Irán a la Justicia: el Gobierno sancionó a empresas y cámaras molineras

En medio de las tensiones que acumula el Gobierno y la industria molinera por el aumento de los precios de la harina, el Ejecutivo sancionó a la firma Molinos Cañuelas y a tres cámaras del sector molinero por “conductas anticompetitivas” que se remontan del año 2017. En total, las cuatro entidades deberán abonar poco más de unos $445 millones, aunque desde el sector afirmaron que acudirán a la Justicia.

De acuerdo a la resolución 332 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada hoy en el Boletín Oficial, Molinos Cañuelas deberá enfrentar una multa por $150 millones; la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), por $150 millones; la Cámara de Industriales Molineros por $93.974.602 y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (Apymimra) por $51.131.995. El pago deberá hacerse dentro de los primeros diez días hábiles de recibida la notificación, es decir, 21 de abril.

“Decláranse responsables a la firma Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A., a la Federación Argentina de la Industria Molinera, a la Cámara de Industriales Molineros y a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina por ejecutar una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, con afectación al interés económico general”, acusó el artículo dos de la resolución.

El comunicado oficial lleva la firma del secretario Roberto Feletti, en momentos donde el Gobierno y la industria molinera vienen acumulando tensiones por el aumento de los precios. Días atrás, el funcionario aseveró que el sector “estrangulaba el abastecimiento de harina” y vinculó la supuesta especulación en los valores de la materia prima con quienes “quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a las rutas a exhibir el lujo”.

Qué dice la denuncia

La acusación se remonta al 4 de abril de 2018, cuando la firma Impulsar Simple Asociación presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una denuncia contra las empresas y entidades multadas.

En el texto oficial se describe que en 2015, en el marco de la ‘Fiesta de la Harina’ que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y “por lo menos 107 empresas” sellaron el ‘Acuerdo General de la Libre Competencia en el Sector Molinero’. Eso creó un “cartel institucionalizado”, coordinado y auditado por la FAIM, con el objetivo de “sostener los precios con poder de policía y sanción”.

“Dicha práctica colusiva se llevó a cabo para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, dirigido a limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional”, acusó la Secretaría de Comercio.

La respuesta del sector: a la Justicia

Tras conocerse la noticia, desde la industria molinera le respondieron al Gobierno. En un comunicado, la Federación Argentina de la Industria Molinera rechazó “expresa y energéticamente” la resolución, por medio de la cual se condenó a la entidad a abonar una multa “exorbitante e infundada”.

“Ello en virtud de que dicha resolución es groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió. Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, dijeron.

En el mismo sentido apuntó la Cámara de Industriales Molineros, quienes manifestaron su “sorpresa y desconcierto” por la medida del Ejecutivo. Al respecto, sostuvieron que las acusaciones se dijeron “sin consideración de los razonamientos y las pruebas aportadas”.

“La sanción recae sobre FAIM, la industria molinera en general, y en Molinos Cañuelas en particular, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que Molinas Cañuelas no tiene por si sola la facultad de decisión (más de 70 molinos con un régimen de voto individual en la comisión directiva), al igual que sorprendió que la resolución se dictó luego de más de 7 años en donde se aportaron todas las pruebas que fundamentan nuestra posición”, argumentó la compañía.

En los tres casos los implicados aseguraron que recurrirán a “todas las instancias judiciales” con el fin de revertir la decisión de la Secretaría de Comercio. Para la Cámara de Industriales Molineros, es una acción necesaria para “el resguardo de la supervivencia de nuestra institución y en cumplimiento del deber de defender los intereses del sector”.

“Nos entristece pensar que desde la Secretaría se busque demonizar a este sector para distraer a la sociedad de su inhabilidad para resolver la escalada de precios. Debido a ello, reiteramos lo que ya venimos informando a la sociedad. La harina tiene una incidencia marginal en el precio del pan, y es por eso, que iniciativas como el Fondo del Trigo, que buscan intervenir el mercado, son ineficaces y a los molinos pyme nos ponen en alto riesgo. Es claro que cuando no se pueden resolver los problemas propios, surge la tendencia de ponerlos en cabeza de terceros”, cerró Apymimra.