Congelamiento de precios: amplían la canasta a 1650 productos y crece el malestar en las empresas

La Secretaría de Comercio Interior decidió redoblar la apuesta en la disputa que mantiene con las empresas fabricantes de alimentos y anunció una ampliación del congelamiento de precios, de los 1247 productos originales a cerca de 1650. Tras el encuentro, el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, ratificó que los precios serán retroactivos al 1° de octubre y que no se aceptarán los aumentos que había autorizado Paula Español justo antes de ser removida del cargo. Y advirtió a las empresarios que si no se llega a un acuerdo “vamos a sacar una resolución como la de Precios Máximos” (que el año pasado congeló todos los productos que se venden en los supermercados).

A cambio de esta ampliación, las empresas se llevaron la posibilidad de presentar su propia lista de artículos y no tener que limitarse a la canasta que les había impuesto la Secretaría, aunque la decisión final estará a cargo del equipo que preside Feletti.

La lista consolidada de 1650 productos estará integrado por las 650 artículos que hoy integran la canasta de Precios Cuidados, los 70 de Súper Cerca (una suerte de Precios Cuidados para los almacenes y los autoservicios chinos que había lanzado Paula Español) más otro listado de más 900 que serán aportados por las grandes empresas proveedoras. En la reunión que acaba de terminar en la Secretaría de Comercio se fijó que las empresas tendrán plazo hasta mañana al mediodía para elevar su propuesta de productos a ser congelados, aunque en principio hoy a la noche la propia cartera enviará a cada empresa un listado de “productos sugeridos”.

Tras la reunión, Feletti aseguró que se abrió un compás de espera de 12 horas y se mostró abierto a aceptar cambios que sean sugeridos por las empresas. “Las empresas plantearon que puede haber algún producto que les lesiona la rentabilidad y estamos dispuestos a verlo, pero no hay mucho más tiempo: sobre todo por la aceleración de precios que vimos en la primera quincena de octubre”, señaló el funcionario.

La nueva canasta tendrá sus precios congelados hasta el 7 de enero de 2022 y representa la principal apuesta de Feletti para intentar poner un freno a la inflación, que cerró septiembre con una suba del 3,5 por ciento.

Malestar empresario

El encuentro duro un poco más de una hora y se inició con 20 minutos de retraso, por la demorada llegada de Feletti. Si bien la reunión mantuvo el tono respetuoso que caracteriza al nuevo secretario de Comercio, fuentes empresarias dejaron en claro su malestar.

“Se disfraza de acuerdo voluntario algo que en realidad nos quieren imponer. Y lo peor es que de fondo está la idea de que las empresas somos las culpables de la inflación. La verdad es que estamos retrocediendo varios casilleros en relación con lo que habíamos logrado con la anterior gestión”, aseguró a LA NACION un empresario que participó del encuentro.

Durante el encuentro un empresario le preguntó qué iba a pasar con los aumentos de precios que había autorizado la anterior secretaria de Comercio, Paula Español, antes de ser removida. La respuesta de Feletti fue ratificar que el congelamiento de precios será retroactivo al 1° de octubre. “Es muy cínico porque están desconociendo un aumento que el propio Gobierno había autorizado por escrito”, señaló otro empresario.

Sin margen para negociar

Durante todo el fin de semana, el propio Feletti se encargó de dejar en claro que las empresas no tenían otra alternativa que alcanzar un acuerdo si no querían que se aplicara la ley de abastecimiento.

La primera versión de la ley de abastecimiento se sancionó en 1974 durante el gobierno de Isabel Perón. El punto más controversial era el que le entregaba a las autoridades nacionales la facultad de pedir a un juez la “detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta 48 horas, cuando sea necesario para el esclarecimiento de la infracción”, así como fijar precios máximos o márgenes de utilidad.

En 2014, se sancionó una nueva ley que eliminaba algunas de las disposiciones más polémicas, como las penas privativas de la libertad, al mismo tiempo que incorporaba un régimen con importantes herramientas con las que el Gobierno podría intervenir con fuerza en la economía y en el comercio.