Nuevas restricciones: el impacto en el futuro de la economía

Las mayores restricciones que anunció el Gobierno tendrán un impacto directo en la economía, sobre todo en el nivel de actividad de los sectores de gastronomía, hoteles y esparcimiento. Por ello, también se anunció la emisión de un bono extraordinario de $15.000 para las personas afectadas, pero por ahora no hubo medidas adicionales para los negocios que deberán reducir su actividad, además del ya anunciado programa de Recuperación Productiva (Repro).

En el presupuesto que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para este año, no estaba designado una partida al “gasto Covid”, aunque en el Gobierno indicaron que el Estado tiene margen para asistir. Sin embargo, la “espalda” con la que cuenta el Tesoro es mucho menor a la del año pasado. Esto se debe a que el Banco Central perdió en 2020 el 65% de sus reservas netas (dólares) y emitió 7% del PBI ($2,1 billones) para financiar el déficit de 8,5% del producto (6,5% el fiscal).

La Argentina tampoco cuenta con acceso al mercado externo (como sí tienen los países vecinos) y el mercado doméstico es muy chico para cubrir la totalidad del gasto. De hecho, ayer, el Tesoro logró captar en una licitación de deuda apenas la mitad de los pesos que buscaba, si bien había aumentado las tasas de interés que ofrecía para atraer a los inversores.

Por el lado de los ingresos, el Gobierno ya aumentó la presión impositiva, con la suba de alícuotas y creación de nuevos tributos, pero las nuevas medidas frenarán el incipiente recupero de la recaudación real de los últimos meses.

Es por eso que la asistencia que anunció el Presidente está muy concentrada en ciertas personas, como los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y asignaciones familiares para monotributistas de las primeras categorías (A y B), que estén afectadas por las medidas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Es un programa de ayuda bastante acotado, mucho más limitado a lo que fue el año pasado el ingreso familiar de emergencia (IFE), que tuvo un costo fiscal total de $90.000 millones. Estas medidas por ahora están focalizadas en el AMBA, pero a medida que se amplíen las restricciones se iban a ampliar a zonas donde rijan situaciones similares”, indicó Martín Vauthier, economista de EcoGo.

Según las proyecciones oficiales, el costo fiscal de las medidas anunciadas será de $13.900 millones. Sin embargo, en el Ministerio de Economía calculan un gasto de $30.0000 millones, ya que dan por hecho que las medidas se extenderán por lo menos dos meses.

“El monto mucho más limitado refleja, por un lado, que las restricciones son más acotadas a las del año pasado, cuando se habían cerrado industrias. Además, el grado de cumplimiento de la población era mucho más significativa, había otro capital político para que se cumplieran esas restricciones y eso también impactaba sobre la economía”, analizó Vauthier.

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, coincidió en que el impacto de los anuncios está más focalizado al del año pasado. “Tendrá más impacto sobre hoteles, restaurantes y esparcimiento, pero será más focalizado, por lo menos en un primer momento. A la vez, el año pasado el Gobierno ponía plata en las empresas, por vía Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP); si bien estaba el IFE, la plata estaba focalizada en la oferta, en la producción. Ahora, el impacto productivo debería ser menor. A priori, la asistencia estará focalizada en la demanda, en las personas”, indicó.

“Me parece que el Gobierno se está anticipando porque sabe que tiene que lanzar algún tipo de medida, aunque es menos ambiciosa que las del año pasado, si bien la cuarentena obviamente es menor. Si estas fuesen el máximo de restricciones que se implementarán, el impacto económico será mucho menor al del año pasado. El problema con estas restricciones es que se sabe cuándo arrancan, pero nunca cuando terminan, y el año pasado es una muestra de eso”, agregó.

Por el lado del sector privado, Rajnerman advirtió el impacto que genera la incertidumbre de la situación. “El dueño de un restaurante, de un teatro o de un cine que había abierto hace dos semanas, puso un montón de plata para reabrir y ahora le salen con esto. El día de mañana lo piensa más veces antes de reabrir. Ese es el otro gran problema que tiene”, señaló.

Julia Segoviano, economista de LCG, aseguró que las medidas afectarán la recuperación que se comenzaba a ver. “El impacto será distinto entre sectores; los más afectados son aquellos asociados a la presencialidad. Todo lo que está vinculado con la gastronomía y hoteles nuevamente será uno de los más impactados, que era el sector que no se estaba pudiendo recuperar o el que más lento venía mostrando mejoras. Todo esto implica un impacto directo hacia los trabajadores de este rubro. Hay también menores ingresos y habrá menor consumo”, comentó.

En cuanto a cómo se financiarán estas nuevas medidas, la economista opinó que, “o con más deuda o más emisión”. “El tema con la deuda es la capacidad que tenga el Gobierno de endeudarse. En la medida que puedan seguir renovando vencimientos, y también de conseguir financiamiento neto como estaba pudiendo hacer en las licitaciones anteriores, probablemente puedan financiar una parte de ese gasto con más deuda”, dijo.

“Creo que habrá una combinación en la medida que se pueda endeudar. Si empieza a haber alguna suerte de desconfianza o de poco atractivo por los instrumentos que ofrece el Gobierno, como ocurrió ayer, probablemente sea todo vía emisión, lo cual es preocupante dado el poquísimo margen que tenemos y los niveles inflacionarios que hay, que en lo personal me preocupan mucho. Ahí también puede haber un foco de inestabilidad”, concluyó.

Por Sofía Diamante

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