Néstor Kirchner apoyó la privatización de YPF

Fue este jueves, en el Salón Sur de la Casa Rosada. Allí había dos víctimas de amnesia "lacunar": esa que borra la memoria de un evento determinado. Los pacientes eran el presidente Néstor Kirchner y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Ambos han olvidado que de no haber sido por ellos dos Carlos Saúl Menem no habría podido privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Kirchner dijo en el Salón Sur: "Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización (...). Si YPF hubiera quedado en manos nuestras estaríamos recaudando (...) entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año".

A su lado, Parrilli aplaudía. Ninguno de los dos recordaba, al parecer, su participación en eso que (ahora) el Presidente llama "genocidio". Menem quería sancionar la ley de privatización de YPF pero no podía. No tenía en el Congreso los votos necesarios: aparte de la abierta negativa de la UCR, enfrentaba resistencias dentro del propio PJ.

Kirchner ofreció la solución. El había asumido, el 21 de agosto, la presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Si la privatización era reclamada de modo unánime por la Ofephi -argumentó Kirchner- se vencerían muchas resistencias.

Pero la solución tenía un precio: la Nación debía pagar (acuerdos extrajudiciales mediante) sumas multimillonarias que las provincias de la Ofephi reclamaban por regalías supuestamente "mal liquidadas".

Ya el 30 de agosto de 1991, Menem, junto con sus ministros Domingo Cavallo y José Luís Manzano, había suscrito una curiosa "conciliación" con Santa Cruz. Por ella, la Nación "reconocía" una deuda de 480 millones de dólares con la provincia. Pero el "reconocimiento" quedaba impúdicamente sujeto a la sanción de la ley de privatización de YPF.

Si no se aprobaba esa ley, el reconocimiento -decía con todas las letras una cláusula del acuerdo- "quedará sin valor y efecto alguno, y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie".

El martes 22 de septiembre de 1992, los gobernadores de la Ofephi se reunieron con Manzano, en el Ministerio del Interior, y resolvieron montar un lobby. Acto seguido, Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la misma Casa Rosada. Desde allí pidió apoyo para la privatización de YPF e instó a que los disidentes, al menos, dieran quórum.

Al día siguiente, el diario Clarín publicó, con foto de Kirchner, la noticia: "Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación". Ese lobby no se limitaría a la exhortación pública. A los diputados les esperaban 48 horas de presiones y tentaciones. La tarea fue efectiva.

Esa noche, Diputados aprobó el proyecto de ley. Parrilli (entonces diputado nacional por Neuquén) fue el miembro informante.

Durante el debate, sostuvo: "No pedimos perdón por lo que estamos haciendo (...) Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente [Menem]".

Un año después, en un libro titulado Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993 , Parrilli se jactó de haber impulsado la privatización: "Hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles".

Beneficios a Santa Cruz

La venta de YPF tuvo, también, ventajas para el gobernador Kirchner. Dos meses después de sancionada la ley, Cavallo, Manzano, Kirchner y De Vido firmaron el "acta acuerdo" por la cual se fijó la suma que correspondía a Santa Cruz.

En definitiva, la provincia recibió, en 1993, US$ 654 millones. Con ellos, adquirió acciones. Las de YPF le permitieron hacer un gran negocio: las compró en US$ 290 millones y, seis años más tarde, las vendió por US$ 654 millones.

Kirchner envió esos fondos a dar la vuelta al mundo. Nunca hubo una restitución plena ni una adecuada rendición de cuentas. Sin embargo, la Justicia se ha desentendido del tema. Guillermo Montenegro, juez federal designado por Kirchner, se declaró incompetente y remitió la causa a la provincia.

El 1° de junio de 2005, Santiago María Lozada, juez de instrucción Nº 1 de Río Gallegos, mandó las actuaciones al archivo.

Los fondos de Santa Cruz han sido motivo de acusaciones y debates. Pocos conocen, sin embargo, la conexión entre esos fondos y el decisivo apoyo que Kirchner brindó a la privatización de YPF.