Las jubilaciones, en la carrera hacia 2011
Maximiliano Montenegro Para LA NACION
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El debate de las jubilaciones se instaló en la carrera para 2011. Es un tema complejo que condicionará a las próximas administraciones. Gobierno y oposición deberían abordarlo como política de Estado al margen de las disputas políticas de la coyuntura. Repasemos algunos aspectos.
Desde 2003, la política previsional de la administración K tuvo dos capítulos sobresalientes:
1) Por un lado, priorizó una redistribución al interior del sistema jubilatorio. Durante los primeros cuatro años de la gestión de Néstor Kirchner, se optó por recomponer las jubilaciones mínimas, financiando esos aumentos con el congelamiento de los haberes más altos, en particular los superiores a 1000 pesos.
En términos reales -descontado el efecto de la inflación, según el índice de precios de Buenos Aires City- durante el período 2003-2009, la jubilación mínima fue en promedio un 48% más alta en comparación con el promedio de la convertibilidad. Pero el haber medio del sistema fue 0,2% inferior, siempre en términos reales. Los haberes más altos fueron licuados por la inflación, y todavía hoy no recuperaron siquiera el poder de compra previo a la devaluación.
Se "acható la pirámide" de prestaciones, emparejando los haberes sin importar lo aportado durante los 30 años que marca la ley, lo cual se refleja en que hoy siete de cada diez jubilados cobran la mínima.
Esta situación disparó una catarata de juicios contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por liquidaciones efectuadas entre 2002 y 2006, que se agregaron a los acumulados desde principios de los noventa. En el famoso caso Badaro, la Corte Suprema dictaminó en favor de un jubilado que percibía poco más de 1000 pesos y ordenó a la Anses una suba en su haber del 88,6%, al tomar como referencia la evolución salarial durante el período.
Ola de reclamos
Más de 350.000 juicios están en curso contra la Anses solicitando un reajuste. Pero habría más de un millón de personas en condiciones de iniciar reclamos similares. La estrategia oficial fue hasta ahora el pago individual ante cada fallo judicial.
2) El segundo capítulo de la política previsional fue la "universalización". Mediante la llamada moratoria previsional, se facilitó el acceso a una jubilación a los trabajadores en edad de retiro que no sumaban los años de aportes requeridos por ley. Aunque sea urticante para quienes dentro del sistema contributivo perdieron poder adquisitivo durante estos años, fue una decisión política razonable en un país en el que desde hace ya dos décadas uno de cada tres asalariados está en negro, sin obra social ni aportes previsionales.
La Anses abona hoy 5,9 millones de jubilaciones: 3,5 millones correspondientes al sistema contributivo; y 2,4 millones de beneficios por moratoria.
A la vez, enfrenta demandas que involucran grandes sumas de dinero. Dos son las principales:
* La advertencia de la Corte Suprema para que se busque una solución colectiva a aquellos jubilados encuadrados en la doctrina Badaro, ajuste contemplado también en proyectos legislativos. Según una estimación del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que dirigen Claudio Lozano y Tomás Raffo, esta actualización supondría un costo anual para la Anses de $ 9300 millones. Sin contar el pago de retroactivos, que deberían consolidarse con bonos.
* El proyecto consensuado por bloques de la oposición para elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo: de $ 895 a 1230. Esto representaría otros $ 22.000 millones, incluidos los jubilados por moratoria.
Los dos dictámenes que avanzan en sendas comisiones del Senado y Diputados proponen tanto el 82% de la jubilación mínima como generalizar el ajuste Badaro. Así, en un planteo de máxima, el costo global rondaría $ 31.000 millones anuales, cálculo en el que coinciden el ministro Boudou y el diputado Lozano.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -integrado por los fondos de los afiliados a las ex AFJP- que hoy administra la Anses asciende a $ 149.286 millones (último dato: abril 2010). Pero el 61% está colocado en títulos públicos; el 12%, en acciones, y casi el 8%, en créditos a proyectos productivos y obras de infraestructura, entre otros activos.
Todas inversiones imposibles de liquidar en el mercado, en el corto plazo, sin asumir una enorme pérdida de capital o provocar un terremoto financiero local. Tal vez parte de los $ 11.500 millones en plazos fijos podrían cancelarse sin dificultades -los bancos gozan de una gran liquidez- para pagar una "suma fija" por única vez, aunque no alcanzarían para costear un aumento permanente de haberes.
En 2010, la Anses mostraría un superávit de casi $ 15.000 millones, computando la renta del Fondo de Garantía. Pero la mayor parte del excedente (un piso de $ 8500 millones) se destinará a solventar la asignación universal por hijo. Y el resto se colocará en títulos públicos para cubrir necesidades de financiamiento del Tesoro.
Reformulación
Es evidente que cualquier proyecto para mejorar, en mayor o en menor medida, los ingresos del sector pasivo sólo sería viable con una reformulación de recaudación y gastos en el Presupuesto. Entre las alternativas se cuenta una reforma impositiva (como ser, eliminando exenciones al impuesto a las ganancias); reestructurar el gasto público (por caso, $ 14.000 millones de subsidios en energía y transporte se destinan a abaratar consumos de los sectores medios/altos), o restituir parcialmente aportes patronales, cuya rebaja desfinanció el sistema previsional en los noventa.
El Sistema Previsional Argentino (SIPA) hoy cuenta con 8,5 millones de aportantes y paga 5,8 millones de beneficios; una relación inferior a 1,5 activos por cada jubilado. Mientras que siete millones de trabajadores (asalariados y cuentapropistas) no realizan aporte alguno.
De persistir semejantes niveles de empleo en negro la relación empeorará. Es probable que el próximo Gobierno se vea obligado a reabrir la moratoria para brindar una prestación mínima a una nueva y nutrida camada de trabajadores informales en edad de retiro.
Sólo una drástica reducción del trabajo informal, en un contexto de crecimiento del empleo, garantizará en el futuro la sustentabilidad del sistema previsional.
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