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La pensión por discapacidad perdió un 19% de su poder de compra desde la llegada del actual Gobierno
El deterioro ocurrió por el congelamiento del bono de $70.000, que es una parte significativa del ingreso; el tema volvió a encender debates a causa del proyecto oficial de ley de gastos que, entre otros puntos, busca modificar los requisitos para cobrar la prestación
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LA NACIONSilvia Stang
Con la llegada al Congreso del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional volvió a encenderse -esta vez, incluso puertas adentro del Gobierno- el debate sobre las políticas de la gestión de Javier Milei con foco en la discapacidad. Uno de los temas conflictivos, por la intención oficial de direccionarlo hacia una caída del número de beneficiarios con un consecuente ajuste del gasto, es la definición de quiénes pueden acceder a una pensión no contributiva por invalidez.
¿Qué pasó en los últimos años con lo cobrado por quienes tienen esa pensión? Los cálculos hechos por LA NACION arrojan que el monto total percibido en agosto pasado sirvió para comprar un 18,8% menos de lo que podía adquirirse con el importe recibido en diciembre de 2023, cuando asumió el Gobierno. Ello es así, si se considera la variación promedio de los precios medidos por el Indec para su índice general de inflación, que, claro está, puede no representar lo que ocurre con la suba de gastos en cada hogar.
El deterioro ocurrió porque, si bien desde marzo de 2024 la pensión se actualiza mensualmente por inflación, a partir de ese mismo mes el bono de refuerzo quedó congelado en $70.000.
Las prestaciones por discapacidad están alcanzadas por el mismo adicional que cobran los jubilados de la Anses que cobran el haber mínimo. El bono es una parte del ingreso que se recibe de manera continua desde septiembre de 2022, cuando fue creado como un reconocimiento de las pérdidas de valor real sufridas por las prestaciones, a causa de la insuficiencia de la fórmula de movilidad de la ley 27.609, que rigió entre 2021 y principios de 2024.
La pensión por invalidez equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo del sistema general de la Anses. Al estar definido de esa manera, su variación está atada al mecanismo de movilidad de las jubilaciones que, desde marzo de 2024, implica reajustes mensuales de porcentajes equivalentes a la inflación de dos meses atrás.
En diciembre de 2023, la pensión por invalidez pagada por la Anses fue de $73.999 y a eso se le sumó el bono, entonces de $55.000, para totalizar un ingreso de $128.999. En agosto pasado, el monto de la prestación fue de $293.843 y el refuerzo, de $70.000, con lo cual lo recibido llegó a $363.843. Así, en cantidad de pesos, el aumento fue de 182,05%. En ese período, la inflación fue superior: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló una variación de 247,5%.
Entonces, por cada $100 recibidos a fines de 2023, en agosto se cobraron $282,05. Pero, a la vez, lo que antes valía $100, en el octavo mes de este año costó $347,5 (siguiendo la inflación general). Por lo tanto, lo obtenido sirve para cubrir el 81,1% del consumo que podía cubrirse en su totalidad en el primer momento de la comparación.
Dado que la pensión no contributiva por invalidez es de un monto inferior, su peso sobre el total del ingreso es mayor al que tiene en el haber mínimo del sistema contributivo. Por eso, el congelamiento de ese refuerzo durante 30 meses produjo una pérdida del valor real del ingreso total más pronunciada. De hecho, para los jubilados del haber mínimo, la caída del poder de compra fue, entre diciembre de 2023 y agosto pasado, de 12,3%.
Al quedar como un importe fijo mientras se iba actualizando la pensión propiamente dicha, el bono fue perdiendo peso: en el inicio de la actual gestión representaba el 42,6% del ingreso total, mientras que el mes pasado la participación fue del 19,2%. En el haber mínimo del sistema contributivo, la participación del plus sobre el monto total era del 34,2% a fines de 2023, y resultó de 16,7% el mes pasado.
El proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso no modifica ni el importe de la pensión ni su movilidad. Sí se busca afectar un aspecto no menor, referido a los requisitos para acceder y mantenerse en el sistema de estos cobros. Concretamente, se busca modificar la letra de la ley 27.793 para eliminar la posibilidad de cobrar una pensión en caso de que se tenga un trabajo, ya sea bajo relación de dependencia o por cuenta propia.
La ley actual, aprobada un año atrás por impulso de la oposición y resistida por el Gobierno, dispone la compatibilidad de la prestación con el trabajo, siempre que se cumpla una condición: los ingresos no pueden ser superiores al monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este mes, eso equivale a $767.600.
Más allá de las declaraciones del Gobierno sobre las supuestas asignaciones incorrectas de estas pensiones en gobiernos anteriores, lo cierto es que el número de prestaciones pagadas actualmente no difiere fuertemente de la cantidad abonada a fines de 2023, aunque sí cayó.
Según datos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social, en junio pasado hubo 1.137.244 beneficios puestos al pago, un 6,4% menos que en diciembre de 2023. En el medio, hubo un proceso de bajas y auditorías promovidas por la gestión Milei, que derivaron en un conflicto en la Justicia, y también se abrió una causa litigiosa por presuntos hechos de corrupción vinculados con la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante el actual Gobierno.
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