Los industriales le reclamaron al Banco Central que modifique el cepo para evitar cuellos de botella en el sistema productivo

Las autoridades del Banco Central (BCRA) dieron comienzo hoy a una nueva ronda de reuniones con representantes de distintos sectores productivos para conversar sobre las condiciones de acceso al mercado oficial de cambios para empresas que importan insumos, tras la oleada de quejas que se desató luego de que esa entidad prohibiera temporalmente el pago anticipado de este tipo de compras al exterior y dispusiera ajustes al control de la demanda de divisas (Comunicación “A” 7376 de hace 13 días), obligando a bancos y operadores cambiarios a informar anticipadamente toda aquella operación de compra que supere los US$10.000 contra el límite superior a los US$50.000 que había regido en el último año.

Los contactos, que repiten los llevados adelante luego de las fuertes ampliaciones al cepo dispuestas a mediados de septiembre del año pasado, se iniciaron con la visita realizada ayer por el presidente y vice del Banco Central, Miguel Pesce y Sergio Woyecheszen, a la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde fueron recibidos por el titular de esa entidad, Daniel Funes de Rioja, quien estuvo acompañado por seis de los vicepresidentes y el director ejecutivo, y economista jefe, Diego Coatz.

El encuentro sirvió para que los industriales detallen los inconvenientes que los reiterados ajustes al cepo cambiario le generan a la operatoria financiera, de comercio exterior y, finalmente, productiva de muchas empresas; y para que los funcionarios planteen la situación que los llevó a disponer nuevos ajustes al sistema de administración de divisas, que calificaron de “temporales” y relacionaron con la situación de un mercado más demandante por cuestiones electorales, algo que se produce en momentos en que la oferta estructural de divisas “tiende a menguar” por algunos meses.

Los mayores problemas a la operatoria surgieron al pasar a habilitar el BCRA la compra de divisas destinadas al pago sólo una vez se haya producido el “despacho a plaza”. Ese cambio, y la sucesión de feriados, generó la condiciones para que la entidad no sólo deje de perder reservas por intervenciones sobre el mercado de contado, sino además pase a comprar un total acumulado algo mayor a los US$800 millones en las nueve ruedas posteriores a su puesta en práctica. La contrapartida fueron menos importaciones, con un impacto negativo en la actividad que ahora se busca acotar.

Al respecto, los industriales explicaron que, más allá de las maniobras que puedan realizar algunos empresarios para asegurarse un stock de insumos, temerosos de toparse en adelante con un dólar más caro, el problema radica en la generalidad de la medida. “En la situación actual del país, con el crédito internacional cortado y el riesgo argentino por las nubes, a muchas empresas los vendedores le exigen una cancelación anticipada de lo importado. Es una imposición que nos excede”, explicaron, y pidieron un régimen que contemple el caso de las mercaderías ya despachadas hacia el país o excluya de la prohibición a los bienes de capital.

Miguel Pesce, por su parte, ratificó que el compromiso del Gobierno es “priorizar el uso de las divisas para sostener el proceso de recuperación económica” e insistió en “la necesidad de pegar un salto exportador para superar las restricciones en la balanza de pagos”, pasando por alto que hay sectores donde las propias disposiciones oficiales lo impiden, ya que se disponen cupos o se bloquean ventas al exterior, como sucedió con la carne.

“En la medida que las empresas mantengan las prácticas comerciales habituales vamos a seguir en el camino de remover regulaciones, como las dispuestas para favorecer inversiones destinadas a generar exportaciones o la libre disponibilidad de divisas de entre 5% y 15% del incremento de las exportaciones”, apuntó, pícaro, reforzando la idea de imposiciones circunstanciales.

Los anfitriones insistieron entonces en la necesidad de contar con mecanismos que “dosifiquen o eviten el impacto de las restricciones en los procesos productivos”, a la vez que pidieron que se avance en el análisis de la problemática que enfrentan “las diferentes cadenas de valor”.

Al final, las partes acordaron la conformación de una “mesa de trabajo conjunta para resolver los temas vinculados a exportaciones e inversiones”, es decir, algo muy parecido a lo que habían acordado hace un año ante circunstancias similares. Y los industriales quedaron en acercarle al BCRA la semana próxima un “informe detallado” de los principales “cuellos de botella” que generó la nueva normativa.

La cita, que ambas partes describieron a LA NACION como “productiva”, sirvió además para que los empresarios vuelvan a reclamar líneas de financiamiento para el sector productivo, que favorezcan la inversión, y los funcionarios se refieran a incentivos para “canalizar el ahorro hacia la actividad productiva” básicamente por vía del mercado local de capitales.

La ronda de contactos de las autoridades del BCRA con cámaras representantes del sector productivo seguirá en los próximos días con reuniones con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la entidad que agrupa a los fabricantes de la industria de autopartes (AFC) y la Cámara de Empresarios Nacionales (ENAC).