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Los desafíos pendientes
Hasta ahora, el problema clave de la economía argentina era la fuerte volatilidad de los ciclos macroeconómicos, producto de crisis recurrentes. Hoy, con un prudente manejo macro y superávits gemelos (fiscal y externo), la dramática volatilidad parecería haberse superado. Pero ello no quiere decir que el país no enfrente grandes desafíos para poder crecer sostenidamente. Hay dos: corregir la creciente intervención estatal en la determinación de precios sectoriales (que genera fuertes distorsiones microeconómicas), y evitar el deterioro de la institucionalidad.
Este creciente intervencionismo, que produce incentivos perversos al estimular la demanda y desestimular la oferta, es en buena parte resultado de la estrategia del Gobierno que, desde el inicio de su gestión, procuró impulsar al máximo el gasto interno.
Esta estrategia, si bien al comienzo dio buenos resultados, luego, cuando se fue reduciendo la capacidad ociosa de la economía, generó presiones inflacionarias.
Como el Gobierno no está dispuesto a adoptar políticas de moderación de la demanda local (que naturalmente hubieran reducido la inflación), para evitar que la inflación deteriorara el poder adquisitivo de los asalariados, se recurrió a una amplia e intrincada trama de controles de precios, regulaciones de tarifas, subsidios, retenciones y restricciones a la exportación, que terminaron produciendo fuertes distorsiones de precios, afectando la eficiente asignación de recursos. Con la agravante de que en una economía con inflexibilidad de precios a la baja, las distorsiones de precios relativos se corrigen con aumentos de precios nominales (o sea, con más inflación).
Los acuerdos de precios, que tienen como fin mantener congelados los precios de aquellos rubros que más pesan en el IPC, han generado fuertes distorsiones de precios relativos.
En efecto, en los últimos 12 meses, los precios sujetos a acuerdos subieron 8,2%, mientras que los libres aumentaron mucho más, un 14,2%. Este transitorio abaratamiento de los bienes y servicios sujetos a acuerdos tiende a estimular el gasto en ellos y a desestimular la expansión de su oferta, y frena inversiones previstas no sólo en los sectores involucrados sino en todos aquellos que eventualmente puedan caer dentro de los acuerdos de precios.
El caso más notorio de los controles es el de los precios de los servicios públicos privatizados, que están básicamente congelados en pesos desde fines de 2001.
Así, mientras que desde entonces el IPC subió el 82,7%, el conjunto de tarifas públicas reguladas por el Estado aumentó el 34% en promedio (claramente, un aumento muy inferior al que presentaron los costos, reflejados en la suba del 178,5% de precios mayoristas). Esto implica una distorsión (atraso) en relación con el IPC de 26,5%, la cual además se ha venido acentuando (al rezagarse otro 6,7% anualizado en lo que va de este año).
Es decir que para corregir este precio relativo, el conjunto de precios regulados tendría que aumentar en promedio un 36 por ciento.
En particular, el atraso del precio de la electricidad residencial (que subió sólo el 18,5% desde diciembre de 2001) es del 35% en relación con el IPC, y del 36,5% respecto de la electricidad a nivel mayorista. Semejante distorsión estimula el consumo de electricidad minorista y desestimula las inversiones necesarias para ampliar la potencia instalada.
Otro tanto ocurre con las tarifas del transporte público (colectivos, subtes, trenes), que subieron apenas el 12,9% en promedio desde fines de 2001 (cuando los salarios del sector privado formal aumentaron el 104% en ese lapso) y acumularon un atraso con respecto al IPC del 38 por ciento.
El caso emblemático es el del gas. El precio del gas que reciben los productores promedia US$ 1,15/1,20 el millón de BTU y presenta una fuerte segmentación: a) el gas residencial está congelado en $ 1,20 desde diciembre de 2001, o sea, cuesta alrededor de US$ 0,39; b) el destinado a GNC promedia US$ 1,05; c) el gas que abastece al mercado eléctrico está sujeto a un sendero de ajuste que lo ubicaría en US$ 1,54 en diciembre de 2006; d) el gas para la industria tiene precio libre y cuesta alrededor de US$ 1,70; y finalmente, el gas para la exportación a Chile y Uruguay, se ubica en torno a US$ 1,50 (antes de las retenciones), con creciente violación de contratos.
Con estas distorsiones, el cuadro energético es desesperante: la producción de gas está estancada y las reservas disminuyen debido a la falta de condiciones para la inversión y exploración (nadie sabe cuál será el marco normativo una vez que venzan las concesiones en 2014/16).
Ante esto, el Estado argentino teme que se genere una crisis, con lo cual acordó desesperadamente con Bolivia un precio de US$ 5 hasta fines de 2006 (más de cuatro veces el promedio doméstico), y se diferencia de Brasil, que puso fuertes reparos al ajuste de precio del gas.
Ligado al control de precios, está el esquema de subsidios fiscales. Este esquema también está destinado a evitar subas de precios en rubros clave.
En 2006, el monto total de los subsidios rondaría por lo menos $ 3500 millones. Las transferencias a los propietarios de colectivos serían de $ 1200 millones, y al servicio de trenes $ 600 millones. El subsidio para la compra de fueloil sería de $ 950 millones. Lo llamativo aquí es que se está subsidiando este combustible (sustituto del gas) para producir electricidad, pero con un costo cuatro veces mayor. Además, está el subsidio a los peajes de $ 50 millones destinado básicamente a pagar la suba de sueldos a camioneros.
Además de las distorsiones mencionadas, se generan otras tantas al utilizar los instrumentos de comercio exterior (prohibición de exportar carnes, retenciones a los productos lácteos, agrícolas y al petróleo) con el fin de mantener bajos los precios internos. Estas medidas terminan por desestimular las exportaciones y subsidiar el consumo interno.
Esta fuerte intervención estatal en la economía que requiere otorgar numerosos subsidios y la necesidad de manejar una creciente caja fiscal con fines políticos, son razones por las cuales el Gobierno procura la delegación de facultades del poder Legislativo al Ejecutivo, debilitando la división de poderes y el marco institucional.
Esta "nueva" Argentina, de distorsiones múltiples, termina desestimulando la inversión y la competencia, que son las bases del progreso. La experiencia de países en desarrollo (pobres) como China, India, Rusia y de Africa -que crecen mucho más que los países desarrollados (ricos)- es clara en señalar la importancia de contar con incentivos correctos para estimular la productividad, la innovación y la inversión.
El ejemplo de estos países debería servir de advertencia para rectificar los horrores microeconómicos y el primitivismo institucional en los que está incurriendo el Gobierno.
El próximo domingo: el columnista invitado Roberto Cachanosky.
