Luz, transporte y alquileres: los aumentos que llegan en febrero

Febrero comienza con fuertes aumentos, entre movimientos estacionales y decisiones ejecutadas por el gobierno de Javier Milei. Entre los rubros que registrarán mayores subas se encuentran aquellos que durante la gestión anterior estuvieron congelados o controlados, como las tarifas de servicios públicos (luz y transporte), las prepagas, los combustibles y los alquileres.

Si bien el mes comienza con una disputa judicial que impide al Gobierno de modificar los valores tarifarios del transporte público, el Ministerio de Economía apuesta a disminuir el gasto en subsidios, con aumentos en los boletos en el AMBA.

Lo que tiene previsto el Gobierno es que el valor de la tarifa mínima de colectivo, que hoy ronda los $76 en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pase a costar $270, lo cual implicaría un incremento del 255%. Lo mismo ocurre con el valor del boleto de tren, que hoy se paga alrededor de $63 y podría pasar a valer $130 -es decir, el doble- para los trayectos de menor distancia.

El aumento será mayor para aquellos usuarios que no tengan la SUBE registrada, donde el incremento del boleto de colectivo sería del 465%. Por otro lado, el valor de la tarifa del subte pasaría de $15 a $125, según lo anunciado por el Gobierno.

El pasado 26 de enero tuvo lugar la primera audiencia pública para definir los aumentos de electricidad de los usuarios de Edenor y Edesur a partir del consumo de febrero. En esta, las distribuidoras pidieron para el mes de febrero una recomposición que implica una suba del 89% para la mayoría de los usuarios, además de ajustes mensuales indexados a la inflación.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer expositor y enfatizó en la necesidad de recomponer el valor de las tarifas, al indicar que cubren solo el 45% del costo de generación eléctrica y, en el AMBA, el 30% del de distribución. Si bien no se especificaron porcentajes, desde la secretaría de Energía esperan que los usuarios paguen “el valor completo de la tarifa”.

Esto se da luego de que Rodríguez Chirillo anunciara que, en el trimestre comprendido entre febrero y abril, se realizará una quita del 100% de los subsidios - alrededor del 33% por mes - en concordancia con lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 13 de diciembre.

Si bien estaba previsto también un incremento de las tarifas de gas, desde el Palacio de Hacienda dejaron trascender que se postergará la decisión para marzo, para avanzar primero con la suba de las facturas de electricidad, que aumentarán significativamente por la recomposición del precio estacional. Se espera la publicación de los cuadros tarifarios para conocer las subas definitivas.

Aquellos inquilinos que tengan un contrato firmado cerrado con la ley anterior verán un incremento del 147% en el valor mensual. Este aumento sólo es válido para los contratos celebrados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023.

Esto se debe a que la última modificación a la Ley de Alquileres, en octubre de 2023, introdujo ajustes semestrales basados en el Índice de Casa Propia. Por otro lado, los aumentos para aquellos que hayan firmado contratos tras la derogación de la Ley de Alquileres, se aplicarán según el acuerdo específico establecido entre las partes teniendo en cuenta el índice de ajuste y su periodicidad.

Tras la liberación de precios de los planes de salud publicados en el DNU, los primeros dos meses del año registraron subas cercanas al 75% en este rubro. Esto se da a partir de un aumento de entre el 25% y 30% para febrero, tras el 40% aplicado en enero.

Sin embargo, la Justicia podría hacer peligrar estos aumentos a partir de dos fallos de la Justicia de San Martín, que dio lugar a dos cautelares presentadas de forma individual por parte de dos afiliados. En estas presentaciones, los usuarios alegaban que no podían hacer frente a estos aumentos. La justificación del tribunal fue la inconstitucionalidad del DNU desregulador de Milei que derogaba la intermediación del Estado en la aprobación de los aumentos.

A partir del mes próximo, algunas universidades privadas serán casi un 25% más caras. Así lo informaron a sus alumnos durante los últimos días del mes. La Universidad Torcuato di Tella notificó a sus estudiantes a fines de 2023 que, durante este año, se realizarán “ajustes mensuales” en vez de trimestrales en el valor del arancel. De este modo, para el mes de febrero habrá un aumento del 25,5% en la cuota.

La Universidad de San Andrés adoptó una decisión similar, tras aumentar un 19% en enero y anunciar que el arancel de febrero llegará con un 25,5% de aumento para los alumnos de las carreras de grado y del 27% para los de posgrado.

La Universidad Austral también notificó a sus estudiantes tanto de grado como de posgrado, que para el segundo mes del año percibirán un incremento del 15% en la cuota tras un aumento del 35% durante el mes anterior.

Luego de retirar el capítulo fiscal de la discusión de la ley Ómnibus, desde el Ministerio de Economía comenzaron a analizar cómo sustituirán alguno de esos rubros para alcanzar el equilibrio fiscal. En ese camino, Luis Caputo se reunió este martes con el secretario de Energía para definir cuánto aumentará el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que estaba congelado desde junio de 2021.

Por la prórroga del congelamiento, se estima que el Estado dejó de percibir unos US$5000 millones en los últimos años. El objetivo de Economía es que lo recaudado en concepto de ICL permita recortar hasta 0,5 puntos del PBI del déficit fiscal.

De este modo, el valor del litro de nafta podría aumentar entre el 8% y el 11%" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">podría aumentar entre el 8% y el 11% a partir de este jueves, pero podría haber incluso un incremento extra por el alza en los costos de las empresas del sector. “Eso daría un aumento en naftas de aproximadamente $82 por litro y de $60 en gasoil, que equivale a una suba promedio de 8%”, dijo la economista Patricia Charvay. Al cierre de esta nota, el Gobierno no había definido el incremento del ICL.

Tras la derogación en noviembre del decreto 690/2020 que regulaba las tarifas de estos servicios, distintas empresas de telecomunicaciones notificaron a sus usuarios que impondrán subas cercanas al 15% para el mes de febrero.

Se trata de un rubro que se mantuvo prácticamente congelado durante la gestión anterior y que, tras la derogación del decreto promulgado por el expresidente Alberto Fernández, registró subas del 5% en diciembre y del 14% en enero.

A partir de la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial el 26 de enero, el Gobierno derogó un decreto presidencial de 1993. Este obligaba a las instituciones a informar a los padres en septiembre u octubre de cada año (según si tienen o no subvención), cuál sería la cuota del año siguiente, además de limitar los aumentos del año siguiente al 50% del aumento de costos que surgiera de las paritarias docentes.

A su vez, las escuelas privadas ya no tendrán que informar a la Secretaría de Comercio de la Nación cada vez que efectúen aumentos, lo cual permite a cada institución ajustar la cuota de forma discrecional. El interrogante surge a partir del incremento que podría registrarse con el inicio del ciclo lectivo. Es que, para ese mes, ya hay pautado un incremento cercano al 30% para los colegios con aporte estatal. Sin embargo, con la nueva medida, prevalece la incertidumbre respecto a si ese podría ser tan solo un piso.

Si bien aún no hubo ninguna comunicación oficial respecto del aumento de los haberes del servicio doméstico, se espera una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para rever la actualización de estas cifras.

Los aumentos para el personal se encuentran congelados desde diciembre, cuando el incremento fue del 10%, el cual estableció la hora de trabajo en torno a los $1500. Con ese porcentaje, en el año el salario del trabajo doméstico acumuló un 154% de aumento, contra una inflación del 211,4% en el período.

Por Juan Cruz Nieva

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