No hay que gravar el petróleo para salvar las entidades bancarias

Por Sebastián Scheimberg Para LA NACION
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27 de enero de 2002  

El año 2001 no dio respiro ni siquiera hasta el último día. La situación internacional vivida en el último cuatrimestre seguramente marcará un antes y un después en el mundo occidental y en la Argentina en particular. Amén del fatídico atentado terrorista del 11 de septiembre, la economía norteamericana cobró una nueva víctima. La quiebra de Enron, la más grande de la historia, nos revela que el ilusionismo en materia económica (por la contabilidad creativa y la especulación) no es sólo un atributo de los argentinos.

En la Argentina, la crisis económica, política y social seguramente provocará una bisagra de larga duración. La bomba detonó junto con los fuegos artificiales de Navidad. Desde el exterior nos preguntan cómo ocurrió. Si fue culpa de la clase política, la clase sindical, la empresarial.

La respuesta al estilo Lope de Vega es sin duda la más apropiada para identificar a los responsables: "la clase argentina". Porque tanto los políticos como los empresarios como los sindicalistas surgen del propio pueblo argentino. Lamentablemente, a diferencia de los estadounidenses, lo que nosotros hemos perdido es la confianza en nosotros y en nuestras instituciones. Mientras tanto, los que se animan a gobernarnos, que no es un mérito menor, ensayan sucesivas medidas para salir del caos.

Toda medida de corte económico implica un costo para un sector en beneficio de algún otro. En este caso, sin embargo, parecería que existe un instrumento que genera mucha arbitrariedad y que funciona como una varilla impulsada por el ruido de las cacerolas.

Se supone que en pos de la equidad, el Gobierno ha pesificado algunos créditos pero no otros. No necesariamente quien se endeudó en 99.999 dólares es más pobre que quien superó esa cifra en dos antiguos pesos convertibles. Con los depósitos también resulta que o se salva el sistema financiero o se respetan los derechos de los depositantes.

Lo que resulta no menos arbitrario es el gravamen propuesto a las exportaciones de petróleo crudo para financiar el descalce bancario entre lo que van a pagar y lo que cobrarán los bancos de acuerdo con los índices de indexación que utilicen.

En los últimos años al sector le fue muy bien y en términos de la equidad distributiva podría aportar dinero fresco, pero no está claro por qué ese dinero deberá ir a parar a los bancos (con fuertes ganancias en el pasado reciente), aunque sí es razonable que al igual que otros sectores contribuya a paliar la crisis.

Por qué no asignarlo a los jefes de hogares desempleados, a los hospitales sin medicamentos, a las escuelas sin materiales. La producción de petróleo y por tanto las exportaciones dependen del precio internacional. Al nivel actual (US$ 18 por barril), un 20% de impuesto puede significar que algunas zonas productoras abandonen la actividad.

No a la estatización

Se pueden decidir nuevos impuestos, pero no obligar a producir, a menos que se piense en la nacionalización de la industria, que no parecería ser el camino adecuado. En cambio, podría pensarse en un esquema consensuado con la industria, bajo el cual los impuestos actúen de amortiguador ante fuertes oscilaciones en los precios mundiales.

Tal vez sea hora de racionalizar la política impositiva del sector en cuanto a regalías, en función de los costos de producción de cada yacimiento, como ocurre en Bolivia u otros países. La urgencia de las soluciones a la crisis no propicia reformas estructurales, pero es la oportunidad para hacerlas.

Además de corralitos, dolarización o pesificación mediante, y nuevos tributos, fondos especiales de promoción, subsidios regionales y concesiones específicas a ciertos sectores forman parte del diseño de la política económica que la "clase argentina" debe decidir de modo de minimizar la pérdida de eficiencia maximizando la equidad distributiva; entretanto urge recuperar la confianza y el respeto a las instituciones fundacionales de la República.

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