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Los riesgos del “vale todo” para llegar a las PASO
La política económica del gobierno del Frente de Todos –si así pudiera llamársela– se va asemejando cada vez más al monstruo impredecible e inmanejable de Frankenstein surgido de la célebre ficción inglesa del siglo XIX.
Todo vale con tal de llegar sin un salto devaluatorio hasta las PASO dentro de poco más de cinco meses. Pero la actual mezcla de dosis de dogmatismo y pragmatismo incompatibles para cumplir ese objetivo –autoimpuesto por el kirchnerismo–, crean un cuadro de imprevisibilidad que aumenta la confusión y el riesgo de mayor conflictividad económica, gremial, social y de gobernabilidad a lo largo de la campaña electoral.
La inflación superior al 100% interanual no muestra indicios de desaceleración, sino todo lo contrario. En los próximos meses, agravará el nivel de pobreza cercano al 40% con que cerró 2022, ya que las canastas básicas vienen subiendo por encima del índice de precios al consumidor. La reapertura de paritarias puede ser un paliativo para los asalariados formales pero, con índices inflacionarios de 6/7% mensual o más, los ajustes salariales fraccionados están condenados a correrlos por detrás y perder poder adquisitivo entre su devengamiento y percepción. Peor es la perspectiva para los trabajadores informales – la mitad de la fuerza laboral– que, sin paritarias, aguinaldo, obra social ni aportes previsionales, ven deteriorar sus ingresos reales: en la segunda mitad del último año cayeron 3,5% respecto de la primera, según un informe del CEPA, de orientación kirchnerista.
Otro tanto ocurrió con la asignación por hijo (-9,7%); la tarjeta Alimentar (-10%) y las jubilaciones mínimas (-5%). Más dramático aún es el 54,3% de pobreza en chicos de hasta 14 años, que se suman a una generación que en muchos casos no vio trabajar a sus padres, asistidos por planes sociales.
En este escenario, resulta ilusorio suponer que no surjan conflictos a contramano del relato oficial de menor desigualdad y mayor equidad distributiva. Sobre todo, cuando la inflación de marzo –que se difundirá dentro de 13 días– habría cerrado por encima del 6,6% de febrero (podría superar 7%) y las perspectivas para este mes no son más alentadoras.
Como botón de muestra, el ticket de la canasta fija de 30 productos consumo masivo que monitorea esta columna en la misma sucursal de una cadena líder de supermercados, pasó de $26.500 en febrero a $29.510 en marzo, con una suba de 10,5% y de 95% en los últimos doce meses (ascendía a $15.011 en marzo de 2022). Aunque hubo 8 rubros sin cambios, los mayores aumentos se registraron en productos frescos como pata-muslo de pollo (51%); carnes rojas (de 5 a 25%, tras las fuertes alzas de febrero); quesos (de 15 a 20%) y berenjenas (13%).
En los últimos 12 meses, a su vez, se duplicaron, triplicaron o cuadruplicaron los precios de 16 de los 30 productos, encabezados por papas (333%); azúcar (255%); carne picada (233%); gaseosa de primera marca (212%); leche para bebés (166%); queso en barra (129%); café (139%); bananas (114%) y jamón cocido (112%).
Por fuera de esta reducida canasta y de las cadenas de supermercados, en marzo hubo también incrementos en colectivos (6%) y trenes del AMBA (29%); subtes (38%); colegios privados con subsidio estatal (16,8%); prepagas (7,6%); telecomunicaciones ( de 3,5 a 17%, desde mitad de mes); AySA (15 a 20%); combustibles (3,8% promedio) y cigarrillos (16%). Además, en los últimos días se verificaron precios minoristas exorbitantes en lechuga ($2500 el kilo); duraznos y ciruelas ($1000/1200) o naranjas ($600). Con esta dinámica, el programa de “precios justos”, así como sus canastas de carnes, frutas y verduras que no se caracterizan precisamente por su calidad, pasan a ser otro intento fallido para frenar la inflación mensual y ponerle un número 4 por delante, como pretendía hasta no hace mucho el ministro Sergio Massa. Por lo pronto, el primer trimestre cerraría con 21% acumulado.
En abril ya se hace sentir la duplicación de precios con respecto a 2022 en los consumos tradicionales de Semana Santa (huevos de Pascua entre $2000 y 3000; filet de merluza a $2500 el kilo; salmón rosado a $10.000). A éstos se suman subas en electricidad y probablemente en gas; ajustes en transportes del AMBA (indexados hasta junio); colegios privados (3,3%); prepagas (2,4%) y personal de casas particulares (14%), a la vez que la nueva postergación–hasta julio– de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos hace suponer un próximo ajuste en naftas y gasoil.
Mientras, el horizonte se reduce a cada día y va reconfigurándose según las cambiantes declaraciones de los funcionarios, ante la incertidumbre cambiaria provocada por la sangría de reservas del Banco Central (US$3000 millones en lo que va del año); el impacto de la sequía en la reducción del superávit comercial; la caída de recaudación por retenciones y la abultada emisión de pesos para financiar el déficit fiscal y cuasifiscal.
El secretario José Ignacio de Mendiguren afirmó esta semana que el Gobierno “hará lo imposible” para evitar una devaluación, cuando existen 16 diferentes tipos de cambio que implican cotizaciones “a medida”, en muchos casos transitorias. Obviamente, trató de desalentar las expectativas de un salto cambiario como el aplicado a comienzos de 2014 por Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega (17,6%) para corregir parte del atraso acumulado entonces. Pero desde Washington, en medio de la negociación –con apoyo de los EE.UU.–para flexibilizar la meta de reservas con el FMI y a la espera del desembolso de US$5300 millones para pagarle al organismo, el propio Massa anticipó otro paquete de medidas cambiarias de corto plazo a partir del próximo lunes, mientras el dólar CCL volvía a superar los $402 y la brecha con el oficial se ampliaba a 93%, pese a la anunciada venta de bonos de la deuda en dólares en manos de la Anses y otros entes estatales. Ayer trepó a $407,2.
El nuevo “dólar agro” incluye otra edición del “dólar soja” (la tercera en ocho meses) por 30 días para adelantar liquidaciones y reponer reservas en el BCRA. Como en las anteriores, implicarán mayor emisión de pesos y menor disponibilidad en los próximos meses. Ante la menor cosecha, obligará a importar poroto desde Paraguay y –por primera vez– desde Brasil, para abastecer a la industria procesadora y exportadora de harina y aceite de soja. Hay quienes no descartan que se aplique a trigo y maíz. Para las economías regionales (vinos, arroz, maní) tendrá 90 días de vigencia.
También Massa anunció la unificación de tipos de cambio para turismo y viajes al exterior que, previsiblemente, se alinearán con el más alto (dólar Qatar, que cerró a $432,5 con impuestos y retenciones a cuenta).
La figura de un monstruo inmanejable también se hace presente para los importadores, que hasta fin de año no podrán computar percepciones aduaneras a cuenta de IVA y Ganancias, sino que verán extendidos los plazos de permisos del SIRA y SIRE para acceder a pagos por el tipo de cambio oficial. Todo cuando, según el Indec, existen casi US$262.000 millones fuera del circuito económico atesorados por argentinos en cajas de seguridad, colchones y otros escondrijos caseros debido a la falta de confianza.
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