Controles de precios. Para las empresas volvió el "modelo Guillermo Moreno"

Con una propuesta que recuerda a Guillermo Moreno pero con mejores modales, el Gobierno dejó en claro que para contener a la inflación apostará a los controles de precios y a las sanciones contra las empresas. La decisión de la Secretaría de Comercio Interior de imputar a once compañías líderes en la producción de alimentos "por generar desabastecimiento" fue tomada en el sector empresario como una muestra de que, más allá de las declaraciones más contemplativas del ministro Martín Guzmán, el Gobierno ya eligió a las compañías como las "culpables" de los aumentos de precios.

A través de un comunicado, la Secretaría que preside Paula Español informó la imputación contra las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian (controlada por Grupo Diarco) por "retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización".

Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las empresas habrían incumplido la intimación a "incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda", establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo del año 2020 y el plan de Precios Máximos.

"Es un expediente de oficio que se inicia cuando se registra una irregularidad en la entrega de un producto. Ahora comenzó un trámite administrativo en el que las empresas imputadas tienen que hacer su descargo y una vez que tengamos las respuestas, se verá si corresponde archivar la causa o si se les impone una multa", explicó a LA NACION una fuente de la Secretaría de Comercio.

Sorpresa y preocupación

En las empresas imputadas la decisión de avanzar con estas causas fue recibida con una mezcla de sorpresa y preocupación. "La semana pasada recibimos una inspección, nos pidieron unos precios y los presentamos. A partir de ahí no tuvimos contacto", explicaron en una de las empresas.

"Más allá de que todavía no fuimos notificados legalmente, la noticia es un baldazo de agua fría que no ayuda precisamente al clima de negocios. Con este tipo de decisiones, pareciera que el Gobierno buscara fundirte lo antes posible, porque por un lado te congela los precios de venta y por otro te exige que incrementes tu producción", explicaron en otra compañía.

Las imputaciones no son las mismas para todas las empresas. A algunas las acusan de reducir la producción de algunos productos, como en el caso de aderezos (Unilever), quesos crema y postres (Danone), tapas de empanadas y pan lactal (Fargo), pañales y detergentes (Procter), arroz y harinas (Molinos), y aceites (Aceitera General de Deheza y Bunge).

Otras compañías, en cambio, fueron imputadas por no aportar información detallada sobre sus niveles de producción, como Molinos Cañuelas, Mastellone, Paladini y la distribuidora de golosinas Potigian.

La decisión de imputar a las empresas de alimentos se conoce una semana después del encuentro de empresarios con el ministro Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Para desalentar las teorías conspirativas -que buscan vincular la ausencia de algunos líderes empresarios y la decisión del Gobierno de avanzar con las imputaciones- no hay que perder de vista que uno de los dos faltazos más importantes lo protagonizó Luis Pagani, el presidente de Arcor. Y, pese a esta ausencia, su empresa quedó afuera (al menos por ahora) de las investigaciones por desabastecimiento.

Malas perspectivas

Más allá de las motivaciones, los antecedentes de este tipo de acciones para controlar los precios no permiten ser muy optimistas.

"El Gobierno trata de manejar en simultáneo precios y cantidades, un sinsentido económico. Como los tres chiflados arreglando cañerías, van corriendo detrás de los problemas que sus propios errores generan, innovando con medidas que nacen obsoletas y contraproducentes", explicó Luciano Cohan, socio de la consultora Seido.

Por su parte, Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, también se mostró escéptico de los alcances de este tipo de medidas. "Los controles deben ser parte de un plan más amplio y en el que el tipo de cambio va a tener un papel. Si el Gobierno logra mantener un dólar tranquilo, la inflación puede mantenerse en torno al 35% con que cerró el año pasado. En cambio, si el dólar sigue subiendo, puede llegar a ubicarse por encima del 50%, sin importar mucho lo que pase con los Precios Máximos y los controles oficiales", aseguró.