al 15,95% en los préstamos personales y al 13,11% en las tarjetas de crédito, mientras que fue sensiblemente menor en los préstamos con garantías reales: 7,7% en los prendarios y 1,62% en los hipotecarios. Según la consultora 1816, en junio ese total habría bajado a 12,7%.

El Banco Central, apoyado en un nivel récord de refinanciaciones, también observó una incipiente estabilización que contrasta con el diagnóstico de la Universidad Austral y EcoGo. El jueves, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM), su presidente, Santiago Bausili, afirmó que la morosidad “es un problema” que la entidad monitorea y sostuvo que la normalización será gradual. “Son procesos lentos, digestivos, una dinámica muy difícil de acelerar y corre con sus tiempos”, dijo. Y agregó: “Esperemos se confirme un punto de inflexión en junio”.

Según Bausili, el proceso de regularización puede llevar varios meses: pasar de la categoría 5, correspondiente a los mayores niveles de incumplimiento, a la categoría 1 puede demandar alrededor de nueve meses. El titular de la autoridad monetaria advirtió que la mejora será lenta y reiteró la postura oficial de que no habrá un rescate. “Seguimos viendo esto como una conversación entre privados”, sintetizó.

Por Agustín Maza

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