Las internas en el oficialismo espantan la inversión

En medio de la incertidumbre ante los récords diarios de contagios y muertes por el coronavirus con su propagación fuera del AMBA y el clima de confrontación político-institucional que se refleja en una brecha cambiaria superior al 100%, el economista Miguel Ángel Broda acaba de aportar dos datos inquietantes sobre el impacto local de los siete meses de pandemia.

Uno que, en comparación con 55 países, el PBI de la Argentina fue de los que más cayó durante el ultra recesivo segundo trimestre (a una tasa anualizada de 50,7%) y no sólo es uno de los cuatro que menos se recupera (detrás de Perú, Chile y Filipinas), sino que a fines de 2021 se ubicaría todavía 6% por debajo del de fines de 2019.

Otro, que la inversión bruta se desplomó al 9,5% del PBI a precios corrientes, un nivel más bajo que el de la crisis de 2002 (12%) e inferior a la mitad del mejor registro de los últimos 20 años (19,5% en 2007).

Estos números revelan que, durante y después de la pandemia, la economía argentina necesitará mucha inversión privada –local y extranjera– para recuperarse, agrandar una torta per cápita que viene achicándose desde hace una década, crear empleos formales fuera del sector público, reducir la pobreza y aumentar las exportaciones para generar dólares que permitan expandir la actividad productiva.

No será el único país con esa necesidad, ya que el shock del Covid-19 golpeó con más fuerza a todos los de América Latina y a buena parte de los emergentes, donde la competencia por atraer inversiones externas está despuntando en la actual "nueva (a)normalidad" a la espera de la vacuna.

Con leyes laborales de 50 años atrás, sin plan ni rumbo económico, ni política exterior, la Argentina ya está en desventaja, al igual que por las dificultades para definir políticas de Estado a mediano y largo plazo en sectores clave.

A esto se agregan las incógnitas que plantea la negociación con el FMI en torno de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria para acordar la reprogramación de los US$44.000 millones que resultan imposibles de pagar en los próximos tres años. Héctor Torres, exdirector de la Argentina en el organismo, planteó esta semana un desafío: "Un acuerdo con el FMI puede apuntalar un plan económico. Pero acuerdos con el Fondo tuvimos muchos. Para recuperar la confianza necesitamos consensos políticos. Trabajemos sólo en lo que nos une (si no es el amor, que sea el espanto)", tuiteó.

Sin embargo, las diferencias ideológicas dentro del heterogéneo Frente de Todos, entre el parte del equipo económico y el Instituto Patria, no solo se zanjan con más intervencionismo del Estado, desconfianza en la actividad privada, mayor presión tributaria, culpas a la herencia de Macri o demonización de Rodríguez Larreta para quitarle, de un día para otro, dos puntos de coparticipación de impuestos.

De por sí, esto espanta inversiones, como también el avance del kirchnerismo sobre la división de poderes, que reedita el "vamos por todo" de CFK- La Cámpora, acentúa el deterioro institucional y anula la posibilidad de acuerdos con la oposición.

Desde el 20 de marzo, los diputados y senadores nacionales fueron convertidos en no esenciales ya que no pueden sesionar de forma presencial, que implicaría la vuelta al trabajo de los 16.000 empleados del Congreso. Entretanto, Cristina Kirchner avanzó silenciosamente con el desplazamiento de los jueces a cargo de las causas por corrupción, a la vez que su tropa militante lanzó una campaña contra el presidente de la Corte Suprema (que Leopoldo Moreau extendió a todos los miembros como preludio de un intento de ampliar su número) y descolocó a la Cancillería al apoyar a la dictadura de Maduro en Venezuela.

Con este contexto, hay que preguntarse qué empresas, locales y extranjeras, estarían dispuestas a invertir en el país, con el tembladeral normativo – intervencionista de los últimos diez meses. Un rápido repaso revela por qué la respuesta es no sabe/no contesta:

• El Gobierno arrancó con la ley de emergencias múltiples que instituyó la solidaridad compulsiva de los contribuyentes ("cazar en el zoológico", en la jerga tributaria). Duplicó la alícuota del impuesto a los Bienes Personales; creó el impuesto PAIS (de 30% para las compras de dólar ahorro/turista), que descalabró el mercado cambiario al punto de afectar las reservas del BCRA y ahora avanza con el impuesto a las Grandes Fortunas como "aporte por única vez", que equipara activos financieros con productivos y destina parte de la recaudación a fines ajenos a la emergencia por Covid.

• Luego amplió la moratoria impositiva a empresas de todo tamaño, pero incluyó cláusulas a medida de Cristóbal López, el empresario K que se apropió del impuesto a los combustibles y está procesado por fraude al Estado.

• Mantuvo el congelamiento de tarifas dispuesto en los últimos meses de la gestión de Macri, a costa de mayores subsidios a los usuarios de electricidad, gas, agua y transporte (más de US$3500 millones en lo que va de 2020).

• Hace dos meses lo extendió hasta fin de año a la telefonía móvil y fija, accesos a internet y televisión por cable, al declararlos servicios públicos esenciales como si no tuvieran competencia.

• Al arrancar la cuarentena, aplicó precios máximos –retroactivos al 6 de marzo– a 2500 productos industrializados de consumo masivo, virtualmente congelados por más de 6 meses. Este mes inició una revisión, empresa por empresa de los mayores costos (sanitarios, logísticos, impositivos, etc.). sin definición hasta ahora. Para los Precios Cuidados, en cambio, fueron autorizados esta semana ajustes del 2 al 6% según los productos.

• Esta política de inflación reprimida se refleja en la disparidad de precios por rubro. En septiembre, la canasta de alimentos y bebidas de la consultora Tomadato mostró una suba de 0,9%, pero con aumentos de 16,4% en frutas y verduras; 4,6% en panadería y 4,5% en carnicería.

• Intervino los entes reguladores del gas y la electricidad, cuyos titulares designados por concurso fueron reemplazados por técnicos del Instituto Patria. Algunas de sus propuestas fueron estatizar Edesur y anular las revisiones tarifarias aprobadas en 2017 tras 16 años de suspensión.

• Ahora acaba de anular el concurso para integrar la Autoridad Nacional de la Competencia, que Elisa Carrió denunció como una forma de desvirtuar la cartelización de la obra pública incluida en la causa judicial por los cuadernos K.

• La frustrada expropiación de Vicentin, en concurso preventivo judicial, fue la primera amenaza al derecho de propiedad, más allá de desvíos de fondos que deberán ser investigados. Pero se acentuó con las tomas organizadas de tierras (Guernica, El Bolsón, Villa Mascardi) que generaron respuestas ambiguas del Gobierno.

• La nueva ley de Economía del Conocimiento, que modificó la aprobada por amplia mayoría en junio de 2019, acaba de ser sancionada después de estar nueve meses cajoneada en el Congreso. Según KPMG, los cambios otorgan ventajas a las pymes tecnológicas, pero generan mayor carga burocrática para inscribirse, a la vez que eliminan o limitan beneficios impositivos a las empresas exportadoras.

• El Presidente se apresta a anunciar en Neuquén el Plan Gas tras cuatro meses de discusiones internas. Probablemente incluya un menor monto de subsidios que pondría en duda el objetivo de incrementar la producción para sustituir importaciones en el próximo invierno y garantizar la oferta para la generación eléctrica por cuatro años.

En los últimos días, Alberto Fernández ensayó algunos movimientos para diferenciarse - al menos gestualmente- de los usos y costumbres de CFK. La foto del gabinete económico con empresarios y sindicalistas en vísperas de la negociación con el FMI, está lejos del desafío planteado por Torres por Twitter.

Y el próximo miércoles será el primer presidente peronista de este siglo que hable como tal en el Coloquio de IDEA, que Néstor y Cristina Kirchner boicotearon sistemáticamente. Sólo el título de la 56° edición de este encuentro empresario, que este año será virtual, implica un desafío mayor: "Qué país queremos ser".

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