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Marcha atrás: el Gobierno frena el Programa de Ciudadanía por Inversión
El Ministerio de Economía dejó sin efecto el concurso internacional para contratar la consultoría que debía diseñar y lanzar el sistema; divergencias estratégicas y la complejidad del proyecto fundamentaron la medida
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El Gobierno puso en pausa la implementación de una nueva herramienta para captar inversiones extranjeras. A través del Ministerio de Economía, dejó sin efecto el concurso público internacional que buscaba contratar un servicio de consultoría integral para el diseño, implementación y promoción del Programa de Ciudadanía por Inversión.
La resolución, que lleva la firma de Luis Caputo, fue publicada ayer, mismo día en que se conoció el dato de la inflación de marzo -que desde Presidencia calificaron como “malo”- y un día antes de su reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que busca destrabar la segunda revisión del acuerdo y allanar el camino para un desembolso de US$1000 millones.
La suspensión de la licitación fue formalizada tras un proceso que había atraído el interés de firmas globales especializadas en movilidad de inversión. La consultoría proyectada tenía un plazo de cuatro años o un límite de 5000 informes técnicos recomendando la aprobación de ciudadanías. Además, la administración se reservaba la facultad de prorrogar el servicio por un año adicional.
A pesar de que el proceso licitatorio ya contaba con un dictamen de evaluación de ofertas, la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía recomendó dejarlo sin efecto. Según los informes técnicos finales, si bien algunas ofertas eran admisibles formalmente, persistían “divergencias relevantes en cuanto a los enfoques propuestos” y su adecuación a los objetivos de la política pública.
En tal sentido, advirtieron que “la continuidad del procedimiento bajo las condiciones actuales podría no asegurar el grado de coherencia, integralidad y articulación estratégica requerido para la adecuada implementación del programa, lo que torna aconsejable efectuar una reevaluación de la pertinencia operativa del proceso en curso”.
Jugadores en pugna
En la apertura de sobres, celebrada a fines de enero, el Ministerio de Economía recibió 11 ofertas, de las cuales solo seis fueron confirmadas. La oferta más baja fue presentada por Asesorías Legal Advisor, un consorcio conformado por cuatro empresas internacionales del rubro: Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global, que cotizó sus servicios a US$50.000.
En el otro extremo de la tabla se posicionó Ancova Associates con una oferta que trepó a los US$100 millones. Se trata de una firma de asesoramiento especializada en planificación fiscal internacional y estructuración de fondos, que forma parte de Ancova Group. Con base en Dubái, el holding comprende también a Ancova Capital Management, una plataforma de inversión regulada en las Islas Caimán, y a Ancova Luxury Properties, una correduría de bienes raíces de alta gama que atiende a inversores de élite.
Durante el proceso, cuatro de estas ofertas fueron desestimadas por no cumplir con requisitos técnicos, administrativos o por fallas en las garantías de mantenimiento de oferta. En su dictamen, a principios de marzo, el comité evaluador había recomendado la adjudicación del proceso a Asesorías Legal Advisor, y admitido también la oferta de Henley & Partners Immigration Services.
Ejes del programa
La iniciativa comenzó a materializarse a mediados del año pasado. A través de los decretos 524/2025 y 366/2025, el Gobierno modificó la Ley de Ciudadanía 346, y estableció que serán ciudadanos por naturalización los extranjeros que acrediten haber realizado una inversión relevante en el país, sin importar el tiempo de su residencia.
En esa línea, definió la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía -a cuya partida serán imputados los gastos que esta demande-, y estableció sus funciones. La agencia será la encargada de evaluar si la inversión califica como “relevante”, de acuerdo con lo que establezca la cartera, y de emitir un informe con su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones -que tendrá la decisión final-.
“Esta medida fomentará la inversión en nuestra Nación y favorecerá la apertura e integración al mundo, en conjunto con las demás políticas implementadas por el Gobierno Nacional para lograr dichos fines”, señala el primer decreto, que lleva la firma de Javier Milei y de otros nueve funcionarios.
