La trama oculta detrás del polémico portazo de Lavagna en el Indec

Las discusiones se habían vuelto acaloradas en los últimos 15 días. No hubo caso. Marco Lavagna sintió que había perdido la pelea y este lunes, ante el asombro incluso de allegados y del equipo económico, donde no contemplaban tal decisión, renunció al Indec.

“Espero que decidan sacarlo; que mi salida ayude a eso”, les dijo a sus más cercanos sobre el nuevo IPC que debía comenzar a medir los precios desde el mes pasado. Casa Rosada batallaba con él para postergarlo porque, lo anticipó Luis Caputo, este año los aumentos de tarifas correrán arriba de la inflación. El portazo visibilizó la puja y el Gobierno, con un daño irremediable a cuestas, decidió pisar el acelerador: anunció que daba de baja la actualización del índice oficial.

Lavagna no quería volver a pagar el costo político de retrasar la salida del nuevo termómetro para medir la inflación. Quienes conocen el trabajo de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios del organismo, cuentan que el nuevo índice estaba listo desde marzo pasado. Se postergó por algunas cuestiones técnicas —ajustes en las canastas de varias provincias—, pero, sobre todo —advirtieron los malpensados—, por las elecciones legislativas. El proceso de desinflación no podía ponerse en riesgo en las urnas. Lavagna, esta vez, no estaba dispuesto a no publicarlo. Además, no podía justificarlo internamente: el Indec había oficializado la salida del nuevo IPC en el informe de inflación de septiembre pasado.

Cerca de Milei aludieron una razón técnica y otra política: sobre la primera, cuestionaron que Lavagna haya querido cambiar el IPC, una noticia que tiene casi dos años. Esgrimieron que la “clave” de los índices son los ponderadores y, agregaron, que los mismos estaban armados con precios “distorsionados”. Pusieron como ejemplo “los precios de tarifas pisadas por los kukas [en alusión al kirchnerismo]”. Caputo luego fue incluso más claro en las intenciones oficiales: en un año par, como el actual en el que no hay elecciones, las tarifas de los servicios públicos correrán por encima de la inflación. En el nuevo IPC, los servicios ganan peso entre los ponderadores y amenazan las expectativas a crearse entre los actores privados sobre el andar del proceso de desinflación.

Una de las perlitas que visibiliza lo intempestivo e inesperado –para el Gobierno– del portazo de Lavagna es que el Banco Central (BCRA), que dirige Santiago Bausili –muy cercano a Caputo– había publicado su informe trimestral de política monetaria la semana pasada diciendo que el proceso de desinflación enfrenta, en el primer trimestre de este año, “riesgos de carácter estacionales y transitorios” e incertidumbre, debido al cambio en la composición de la canasta del IPC que estaba implementando el Indec.

¿El índice de inflación de enero daba más alto y los anticipos que recibió el equipo económico no gustaron? ¿Eso precipitó la salida de Lavagna? Los técnicos del Indec siempre recomiendan hacer la comparación entre el IPC Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, que ya había actualizado ponderadores en 2021. El primero cerró el año pasado en 31,5%; el segundo, en 31,8%. ¿Una crisis por una diferencia de tres décimas porcentuales? Pero los saltos entre índices sí se verifican cuando hay grandes modificaciones en precios relativos, como las tarifas. En el Indec sí se vieron, por caso, en 2024, cuando hubo fuertes aumentos de luz, gas y transporte. Un dato no menor a tener en cuenta en el actual contexto: el Gobierno acaba de anunciar un aumento del gas de 16% para febrero.

La segunda justificación que llegó desde el círculo del Presidente fue que la inflación seguirá bajando y que el aparato comunicacional del Gobierno no quería que la oposición cuestionara que ese descenso tenía que ver con el cambio del índice. Es una posición llamativa, porque es probable que, si la inflación sigue bajando, como esperaban tanto el mercado como también el Gobierno, la salida de Lavagna y la decisión de no actualizar el IPC terminen generando fuertes dudas sobre si la desinflación sólo es posible con la no aplicación del nuevo índice, o sea, enmascarando las subas con ponderadores viejos.

Un anticipo de los ruidos oficiales con las estadísticas públicas había llegado con la decisión de Daniel Scioli de retirar el sustento financiero a la Encuesta de Turismo porque no le gustaban los resultados sobre el déficit de dólares que reflejaban los números del Indec. Scioli dijo que prefería los datos del Banco Central, que también daban un rojo, pero menor. En Casa Rosada recordaron este incidente para justificar la salida de Lavagna. “Medía mal la balanza turística”, se quejaron. Dijeron además que “venía a los tiros con Toto (Caputo) y varios más”, y agregaron que “respondía a (Sergio) Massa” y que, por eso, requerían otro perfil para la aplicación del nuevo IPC, hoy sin fecha.

Es verdad que Lavagna fue legislador del Frente Renovador y con Massa en Economía se encargó de las negociaciones internacionales. Es llamativo que, si en verdad seguía dependiendo del tigrense, el Gobierno lo haya dejado dos años a cargo de la suerte de medir la máxima bandera política del oficialismo: la exitosa baja de la inflación. Pero además, Massa fue uno de los que denunció en el Congreso Nacional –junto a la actual senadora libertaria Patricia Bullrich armaron el IPC Congreso– la manipulación de datos del Indec impuesta por Guillermo Moreno. Lavagna fue uno de los varios economistas multados por Moreno por medir la inflación de manera independiente. Lo hizo en la primera consultora privada en armar un IPC paralelo (Ecolatina).

Lavagna será reemplazado por Pedro Lines, actual director técnico. Se trata de un hombre prestigioso en el sector, pero que hasta días atrás había posteado en LinkedIn su intención de irse del Indec. ¿Por qué? Los sueldos, como los de todo empleado público, se fueron licuando. Así adelantó su jubilación también la directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a fines del año pasado. ¿Quién quedará finalmente a cargo? Adentro del Indec hablaban de la buena sintonía de Javier Milei con Ariel Coremberg. Su esposa ya trabaja hace años en Cuentas Nacionales. No fue tanteado aún.

El tiro en el pie que se da el Gobierno no es el escándalo político, ni siquiera las armas que le ofrece a la oposición kirchnerista, que buscó durante todo 2025 la asimilación -por la postergación de la salida del nuevo IPC o en los cambios en cómo se registran los ingresos que se usan para calcular la pobreza- con la falsificación de datos entre 2007 y 2015.

El golpe mortal es a un intangible de enorme valor en la economía: la confianza. En este caso agravado porque en medio aparecen las estadísticas públicas, que ya estuvieron bajo escrutinio durante casi una década en la Argentina. No hay dudas, este hecho marcará la credibilidad oficial.

“Es muy malo aceptar alegremente que el Gobierno te diga qué podés publicar y qué no”, dijeron adentro del Indec los técnicos que elaboran los datos de inflación. Será interesante ver la opinión, si es que se publica, del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no sólo asesoró técnicamente hasta 2024 al Indec para la elaboración de este IPC, sino que contempló en su staff report que a fin del año pasado se renovaría el IPC. El objetivo, dijo en agosto el organismo multilateral que dirige Kristalina Georgieva, es “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”.

La intervención política sobre el Indec, un organismo con autonomía funcional, vuelve a ser noticia en el país. “Tiene un lejano parecido”, describió con tristeza una técnica que fue desplazada por Moreno entonces sobre lo que se vive ahora. El avance sobre el organismo encargado de moldear la realidad, otra vez con la inflación como protagonista, obliga al Gobierno a ver su imagen reflejada en el peor espejo: el del desmantelamiento institucional que protagonizó el kirchnerismo, que comenzó en el Indec, pero que terminó infectando a todo el Estado argentino.

Por Francisco Jueguen

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