Números críticos: la pesada herencia del plan electoral de Massa

La Argentina llegó a las elecciones con una economía al límite. Inflación acelerada, atraso cambiario, déficit creciente, falta de divisas y brecha cambiaria de casi el 190% son algunos de los desequilibrios que el país arrastraba antes de las primarias y que el plan electoral del Gobierno contribuyó a profundizar. Determinado a revertir el resultado de las PASO, el ministro de Economía y candidato por el oficialismo, Sergio Massa abrió la billetera del Estado y apostó por un reparto a diferentes sectores, con medidas que implican un costo fiscal de más de un 1,2% del PBI.

Las medidas incluyeron el bono a desocupados y trabajadores informales (con un costo estimado en $1,36 billones, según Eco Go), un mayor refuerzo para un grupo de jubilados y pensionados ($234.000 millones) y pagos extras para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y el plan Potenciar Trabajo ($101.000 millones). Ese tipo de decisiones, que significan mayores erogaciones, se combinó con alivios fiscales, concentradas especialmente en el reintegro del 21% a las compras con tarjeta de débito (con un costo estimado en $479.000 millones), y en los cambios en el impuesto a las ganancias para asalariados, con la suba del piso para tributar a $1,98 millones mensuales ($600.000 millones de costo).

Todo ese paquete, con efectos regresivos sobre la recaudación y el sistema impositivo, implicó no solo una suba del déficit fiscal para este año (las consultoras privadas lo ubican entre el 2,7% y el 3% del PBI), que sepultó la meta del 1,9% pautada con el FMI, sino que anticipa un hueco fiscal también para 2024. Es la herencia de Massa con la que deberán lidiar, según el resultado de las urnas el 19 de noviembre, Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza, o el propio Massa, cuando uno de los dos desembarque en la Casa Rosada.

En cuanto al IVA y Ganancias, hay cambios dispuestos para la última parte de este año, pero también proyectos de ley enviados al Congreso con la intención de establecer modificaciones permanentes (en el caso de Ganancias, la iniciativa ya fue aprobada). “Con los cambios en IVA y Ganancias lo que hizo fue incrementar el déficit de 2024 en alrededor de 1 punto del PBI, siendo buenos”, dice Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma. “A su vez, incrementó el nivel de emisión en este último trayecto, y deterioró aún más el balance del Banco Central. Aumentó la velocidad de la nominalidad de la economía y el stock de pesos”, agregó el analista, en referencia a las necesidades de emisión por las medidas de Massa.

Con un Banco Central carente de reservas, las distorsiones del plan electoral del ministro se plasmaron en el mercado cambiario. Luego de la devaluación del día posterior a la derrota en las PASO, que llevó el dólar mayorista a $350 y el minorista a alrededor de $365 (es la referencia para otros tipos de cambio, que incorporan el impuesto PAIS y otros recargos a cuenta de tributos), el Gobierno mantuvo congelado el valor de la divisa, con el objetivo de generar un ancla para contener las expectativas inflacionarias.

Pero en un contexto de aceleración de la suba de precios (el IPC acumuló un alza del 26,7% solo en agosto y septiembre, según el Indec), el intento de ganar competitividad con la devaluación se perdió rápidamente, con un tipo de cambio que día a día comenzó a atrasarse. Así lo refleja el Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral publicado diariamente por el Banco Central, que en poco más de un mes volvió a su nivel prePASO y se ubica en el valor mínimo de la gestión de Alberto Fernández.

“El Gobierno hizo una devaluación, pero después pisó el dólar; entonces, la apreciación real del oficial en noviembre va a ser mayor que la de agosto”, explica Caamaño, en referencia al esquema que incluye mantener el tipo de cambio fijo hasta la segunda vuelta electoral y, luego, retomar el camino de la devaluación diaria (crawling peg).

“El Gobierno demoró la devaluación del tipo de cambio oficial, y ahora otra gran devaluación es inminente, teniendo en cuenta lo alto que está el dólar paralelo. Ningún gobierno debería tener permitido manipular tan cínicamente el tipo de cambio”, criticó, a través de su cuenta de Twitter, el economista Robin Brooks, jefe del influyente Instituto Internacional de Finanzas (IIF).

Es que, con el dólar oficial congelado, la brecha cambiaria se dilató y llegó a casi el 190%. Los dólares libres superaron los $1100 (valores “de pánico, según los definió el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein) y llegaron a cifras récord en términos reales. Ese movimiento, a su vez, sumó combustible a la inflación, que encontró un nuevo piso en las dos cifras mensuales y se encamina, según las últimas estimaciones registradas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, a cerrar el año por arriba del 180%.

“Lo que veo como el elemento más frágil son las reservas del BCRA, que están en un nivel muy bajo. No me preocupa tanto por el nivel de pesos que tiene el sector privado, contando depósitos, circulante e instrumentos de deuda en pesos y que, medido en relación al PBI, está en niveles históricamente bajos”, dice el economista Martín Rapetti, fundador de Equilibra.

Luego de las PASO, el Gobierno recibió US$7500 millones, en función de las revisiones quinta y sexta del FMI, y esos fondos le permitieron fortalecer sus reservas. Neto de pagos y devoluciones (usó ese dinero para reintegrar préstamos a Qatar y la CAF), el Banco Central sumó alrededor de US$5400 millones, que maquilló una dinámica negativa en su activo. “Las reservas se mantuvieron desde las PASO casi en el mismo nivel, pero sin el ingreso de DEG del FMI te daba una caída de alrededor de más de US$300 millones”, explica María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos.

“Esto tiene que ver con que hubo una intervención muy marcada para sostener los dólares financieros, que implicó pérdidas de reservas por casi US$2300 millones entre las PASO y la primera vuelta, salida de depósitos y caída de los encajes. También es cierto que hubo compra de divisas, a partir de los programas de estímulo, pero esto marca que la dinámica del cepo está agotada. El salto del 20% en el tipo de cambio le da oxígeno inicial más fuerte al incentivo a liquidar, y luego eso se extendió a otros sectores, pero está teniendo poco efecto porque el dólar oficial está atrasado, y en términos reales está más bajo que antes de las PASO”, completa la economista.

Parte del plan electoral de Massa incluyó un congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y el transporte urbano en el AMBA, además de poner el freezer el precio de los combustibles. Esa decisión, que contradijo uno de los puntos que el Gobierno había acordado con el FMI (se planteaba un ajuste de las tarifas, para compensar el incremento en los costos tras la devaluación), profundizó la distorsión de precios relativos, con una consecuencia directa sobre los subsidios y la sostenibilidad de los cuadros tarifarios. En el servicio eléctrico, por ejemplo, los usuarios pagan entre el 52% y el 55% del costo de generación, y existen distorsiones dentro del esquema.

Según estimó Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, mientras que los usuarios residenciales de altos ingresos (N1) cubren 98% del costo con sus facturas, los de bajos ingresos (N2) están en 14%, y los de ingresos medios (N3), en 17%. “Venía un aumento de tarifas previo a las PASO y después hubo un aplanamiento de los costos, que no crecieron al ritmo que venían creciendo, y, por eso, no hubo una disparada de la cobertura. Ese escenario y la quita de subsidios al nivel 1 permitió reducir subsidios en términos reales hasta octubre”, dice el economista.

Es uno de los rubros donde, en silencio, Massa avanzó en un ajuste. En lo que va de 2023, relevó un informe del IIEP (UBA-Conicet), el gasto acumulado en subsidios, combinando energía y transporte, registra una caída real del 16,6% interanual.

Además de las distorsiones generadas por la segmentación y la postergación de los ajustes en las tarifas energéticas –que el Gobierno planea llevar más allá de las elecciones–, se agregaron otros congelamientos en rubros sensibles, como las prepagas o los combustibles. Esto último derivó en escenarios de escasez, ventas con cupos o cierres de surtidores, en un contexto de atraso de precios que, según las petroleras, llega al 50% en el valor de venta. El riesgo, sostienen los economistas, crece para la administración que intente avanzar en estas correcciones –esta semana los combustibles quebraron el congelamiento, con un ajuste del 3%–. El problema es una posible espiralización sobre una ya elevada inflación.

“Massa distorsionó más precios, porque congeló unos y, en el caso del transporte [el problema] se profundizó, porque pisó lo boletos mientras toda la inflación se aceleró. Si intentás acomodar los desajustes sin un ancla fiscal importante y sin conseguir algo de financiamiento para acomodar el balance del BCRA, para que una combinación de cosas permita generar credibilidad, la chance de un ajuste desordenado, como el Rodrigazo, es alta. Hay que armar un plan y asegurar que no habrá más emisión; la parte monetaria tiene que ser consistente con lo fiscal”, dice Caamaño.

Ese punto, agrega Rapetti, se plasmará en el riesgo país, que supera los 2500 puntos. “La credibilidad se puede medir en ese indicador, que hoy muestra que la Argentina en perspectiva histórica está con bajísima credibilidad. El país no puede bajar la pobreza a la mitad en un mes, pero sí puede bajar el riesgo país rápidamente. Y para eso se requiere un plan claro, técnicamente solvente y capacidad política”, dice el economista, y agrega: “Las medidas de Massa en la campaña son señales que van en la dirección contraria a donde deberías ir, y no me sorprendería que dé un giro en materia de corregir el desequilibrio fiscal, eso casi lo descartaría. Pero el desafío que tiene es mostrar que su programa es creíble, o no va a ser exitoso, porque seguir probando con lo mismo lleva a un fracaso. Mientras tanto, Milei y su planteo de dolarización es sinónimo de una hiperinflación”.

La agenda pendiente incluye la relación con el FMI. El paquete de medidas de Massa, con mayor gasto, emisión y congelamiento tarifario, sepultó el acuerdo vigente. La Argentina no cumplió las metas del trimestre pasado y es una incógnita el resultado de la revisión de noviembre, de la cual depende el próximo desembolso. “Hay que recomponer la relación, pero eso es más político que económico. Massa va a poder decir ‘Tenés razón, te mentí, pero eso era culpa de Alberto y Cristina’. El país no tiene plata para devolverle al FMI, y no puede darse el lujo de entrar en atrasos”, concluye Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews.

Por Esteban Lafuente

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