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Más de 9 millones no hacen aportes para su jubilación
Equivale al 65 por ciento de los 14,3 millones de personas en condiciones de trabajar
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LA NACIONSilvia Stang
Desempleo, pobreza, informalidad y falta de incentivos en una sociedad que ya ni confía en que un banco le devuelva su depósito a corto plazo o en que el Estado cumpla obligaciones básicas son las principales causas que explican la crítica situación del régimen jubilatorio en la Argentina. Las cifras son elocuentes: unos 9,3 millones de personas en condiciones de trabajar no están haciendo los aportes al sistema de la seguridad social. La cifra equivale al 65% de 14.306.000 personas que, según proyecciones del Ministerio de Economía basadas en datos del Indec de mayo pasado, están en el mercado laboral en todo el país.
Ese índice mejora -pero no demasiado- si se quita de la cifra de la población activa a los 3.038.000 desempleados: en tal caso, se estima que existen aportes correspondientes al 44% de quienes tienen una ocupación.
Según un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Secretaría de Hacienda, sobre datos de la AFIP, en el primer semestre del año hubo un promedio mensual de 3.947.000 aportantes, entre dependientes y autónomos, al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. A la cifra habría que sumarle un millón de personas que aportan a regímenes provinciales o cajas de profesionales y que están incluidas en las cifras del mercado laboral.
Del total de aportantes, 659.000 están en el subsistema de reparto y 3.116.000, en las AFJP. De acuerdo con el último Panorama de la Seguridad Social de la cartera laboral, los inscriptos en cada uno de esos regímenes son 2.234.223 y 9.331.696, respectivamente. Sin embargo, esos datos no están depurados con la debida eliminación de los ya jubilados, los desocupados o los fallecidos, por lo cual es difícil establecer una relación directa entre los inscriptos y los aportantes, y sí sería válido observar la relación entre los aportantes y las personas activas, que deberían ser los jubilados del futuro.
Desde el Gobierno admiten que esa relación es efectivamente muy baja y aseguran que se intentará trabajar para mejorar los índices, a la vez que se discutirá qué debe hacer el Estado con quienes inevitablemente queden al margen del derecho a los beneficios previsionales.
Eje de una reforma
"Estamos convocando a una comisión de expertos para discutir una reforma y la única condición es que el nuevo diseño sirva para extender la cobertura", explicó a LA NACION el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand.
Para el funcionario, el sistema previsional debería adaptarse a la flexibilización que tuvo el régimen laboral en los últimos años. "Tenemos un sistema demasiado rígido y sobre eso hay que trabajar", apuntó. Y puso como ejemplo el caso de los productores rurales, en los que el patrón podría pagar los aportes no en forma mensual, sino según el ritmo de sus cosechas. Eso se discutirá en una comisión de trabajo agrario no permanente, que se constituyó ayer.
Para el ex secretario de Seguridad Social Santiago de Estrada, el problema de la baja tasa de aporte tiene tres vertientes: los autónomos, los que trabajan en negro y los desocupados. En el caso de los independientes, el experto cree necesaria una reforma, ya que el aportante percibe que "sólo el 20% de lo que paga va a su cuenta de capitalización". De hecho, los autónomos hacen por sí solos el aporte que, en el caso de un dependiente, está compartido entre el descuento salarial y la contribución patronal. Y este segundo componente siempre va a las arcas fiscales, aun cuando se eligió una AFJP. "El Estado debería resignar una parte de lo que recibe de los autónomos", para generar un incentivo.
Contundente, el economista de FIEL Juan Luis Bour apuntó contra las fallas de diseño del régimen y las constantes amenazas de reformas -que incluyen eliminación de beneficios-, que quitan motivaciones a los aportantes. Y agregó que es un error mirar el régimen jubilatorio en forma aislada, sino que se debe observar la seguridad social en su conjunto.
"Para una persona joven, soltera, con un nivel de ingresos medio o medio alto, que no recibe asignaciones familiares y puede pagar su cobertura médica, el aporte que debe hacer para recibir una pensión en 30 años le resulta demasiado alto", evaluó. Más aún cuando cree que sus ahorros pueden estar seguros en otro lugar, algo que percibieron los afiliados a las AFJP tras el efecto de la pesificación de los activos que estaban en dólares.
Bour también señaló como problemas la falta de control de los pagos y las constantes moratorias.
Sin desdeñar la importancia de quienes no tienen motivaciones para pagar, hoy parecen ser muchos más los que no pueden hacerlo por falta de recursos. Y en ese sentido, se plantea el debate de los beneficiarios del plan de jefes y jefas de hogar.
"Yo propuse que a esas personas, que van a ser unos dos millones, se les descuente algo, aunque sea $ 10, y se les computen aportes, porque el día de mañana el Estado va a tener que cargar con ellas", opinó De Estrada.
Para Bour, el funcionamiento ideal del plan sería generar que, en todo cuando se pueda, los $ 150 sean un complemento de un sueldo con aportes que paguen empleadores privados, para que la gente pueda correrse del sistema del subsidio al del empleo genuino. "Sólo transitoriamente se puede tener planes que no contribuyan", sostuvo.
Las personas que no se recuperen para el sistema previsional generarán el dilema respecto de si el Estado debe pagarles o no un subsidio cuando cumplan la edad jubilatoria. "Habría que pensar en algún monto básico", reflexionó Conte Grand, quien admitió que, si bien será necesario, el beneficio debería fijarse de tal forma que no sea otro desincentivo para aportar.
