Los bancos denuncian que la presión impositiva limita cualquier recuperación del crédito

Los bancos denunciaron hoy que uno de los principales factores que impide la recuperación del crédito en el país es una estructura impositiva que ha ido creciendo en los últimos años y castiga a los individuos o empresas que buscan financiamiento en el sistema financiero local.

“La decisión de financiarse con créditos está castigada por una alta carga impositiva. Si una empresa toma un crédito con una tasa de interés del 40% anual, terminará pagando un Costo Financiero Total (CFT) del 52% por un plus de 12 puntos porcentuales que aportan los impuestos”, explican en un documento difundido hoy por las dos mayores cámaras (Adeba y ABA) representativas del sector, para dejar en claro el lastre que la voracidad fiscal significa para la demanda de préstamos, en un país que tiene el menor apalancamiento crediticio de la región (apenas 10% en relación al PBI) y en el que las últimas medidas oficiales sólo impulsan que financien al Estado Nacional.

Hay que recordar que hoy el sector público, entre lo que absorbe el Banco Central (BCRA) para mantener pesos esterilizados y la creciente exposición que van tomando a la deuda gubernamental (en especial tras la norma que los impulsó a cambiar Leliqs por bonos y Letras del Tesoro), se queda con casi el 75% de los pesos que están depositados y bajo administración del sistema bancario. Es decir, sólo un cuarto del potencial mostrador de créditos está liberado a la demanda privada; claro que, en la mayoría de los casos, ni a costos ni a plazos que se adecúen a ella.

A esto apunta el pronunciamiento del sector: a marcar que cualquier recuperación del crédito estará condicionada por el creciente lastre impositivo. El informe, por caso, apunta que la situación es aún peor para los créditos al consumo. “Para el tomador que no tiene posibilidad de descargar el IVA, partiendo de la misma tasa, el CFT es de 57% y 17 puntos porcentuales son por impuestos. Esta fuerte carga adicional se da tanto en créditos de corto plazo como los préstamos personales y también en los de mayor plazo como hipotecarios, impactando, como se dijo, en las familias y las empresas”, destacan.

Los datos están incluidos en un informe sobre la incidencia de los impuestos sobre el crédito, que tanto la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA, que agrupa a la banca de capital extranjero) como la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA, referencia para la banca privada de capital nacional) le encomendaron a Fundación Mediterránea (FM). El trabajo, denominado “Impacto de los impuestos sobre el costo del financiamiento en Argentina”, busca contribuir al debate de temas relevantes que permitan encontrar las mejores opciones para el impulso de la economía y la generación de empleo privado.

“Creemos que es fundamental establecer políticas que permitan tanto a las personas como a las empresas pequeñas, medianas y grandes acceder al financiamiento, como lo hacen en el resto de la región y que éste sea el motor de la recuperación económica. Para crecer en ahorro necesitamos políticas que fortalezcan nuestra moneda y, para crecer en crédito y en Inversión, es necesario que la política elimine las distorsiones que generan el sobrecosto argentino que no le permite a la actividad económica ser competitiva”, aseguró Claudio Cesario, presidente de ABA.

“El crédito bancario es el instrumento idóneo para potenciar la recuperación económica y generación del empleo los próximos años; el sistema financiero está en condiciones de ser uno de los puntales del crecimiento y la inclusión financiera. Pero para hacerlo requiere políticas consistentes con esos objetivos, entre ellas un esquema tributario, en todos los niveles de gobierno, que aliente el crédito a personas y empresas”, agregó Javier Bolzico, presidente de ADEBA.

Los datos fueron recogidos tras un relevamiento completo de distintas plazas del país y analiza la situación impositiva en los tres niveles de gobierno (Nación, provincias, municipios), y muestran que los impuestos que afectan indirectamente al costo del crédito “explican entre el 10% y 18% del CFT de un crédito personal o hipotecario que no sea para vivienda única”.

Los préstamos en pesos al sector privado están estancados tras el impulso inicial que tuvieron al imponerse en marzo de 2020 las restricciones por la pandemia. El stock total concedido era de $3.190.822 millones a final de julio, según los datos oficiales, monto que implicaba un aumento del 34,7% (+ $822.376 millones) respecto del nivel que tenían hace un año atrás, pero una contracción de casi 17 puntos en términos reales, tomando en cuenta la inflación del período.

El trabajo de Fundación Mediterránea recuerda que el costo del financiamiento es uno de los determinantes de la inversión, que, a su vez, es uno de los factores principales que influyen sobre el crecimiento económico. “Por ende, cualquier factor exógeno u originado en la política económica que conduzca a un aumento en el costo del crédito, afectará negativamente las posibilidades de crecimiento económico”, apuntan.

Es allí cuando señalan que en la Argentina uno de los factores que ha incidido sobre el encarecimiento del crédito ha sido la suba en la presión tributaria en los últimos años, especialmente en lo que respecta a tributos provinciales y municipales, cuyas alícuotas se han incrementado prácticamente sin pausas desde el año 2009.

En el caso de los créditos personales y créditos hipotecarios (cuando no se trata de vivienda única), a la tasa de interés anual (precio base del préstamo) se incorporan los tributos que aumentan directamente el costo financiero total (CFT) tales como IVA, impuesto a los débitos y créditos bancarios (IDCB), entre los federales; sellos (IS) e ingresos brutos (IIBB), entre los provinciales y tasas municipales por inspección de seguridad e higiene (TISH) o hasta cartelería o tenencia de cajeros automáticos. “De esta manera, si una persona paga una cuota de un préstamo personal que incluye $1000 de intereses, en realidad estará pagando $440 de impuestos y $560 de tasa de interés pura (neta de todo impuesto que grava la transacción financiera y a las entidades financieras)”, ejemplifican.

El informe señala que las alícuotas legales aplicadas en ingresos brutos (y sus adicionales) por las cinco jurisdicciones más pobladas sobre los ingresos de las entidades financieras van desde 7% en Mendoza y Santa Fe, hasta 9% en Buenos Aires y Córdoba, resultando de 8% en CABA. “Dichas alícuotas de II.BB. sobre el sector financiero han aumentado en forma prácticamente permanente desde 2009 en adelante, salvo en 2019 y 2020 cuando rigió la ley de Consenso Federal, hasta alcanzar una alícuota promedio del 8% en 2021 (cinco jurisdicciones más pobladas), más del doble que lo observado en el período 2005-2008 (3,8%)”.

Y apunta que en el caso de los municipios ha ocurrido algo similar, “con una suba progresiva en las alícuotas de la TISH hasta alcanzar un promedio de 4,8% sobre los ingresos bancarios en el año 2021, para 12 municipios importantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”.

Aba y Adeba remarcan que muchos de estos tributos quedan “ocultos” en las tasas de interés, de modo que no son percibidos como causantes del aumento del costo financiero por parte de los tomadores de préstamos: “Pero claramente impactan sobre las tasas de interés activas y luego sobre el crecimiento económico”, añaden.

“Un problema adicional verificado primero en provincias y luego en municipios, es que paulatinamente ambos niveles de gobierno pasaron de grabar el spread bancario a aplicar sobre los ingresos totales de las entidades crediticias (generalmente sin ajustar proporcionalmente las alícuotas aplicadas). Así, creció la carga legal en el tiempo y este año, con crecientes regulaciones de tasas de interés, la suma de las alícuotas de II.BB. y TISH (aplicadas “por dentro”) supera al spread promedio de los bancos”, explican.

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