La constructora José Cartellone pidió la apertura del concurso preventivo de acreedores

MENDOZA.- Otra empresa histórica de la provincia cuyana está en serios problemas financieros. Luego de que Impsa fuera rescatada semanas atrás por el Estado nacional y local, ahora se conoce el complicado presente de la emblemática constructora Cartellone, que realizó un pedido de apertura de concurso preventivo de acreedores para no quebrar.

Según fuentes consultadas por LA NACION se trata de una deuda que supera los US$60 millones, solo de esa unidad de negocios, José Cartellone Construcciones Civiles S.A, ya que las diversas firmas del Grupo aún no se presentaron ante la Justicia.

La compañía constructora asegura que la continua baja de contratos de obra pública, principalmente, terminó por complicar las cuentas. Así, con el objetivo de reestructurar los pasivos, decidió acudir a los tribunales mendocinos. De igual modo, desde la firma aseguraron que se dará cumplimiento a cada uno de los trabajos pautados, como la planta depuradora El Paramillo y la esperada Variante Palmira de la ruta 7.

Así, a través de un comunicado, la empresa familiar con más de 100 años de vida expresó públicamente que “el objetivo que busca la constructora es poder reorganizar sus pasivos luego de la baja de contratos de participación público-privada”.

“Las causas de tan difícil decisión la encontramos en la necesidad de resolver cuanto antes la compleja situación creada, esencialmente por razones ajenas al manejo empresario, que obligan al directorio de la sociedad a priorizar la aplicación de sus recursos al mantenimiento de la empresa en marcha, acudiendo a este remedio legal del concurso preventivo”, indicó la firma en un comunicado.

“En el Grupo Cartellone se han sucedido varios cambios durante el último tiempo, pasando inclusive por disputas familiares que ya han sido solucionadas. En estos momentos el grupo es liderado por la cuarta generación de la familia Cartellone”, continúa el escrito.

“Sin dudas es la mejor opción que tenían, como estrategia, mientras definen qué hacer. Quizás se animen a meterse con los pantalones al barro o decidan vender y dedicarse a otros negocios. Los más jóvenes ya no miran con tanto entusiasmo a las old-fashioned industries”, contó a LA NACION una alta fuente vinculada a la emblemática compañía mendocina, la segunda más antigua del país, detrás de Benito Roggio. Actualmente, la compañía mendocina tiene 5000 empleados.

“Siempre hubo diferencias entre los accionistas, entre los hermanos, que fueron a la Justicia y fumaron la pipa de la paz, y les pasaron todo el problema a los hijos. Ahora, la empresa, en manos de los jóvenes, ha decidido avanzar en un plan que tiene como objetivo concursar y protegerse, manteniendo la operación actual, mientras se define la reestructuración de la deuda y el futuro”, explicó un especialista del rubro en Mendoza, que sigue de cerca lo que pasó con Impsa y ahora con Cartellone.

“Para el Estado no creo que una empresa constructora sea estratégica. En Italia, las compañías tuvieron un salvataje oficial, pero en la Argentina es más difícil que esto ocurra. En el caso de Impsa, más allá de la compleja y poco acertada decisión del Estado, ha sido diferente, porque se pensó más en lo tecnológico”, indicó la fuente, quien se inclina más por la posibilidad de que finalmente la constructora consiga un comprador.

Asimismo, en el comunicado, indicaron que entre los motivos de la presentación ante los tribunales tiene que ver con “litigios que no se han solucionado en obras ejecutadas en Bolivia y los efectos que la pandemia ha generado en el desarrollo del negocio”. Desde la firma explicaron que el principal escollo que encontraron en el vecino país tiene que ver con la “sorpresiva” ejecución de las garantías en varios proyectos viales.

Asimismo, fuentes de la firma indicaron a LA NACIÓN que el “ahogo financiero” viene desde antes del 2015, más allá del caso boliviano, y que se agudizó luego de que saliera a la luz la investigación de los Cuadernos de las Coimas, que involucró a las principales constructoras del país, que en el caso de Cartellone terminó con el procesamiento judicial de tres miembros de la familia: José Gerardo, María Rosa y Gerardo.

“El deterioro financiero de Cartellone es importante y viene de larga data. Los ‘Cuadernos K’ impactaron en toda la industria: todos tenían miedo con la obra pública; nadie firmaba nada. Por eso, desde 2018 en adelante, prácticamente no hubo obras, y luego la pandemia fue bravísima, más allá de los protocolos y algunas flexibilizaciones”, coincidieron fuentes del sector, destacando también los frenos que tuvieron algunas obras en El Salvador en medio de la crisis sanitaria mundial.

Actualmente, la firma ejecuta 15 obras tanto en la Argentina como en el extranjero, por lo que “se encuentra trabajando comercialmente dentro de la Argentina y en Perú, Brasil, Colombia y Centro América”.

Por Pablo Mannino

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