Por orden de la Justicia, YPF revelará su pacto con Chevron

Tres años después, la petrolera YPF mostrará el contrato que firmó con la multinacional Chevron. Lo entregará por orden judicial y, aunque parezca contradictorio, porque considera que la nueva ley de acceso a la información pública la beneficia.

La entrega del documento se hará mañana, cuando abogados de la petrolera se presentarán en Tribunales para depositar la copia que en septiembre de 2013 requirió el entonces senador nacional por el socialismo, Rubén Giustiniani, por la vía de un amparo que debió llegar hasta la Corte Suprema.

YPF siempre se negó a entregar una copia de ese contrato para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Consideró que la dejaría en desventaja frente a otras petroleras, al revelar detalles industriales y comerciales para beneficio de sus competidores y proveedores.

Por el contrario, Giustianiani y otros legisladores de la oposición reclamaban acceder al contrato para revisar si incluía cláusulas secretas o leoninas para atraer a Chevron en momentos en que la Argentina se encontraba en default, con cepo cambiario y múltiples controles formales e informales sobre la economía.

El motivo por el que ahora YPF se bajó de la batalla judicial, sin embargo, no fue económico, sino legal. En primer término, considera que la disputa llegó prácticamente a su fin en los estrados y que tendría muy poco más por hacer. Pero también entiende que la flamante ley de acceso a la información pública que impulsó el gobierno de Mauricio Macri bloquea cualquier intento de replicar el éxito de Giustiniani en cualquier otro contrato vigente o futuro. "Lo que realmente cambió la situación es la sanción de esa nueva ley", afirmó director financiero (CFO) de la petrolera, Daniel González, al comunicar su decisión a la prensa en un encuentro en el que se mostró el acuerdo completo con Chevron, sin tachaduras ni enmiendas.

"Por supuesto que la publicación nos condicionaba y hasta cierto punto resulta comercialmente 'incómodo', pero en la medida de lo que dispone la nueva ley, no será así -añadió-. Sin la nueva ley, la situación para YPF sería totalmente distinta". La nueva norma resguarda la confidencialidad de las empresas sujetas a oferta pública, como las que cotizan en Bolsa. Es el caso de la petrolera. Aprobada con 182 votos a favor y 16 en contra por la Cámara de Diputados, la flamante ley de acceso a la información pública rige para los tres poderes del Estado, empresas públicas, partidos políticos y universidades, entre otros. Pero entre las excepciones a la obligación de informar incluye aquella información que sea clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior. También, aquella que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero; secretos industriales, comerciales o financieros, entre otros, cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad.

Junto a otros ejecutivos de YPF, como los vicepresidentes de Comunicación, Sebastián Mocorrea, y de Asuntos Jurídicos, Germán Fernández Lahore, y el gerente de Desarrollo de Negocios, Pablo Vera, González explicó que también buscaron resguardar aquel contrato por las "contingencias" que lo rodearon. Es decir, los embargos que podían solicitar los holdouts y Repsol contra la Argentina, o por quienes reclamaban a Chevron por daños ambientales en Ecuador.

Según los ejecutivos, el convenio con la empresa norteamericana estuvo entre los mejores que firmó YPF en Vaca Muerta. Se debe a que Chevron pagó US$ 14.000 por acre, por encima de los US$ 8600 de Petrobras y de los US$ 8750 de Dow.

Según reveló LA NACION en noviembre de 2014, además, Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción" para que comenzara a traer capitales a la Argentina, lo que ayer fue confirmado desde la petrolera.

Puntos polémicos

LA NACION también reveló entonces que YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en Delaware -Estados Unidos-, Bermudas y Uruguay para reducir los riesgos de embargos, lo que a su vez la petrolera local se resistió a informarle a la Justicia local. "Entendemos que para algunos sea una cuestión de 'transparencia', pero desde nuestra perspectiva era una cuestión de competencia", planteó Socorres. "Por eso vamos a seguir peleando judicialmente si nos piden otros contratos y consideramos que nos irá mejor porque la nueva ley se aprobó con otros parámetros".

González buscó dejar en claro que los millones que aportó Chevron no pasaron por paraísos fiscales ni por cuentas de ejecutivos de YPF.

"Las sociedades en Bermuda y Uruguay ni siquiera tenían cuentas bancarias", afirmó, para luego sostener que las sospechas que rodearon al contrato respondieron, al menos en parte, a "una confusión".

"Es un contrato difícil de entender porque fue armado para blindar la operación de las contingencias", explicó, en alusión a los holdouts, Repsol y Ecuador, "y a eso se sumó la confusión por el 'relato' del gobierno anterior, que mientras anunció que 'recuperamos YPF para la soberanía nacional', por ley la mantuvo como una sociedad anónima".

En una de las cláusulas los socios se comprometen a hacer todo lo posible para encontrar mecanismos que les permitan pagar la menor cantidad de impuestos, algo que los ejecutivos de la petrolera local señalaron como una práctica habitual.

En varias páginas, además, aparecen de manera repetida beneficios que resguardan intereses de la prestamista (Chevron) al momento de constituir prendas.

Además, el convenio estipula que la resolución de disputas entre ambas compañías se harán en la Cámara de Comercio Internacional, cuya sede está en Francia, aplicando la ley norteamericana.

Los ejecutivos sostuvieron que eventualmente las disposiciones de los tribunales conformados en ese ámbito serían vinculantes para los socios.