Le falta un imán al blanqueo laboral

Un blanqueo laboral a partir del cual el Estado retome las riendas del control del mundo del trabajo implicaría un beneficio multisectorial. A los empleadores que ya cumplen los llevaría a pagar menos al sumarse más aportantes; a las empresas que no registran correctamente a los trabajadores los llevaría a blanquear con la eliminación de los riesgos de juicios; a los trabajadores no registrados les permitiría entrar en el sistema; al Estado lo habilitaría a bajar las cargas pero cobrando más dinero con un peso mejor distribuido. Y ayudaría a la sociedad en conjunto a tener cargas más equitativas.

Pero el círculo virtuoso sólo cierra si el blanqueo se genera en ciertas condiciones: a) se condonan las deudas; b) se bajan sustancialmente los porcentajes de cargas y c) se controla de aquí en más y se castiga al que queda fuera del sistema. Estas condiciones son esenciales. Si no se dan, más tarde o más temprano la medida podría ocasionar simpatía a priori, pero no lograría su objetivo. La última de las tres condiciones no puede determinarse de antemano, porque dependerá del órgano de aplicación. Pero los otros dos elementos quedan definidos por la enunciación de la misma ley.

Del proyecto oficial parecería surgir una correcta condonación de deuda que alentaría al empresario a estar a derecho. Sin embargo, no existe un incentivo suficiente para el que debe tomar la decisión de registrar lo que no tiene registrado. Si ofrecemos al empresario que tiene un trabajador mal registrado, que lo registre correctamente, debemos partir de suponer que este empresario entiende que el beneficio de tenerlo en negro es superior al eventual costo de un reclamo. Por eso, sólo lo blanqueará si evita cualquier riesgo de reclamo a futuro, pero además lo hará, en general, sólo si sus costos no se mantienen en valores similares a los que lo llevaron a tomar la decisión de tener a su empleado no registrado.

Salvo que, como se especuló con el blanqueo de capitales, el empresario tenga cierta certeza de que el Estado será luego implacable en la persecución del trabajo en negro, algo que hoy no parece estar instalado. De aquí en adelante no se baja sensiblemente el costo de las cargas. Y además, se modifica la ley que le producía temor al empresario que estaba en falta, ya que las multas monstruosas que podía reclamar el trabajador por estar en negro o mal registrado se cambiarían por multas mucho más lógicas, que recaudarían dinero no ya para el trabajador, sino para el Estado (lo que desincentiva el reclamo del trabajador). Así, la nueva situación le ofrece mucho menos riesgo al empresario en falta. Y la tentación de blanquear al trabajador pagando casi lo mismo que pagaba cuando decidió ponerlo en negro o bajo un régimen no legal no resulta tan vistosa.