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Lanzan el operativo oficial contra el trabajo en negro
Un 24,64% de los empleos verificados no estaba registrado en la Anses
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Una obra clausurada por razones de seguridad y la verificación de 102 trabajadores empleados en negro fue el resultado del primer operativo del Plan Nacional de Fiscalización de la Seguridad Social, una iniciativa que busca atacar a la informalidad laboral.
"Su nombre, por favor, ¿cuándo comenzó a trabajar?", preguntaban los inspectores, que ayer salieron de cacería encabezados por el secretario de Trabajo, Gerardo Maristany, y el director ejecutivo de la Anses, Leopoldo van Caulaert.
Sin entender muy bien de qué se trataba, los empleados contestaban las preguntas de los inspectores, mientras que los más reacios eran los encargados de las obras.
El ataque sorpresa se produjo sobre tres torres del Complejo Quartier Sinclair, del barrio de Palermo, y diversos establecimientos comerciales y talleres textiles, en Flores.
En total, 65 empresas inspeccionadas, 512 trabajadores fiscalizados, de los cuales 414 fueron verificados en los registros del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Además, se encontró a 98 trabajadores sin verificación por ingreso reciente. Como resultado, esta primera inspección arrojó que el 24,64% de los trabajadores se encontraban en negro.
Operativo conjunto
El plan que se lanzó el martes último surge de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Trabajo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La idea es que a partir del cruzamiento de datos que surjan de estos operativos con los que figuran en el SIJP se pueda detectar en el mismo día la cantidad de trabajadores en negro empleados en las empresas supervisadas.
Esta vez, el operativo se lanzó a la calle con 117 agentes y personal de Migraciones y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Así, una vez que fueron tomados los datos de todos los trabajadores, los resultados se cruzan con los archivos de la AFIP y de la Anses y al cabo de unas horas se sabe cuántas personas trabajaban en situación irregular.
Objetivos
Las expectativas de los funcionarios de Trabajo, los encargados de diseñar el Plan de Fiscalización, son verificar unas 20.000 empresas, en su mayoría Pyme, que es donde se registra la mayor proporción de informalidad.
En los trabajadores, el alcance del proyecto es el de controlar a unos 260.000 empleados en todo el país.
En el caso de que se detecten trabajadores en situación de irregularidad (es decir que no se le efectúen los aportes y contribuciones previsionales), los empleadores son informados de la situación encontrada en su empresa y cuentan con un plazo de 15 días hábiles para regularizar la situación.
Encontrar la deuda
Aquel empleador que no se presente en tiempo será multado, ya que los datos irregulares son girados a la DGI, "en donde se procederá a la determinación de la totalidad de la deuda, la aplicación de la multa y la ejecución de las acciones jurídicas correspondientes", señalaron en Trabajo.
"No se trata de una tarea de inspección laboral, porque no se verificará si se cumple o no el convenio de trabajo, sino que se mirará si está dada el alta en la DGI y si se pagan las contribuciones", dijo el secretario de Trabajo, Gerardo Maristany.
Los resultados del primer operativo se encuentran dentro de las metas de productividad que se plantearon desde la cartera laboral: encontrar, al final de los primeros tres meses, un 25% de trabajadores informales sobre el total de verificados.
Un fenómeno que crece
En los últimos tiempos el trabajo en negro se ha convertido en una preocupación para el Estado. Es que el problema no es menor: cada trabajador que hoy no está incorporado formalmente en el mercado laboral será una persona que mañana estará sin cobertura social. Es decir, sin jubilación y sin un sistema de salud.
Eso significa que recaerá sobre el Estado una función social que le será imposible de cubrir, si el fenómeno sigue creciendo.
En 1998, la población económicamente activa (PEA) alcanzaba los 15 millones de personas, un 41,7% del total de la población. De la PEA, unos 13 millones estaban ocupados, de los cuales 7,2 millones lo estaban en el sector privado.
De ellos, más de la mitad, 3.664.000 personas, no estaban registradas.
