México lanza un golpe contra Slim, Azcárraga y Salinas Pliego

Juan Montes
Anthony Harrup
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12 de marzo de 2013  

CIUDAD DE MÉXICO—La capacidad monopólica de algunos de los empresarios más poderosos de México, incluyendo al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, fue directamente atacada por un conjunto de nuevas medidas que apuntan a abrir a la competencia los sectores de telecomunicaciones y televisión.

Los planes anunciados el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto tienen como blanco principal a América Móvil SAB, el gigante telefónico de Slim, y Grupo Televisa SAB, la principal empresa de televisión de México. Cada una controla 70% de sus respectivos mercados.

La propuesta contempla la formación de una nueva agencia reguladora de las telecomunicaciones que tendrá facultades para ordenar la venta de activos por parte de empresas que dominan mercados particulares y limitar la capacidad de las empresas para empantanar a la competencia a través del uso infinito de recursos judiciales.

"La competencia genera procesos de inversión en innovación, fomentando así el dinamismo económico y social de las naciones", dijo Peña Nieto en un discurso en el que comparó la apertura de las telecomunicaciones a la batalla contra el analfabetismo y la construcción de carreteras. Las reformas, dijo el mandatario, "representan desafíos para las empresas del sector, pero abren nuevas oportunidades".

Carlos Slim ha controlado desde hace tiempo las cuentas telefónicas de los mexicanos. América Móvil domina 70% de los 100 millones de abonados del país a la telefonía móvil. Su compañía de telefonía fija, Telmex, controla más de 70% de las líneas telefónicas mexicanas.

Televisa, mientras tanto, es la mayor empresa de televisión del país y controla casi 70% del mercado comercial.

Tiene tres filiales de televisión por cable, así como el servicio de televisión satelital más grande del país. La compañía es controlada por Emilio Azcárraga Jean.

Las nuevas reglas también afectarán a la segunda empresa de televisión del país, TV Azteca SAB, controlada por Ricardo Salinas Pliego, otro multimillonario mexicano.

El gobierno quiere promover la creación de dos nuevas cadenas de televisión digital abierta así como de una corporación de televisión gubernamental sin fines de lucro que transmitiría a nivel nacional una amplia gama de contenido, incluyendo programación educativa y cultural.

Televisa difundió el lunes un comunicado diciendo que le daba la "bienvenida a la iniciativa constitucional presentada, que fomenta la competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones".

TV Azteca no emitió comentarios y un vocero de Slim en Telmex no se pronunció sobre el tema.

El nuevo organismo regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, remplazaría a la agencia actual del sector, Cofetel.

"Esto va a cambiar de manera muy rápida la realidad del mercado y va a aumentar la competencia en el país", manifestó José Luis Peralta, comisionado de Cofetel. "Se le está dotando de fuerza al nuevo órgano, se le está dando muchísimo diente", agregó.

Cabe aclarar que el establecimiento de un nuevo entorno competitivo a partir de cero podría ser difícil para México, donde empresas afianzadas tienen fuertes lazos con los consumidores. Televisa produce una buena cantidad de la programación más popular del país, desde noticieros a las telenovelas, lo que dificulta que nuevas empresas capten la atención de los televidentes.

En el caso de los servicios de telefonía, incluso una poderosa nueva empresa, como Vodafone Group PLC o Verizon Communications Inc., tendría que invertir miles de millones en México para luego tener que competir con América Móvil en precios, dicen analistas.

Slim, Azcárraga y Salinas Pliego han mantenido durante años un alto perfil en el panorama mexicano, lo que hace que el desafío impuesto por Peña Nieto sea aún más notable.

La propuesta hace un llamado a que tribunales especiales diriman disputas regulatorias y prohíbe que las empresas bloqueen decisiones de las autoridades a través de artificios judiciales.

También elimina la restricción a la propiedad por parte de extranjeros en servicios de telecomunicaciones de línea fija.

Además, el gobierno formará una red estatal de telecomunicaciones, para apoyar su política de expandir el acceso a Internet a 70% de los hogares y 85% de las empresas en el país.

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