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Los despachos oficiales, lejos de la economía real
Muchos empresarios, así como muchísimos más trabajadores en relación de dependencia, autónomos y cuentapropistas paralizados por el shock económico del Covid-19, se sienten como si debieran tramitar un certificado de incendio antes de llamar a los bomberos. Desde que dispuso la cuarentena obligatoria, hace 43 días, el Gobierno anunció sucesivos auxilios para unos y otros; pero el problema es el tiempo que esas medidas oficiales de emergencia tardan en llegar a sus destinatarios.
El "Estado presente", tantas veces autorreivindicado en estas semanas, suele ser excesivamente burocrático, impuntual y poco eficaz. A este lastre se suma el desconocimiento y/o mala praxis de algunos funcionarios, cuyos errores o demoras afectan directa o indirectamente a millones de personas.
El despido de Alejandro Vanoli de la Anses fue una suerte de confesión de parte en relevo de prueba, dirían los abogados. No solo había sido responsable (junto con el presidente del BCRA y el titular del gremio bancario) del caótico "viernes negro" con miles de jubilados agolpados frente a los bancos para cobrar en ventanilla aunque pusieran en riesgo su salud. Por si no fuera suficiente, Vanoli tampoco acertó con su cálculo del universo de personas que, sin salir a la calle, podrían percibir en abril los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para empleadas domésticas, trabajadores en negro, independientes y monotributistas de las dos categorías más bajas. Frente a su estimación inicial de 3,6 millones de presentaciones, el organismo debió aprobar casi 7,8 millones (más del doble) y ahora el Gobierno prevé agregar algo más de un millón que habían sido denegadas.
Como consecuencia -pese a que el IFE había sido anunciado el 23 de marzo- casi ningún beneficiario sin otra asignación pudo cobrar el bono el mes pasado. Los monotributistas con cuenta bancaria deberán esperar a la semana del 6 al 13 de mayo, según el número de documento. Y quienes no tienen CBU (en su mayoría cuentapropistas sin ingresos) recién quedarían habilitados entre el 4 de junio y el 1° de julio, cuando probablemente ya estaría vigente un segundo pago.
Este grosero error de cálculo resulta inexplicable si se tiene en cuenta que un informe de la AFIP reveló días atrás que 75% de los monotributistas y 71% de los trabajadores autónomos registraron caídas de ingresos y ventas tras la cuarentena, principalmente en las categorías más bajas. Se trata de nada menos que 5 millones de personas, que representan el 26% del empleo total.
La AFIP iniciará pasado mañana -hasta el 29 de mayo- la inscripción en su sitio web para incluir a este segmento laboral en los créditos a tasa cero previstos en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). El monto dependerá de las categorías, con un máximo de $150.000 desembolsables en tres cuotas (con 6 meses de gracia y cancelación en 12), que se destinará exclusivamente a compras y no podrá extraerse en efectivo. Para diferenciarse de la Anses, el organismo promete que estarán disponibles 48 horas después de ser solicitados, en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta de crédito de cada contribuyente. Pero, como contrapartida, estarán sujetos a varios requisitos (menor facturación interanual, no ser proveedor del Estado, no tener ingresos en relación de dependencia, etcétera) y a la inhabilitación para comprar dólares hasta la cancelación del préstamo.
Las exigencias son mayores en otro auxilio del ATP como el "salario complementario" (SC) a cargo del Estado, que abarca a empleadores y trabajadores en relación de dependencia afectados por la emergencia sanitaria, con un tope de $33.750 mensuales -equivalente a dos salarios mínimos- según el sueldo neto. En este caso, las medidas siguieron una secuencia que, según algunos especialistas, es: anuncio-normas- reglamentación-cambios.
El programa fue anunciado el 1° de abril, pero reglamentado 22 días más tarde por el Comité Evaluador, integrado por tres ministerios y la AFIP, que introdujo varias modificaciones en el esquema original, aunque mantuvo la exigencia de que la facturación nominal entre el 12 de marzo y el 12 de abril fuera inferior a la del mismo lapso del año anterior, con lo cual apunta mayormente a industrias y comercios que debieron cerrar sus puertas. Por un lado, el SC reemplazó al Repro (de hasta $10.000 mensuales) y fue extendido a más rubros y a empresas de hasta 800 empleados (inicialmente era de 100). Por otro, fijó como requisitos que no podrán distribuir utilidades; ni recomprar sus acciones; ni operar con dólar bolsa o contado con liquidación; ni transferir fondos a sujetos con domicilio o radicación en paraísos fiscales. Además, este programa libera del secreto fiscal a la AFIP y al representante legal ante el organismo de cada empresa beneficiaria, con el riesgo de que información sensible podría circular entre los ministerios de Desarrollo Productivo, Economía y Trabajo, que integran el comité.
Para completar el cuadro, el organismo recaudador no comunicó los cambios a todos los domicilios electrónicos de los empleadores y fijó un plazo de pocos días para que se inscriban e incluyan el CBU de cada empleado para depositar el SC, algo que no es sencillo de cumplir por empresas inactivas y con trabajo administrativo a distancia. Luego dejó trascender que las empresas demoraban la carga de esa información y podrían perder el beneficio.
No es el único cuestionamiento que recibió la AFIP en estas semanas. Desde que rige la cuarentena, tampoco flexibilizó los vencimientos de rutina (IVA, anticipos de Ganancias y Bienes Personales, aportes de autónomos) y, en caso de demora, aplica el interés resarcitorio de 3% mensual. Por su parte, la UIA se quejó por la demora en la devolución del crédito fiscal a favor de los contribuyentes, que, en el caso del reintegro del IVA a exportadores, se ubica entre 8 y 12 meses. Otro tanto ocurre a nivel provincial con los saldos a favor de Ingresos Brutos. Solo ayer el BCRA comunicó que las transferencias de la Anses por IFE, SC y Asignación Universal por Hijo no estarán alcanzadas por este impuesto ni sus retenciones bancarias.
El tributarista César Litvin compiló una lista de 19 países que prorrogaron fechas de vencimientos tributarios desde la pandemia, donde obviamente no figura la Argentina pero sí Brasil, Chile y Uruguay.
Mientras tanto, en el Congreso sobrevuela el fantasma del impuesto sobre grandes fortunas (aún sin mínimo definido ni apoyo del Ministerio de Economía) con alícuotas progresivas de 2% a 3,5%, que al superponerse con el aumento en Bienes Personales resultaría confiscatorio y desalentaría toda inversión poscrisis. Como contrapartida, un grupo de senadores de la oposición encabezado por Ricardo Basualdo impulsa un "aporte patriótico" de 2,5% sobre patrimonios superiores a $200 millones, no retroactivo y por única vez, para ser destinado a inversiones obligatorias en el sector privado (construcción o compra de inmuebles, automotores, obligaciones negociables, aportes a sociedades locales, etc.). Todo en medio de la cuenta regresiva del canje de la deuda pública bajo legislación extranjera.
