Nueva demanda contra la Argentina en EE.UU.: tenedores de bonos reclaman una indemnización de US$1443 millones
El Gobierno adeuda cerca de €1000 millones a fondos que ganaron un juicio en Londres; denuncian que no hubo propuestas de pago ni negociaciones en curso
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LA NACIONSofía Diamante
Los tenedores de bonos atados al PBI, que el año pasado ganaron un juicio contra la Argentina en tribunales británicos, presentaron hoy una nueva demanda, esta vez en Estados Unidos. Reclaman el pago de una indemnización de €1330 millones (unos US$1443 millones) que el Gobierno todavía no abonó.
Algunos de estos acreedores se presentaron ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C., con el objetivo de que la Justicia estadounidense reconozca la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Londres. Aunque en su momento el Gobierno argentino intentó apelar ante instancias superiores, tanto el Tribunal de Apelaciones de Londres como la Corte Suprema británica rechazaron el pedido y dejaron firme el fallo de primera instancia en octubre de 2024. Se trata del quinto litigio más relevante para el país en términos del monto a pagar, según dijeron en su momento fuentes oficiales.
Desde entonces, el Estado argentino no cumplió con el pago ordenado por la Justicia. Si bien ya se ejecutó una garantía de €313 millones (unos US$325 millones) que el país había depositado en marzo de 2024 para poder apelar —sin éxito—, aún resta cancelar unos €1000 millones (US$1150 millones).
Ahora, los bonistas recurrieron al mismo tribunal estadounidense al que había acudido Titan Consortium, el fondo que aún espera cobrar una indemnización de US$327 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, ordenada por el Ciadi —el tribunal arbitral del Banco Mundial—.
“A pesar de no contar con más vías de apelación, la Argentina no ha presentado a los demandantes ninguna propuesta de pago de las sumas adeudadas conforme a las sentencias dictadas en Inglaterra, ni ha respondido formalmente a las propuestas que le fueron acercadas”, afirmaron hoy los bonistas, representados por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
La firma recordó además que la Argentina, en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se comprometió a realizar “esfuerzos activos y de buena fe” para resolver estos casos judiciales. Sin embargo, advirtió: “No hay negociaciones en curso y, si la Argentina dijo que sí, esa afirmación fue incorrecta”.
“El programa con el FMI establece como objetivo explícito el retorno al acceso a los mercados internacionales, algo que requiere el respaldo de los acreedores. Pero no debería —ni podría— haber acceso efectivo mientras el país siga incumpliendo las sentencias emitidas por la Justicia inglesa”, agregaron los abogados.
Historia del caso
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3%, hasta 2035. El país no paga el bono desde 2011, cuando dejó de crecer.
La demanda contra la Argentina se centró en el cambio de la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2014. El ministro era Axel Kicillof. La anterior base de cálculo era de 1993 y contenía una canasta de productos que cada un plazo de tiempo era necesario actualizar. Al hacerlo, la estimación del PBI de 2013 fue menor a la que se proyectaba con la anterior canasta de productos, lo que derivó en los conflictos judiciales con los inversores.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.
El fallo de primera instancia argumentó que el cambio en la metodología aplicado en su momento en el cálculo del PBI por el Indec provocó pérdidas para los tenedores de bonos y determinó que los títulos deberán recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.
Según la postura de los abogados de la Argentina, la modificación en el cálculo del PBI –que comenzó a tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993– fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país. “Sin los cambios, los retornos de los cupones se ajustarían según un parámetro desactualizado del crecimiento de la economía, sin vínculo con la expansión real del país”, indicaron.
En cambio, los cuatro fondos argumentaron que la Argentina debía usar el cálculo antiguo para medir el PBI para los pagos que se realicen hasta 2035, según afirmó Aidan O’Rourke, de la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que los representa.
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