Lanzan un plan de medidas para promover el acceso y el uso de servicios financieros

En los próximos días, el Gobierno lanzará una "estrategia nacional de inclusión financiera", un conjunto de medidas tendientes a promover "el acceso y el uso de servicios del mundo de las finanzas de una manera sostenible", y "a reducir la vulnerabilidad" en la que están muchas personas y pymes. Esos dos objetivos fueron enunciados, al hablar del plan, por Gabriel Bizama, director nacional de Inclusión Financiera. El funcionario, cuya área depende del Ministerio de Hacienda, puntualizó que varias entidades participaron de un consejo para elaborar la estrategia, que involucra también al Banco Central. "En la Argentina hay 360.000 empleadores que son personas humanas y, de ellos, 90% son microempresas", señaló Alejo Macaya, gerente de Innovación Financiera de esa entidad, en referencia a un universo social que concentra grandes dificultades para el acceso a préstamos, sobre todo en un contexto de elevada inflación, altas tasas y actividad en caída.

Los funcionarios hablaron en las XIII Jornadas Anuales de Microfinanzas, organizadas por la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (Radim), una institución que en su último mapeo (en marzo) relevó 48 entidades dadoras de estos pequeños créditos (en su gran mayoría, ONG), con una cartera de 97.179 prestatarios activos y un total prestado de casi $3000 millones (un promedio, por operación, de unos $30.900).

Según los funcionarios, las metas del plan estratégico van más allá de la coyuntura. Macaya enumeró algunas medidas tomadas para flexibilizar la llegada de las entidades financieras a determinados sectores de la población. Se refirió, por caso, a la disminución del efectivo mínimo requerido (el porcentaje de los depósitos que debe inmovilizarse) cuando se le presta a mipymes; a la exclusión de esas empresas de las normas de requisitos de patrimonio, y a la posibilidad de prestar a microemprendedores informales o personas de bajos recursos por hasta una cierta cantidad de veces el salario mínimo.

Esa posibilidad fue destacada por Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, quien dijo que la entidad tenía 24 microcréditos otorgados en 2016 y que hoy suma 40.585 operaciones. De los prestatarios, 30% no están inscriptos en la AFIP. Según el economista, debe entenderse que "la formalización tiene que ser consecuencia de la bancarización y no al revés".

González Fraga afirmó que el banco estatal tiene la intención de dar créditos a instituciones de microfinanzas, que asisten con dinero, formación y acompañamiento a poblaciones que requieren préstamos más pequeños (los del Nación son, en promedio, de $220.000). El fondeo para esas entidades es uno de los desafíos del momento, según expresó María Silvia Abalo, directora ejecutiva del Radim, dado los elevados costos del dinero.

Más allá de esa problemática, el sector promueve la expansión del microcrédito a nuevas poblaciones objetivo. Un caso presentado fue el de la asociación civil Avanzar, que con recursos otorgados por la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami) presta dinero a quienes están "en riesgo de calle", según definió Marta Bekerman, presidenta de la ONG. Entre los destinatarios están quienes tienen sentencias de desalojos y expresos o condenados con pulsera electrónica.

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