“Nunca pasó”: los economistas ponen la lupa sobre el plan del Gobierno

“La gente no termina de convencerse de que estamos en un modelo nuevo y no lo hemos visto nunca”, afirmó el ministro de Economía Luis Caputo el 13 de mayo último, durante su participación en el 42° Congreso Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas). Fue una de las últimas veces en las que el funcionario se detuvo en un concepto central para el Gobierno desde que asumió: la política económica, esta vez, es diferente a la de otros tiempos.

“La inflación va a colapsar. Machaco mucho con esto. En economía no hay casualidades, hay causalidad. Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación converja a la tasa internacional”, se explayó ese día Caputo en su diálogo con el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, a un mes de la salida del cepo cambiario, y ahondó en una línea que ya había ensayado semanas atrás: “Somos uno de los cinco países que tienen superávit fiscal en el mundo, no emitimos pesos desde hace un año, tenemos un Banco Central muy bien capitalizado en años, al punto de que a este nivel de pasivos podríamos ir a una convertibilidad a menos de $1000… Esta situación no la vimos nunca. No insistamos. No pasa hace 120 años”.

El argumento del Gobierno de que su política económica tiene rasgos únicos se apoya en dos grandes pilares que funcionan como uno solo: el ajuste fiscal de cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) hecho apenas asumió, que le permitió lograr un superávit primario y financiero en 2024 y lo que va de 2025, y el respaldo político del presidente Javier Milei –el primer convencido de la necesidad– a ese recorte.

Vinculado con la manera en que aplicó el ajuste, el Gobierno suele subrayar también que la eliminación del déficit se logró sin afectar derechos de propiedad –como el plan Bonex de principios de los años 90– y sin aumentar impuestos, lo cual posibilitó que la actividad económica se recuperara más rápido que en otras experiencias de estabilización. La estrategia para reducir la inflación es otra de las características inéditas, según el oficialismo: al cortarse la emisión monetaria desde el primer día, el peso se convirtió en un bien escaso y demandado, como había pronosticado el ministro de Economía al poco tiempo de asumir. “Todo marcha de acuerdo al plan” (TMDAP), dirían en las redes funcionarios y tuiteros fervorosos del oficialismo.

Transcurrido un año y medio de gestión, LA NACION consultó a cinco economistas de distinto perfil para abrir el debate: ¿esta situación es efectivamente única en la historia? ¿En qué aspectos puede sostenerse esa afirmación y en cuáles no?

Para Luis Secco, director de la consultora Perspectiv@s Económicas, hay puntos en los que se están viendo cosas poco comunes. “El ajuste fiscal llevado adelante por el Gobierno –con superávit primario desde el mismo arranque de la gestión, que se sostuvo en el primer cuatrimestre de este año a pesar de una baja parcial de impuestos– es un fenómeno atípico. Un resultado aún más atípico si logra sostenerse a lo largo de este año electoral. También es cierto que el descenso de la inflación, en parte explicado por la apreciación cambiaria y el ancla fiscal, ha sido más veloz de lo que muchos esperaban. Y es indudable que la convicción presidencial respecto del recorte del gasto no tiene antecedentes en cuanto a su tono ni a su centralidad en el discurso político”, afirma.

No obstante, advierte que el “esta vez es diferente” es una frase cargada de riesgos. “En la historia económica suele ser el preludio de desilusiones, porque minimiza las restricciones estructurales que se enfrentan, sobre todo cuando el margen de maniobra institucional es limitado. Las dificultades del Gobierno para motorizar la actividad económica, la falta de acumulación de reservas y la ausencia de una estrategia clara para llevar a buen puerto las reformas estructurales pendientes son recordatorios de que no todo puede resolverse con voluntad política o narrativa disruptiva”, subraya.

A su turno, Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO, pone el acento en el factor político: “El elemento diferencial del programa del Gobierno es el ajuste fiscal y el convencimiento del ala política de ese ajuste. En la Argentina estábamos acostumbrados al crawding out, donde el crédito se destinaba a financiar al sector público. Ahora podemos hablar de un crawding in: las entidades financieras que no tienen que financiar al Gobierno o demandar títulos de deuda del Banco Central, tienen que financiar el sector privado”.

Marengo agrega que “el desequilibrio externo de un país es resultado de lo que hace el sector público y el sector privado. Y la Argentina sufrió recurrentes crisis de balanza de pagos porque el sector público tuvo desequilibrios compulsivos y permanentes financiados con desequilibrio externo. Cuando el mundo dejaba de financiar, eso llevaba a un sudden stop (freno repentino, en inglés) con crisis económica y social. El ajuste fiscal de 2024 fue lo que permitió que la Argentina vaya a un superávit en cuenta corriente durante ese año. En la medida en que continúe con superávit fiscal, el hecho de que siga el de cuenta corriente dependerá de lo que haga el sector privado”.

En la óptica de Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, “es correcto afirmar que en muchos aspectos esta experiencia es inédita en la historia argentina reciente. Por primera vez desde el retorno de la democracia, un Gobierno alcanza el superávit fiscal primario en el primer mes de gestión y lo mantiene hasta hoy. Y lo logra con una reducción real del gasto público superior a cinco puntos del PBI. No se trata de un ajuste basado en aumentos impositivos, sino en recortes concretos: eliminación de transferencias discrecionales, cierre de organismos innecesarios y ordenamiento del Estado, reducción de empleo público y recorte de subsidios”.

Etchebarne rescata, además, que el Gobierno “logró una baja rápida de la inflación sin recurrir a controles de precios y eliminando el cepo en un 90%, como sí ocurrió en experiencias pasadas. El ancla es el equilibrio fiscal, el saneamiento del Banco Central y la libertad de precios. Y, sobre todo, lo hace sin violar el derecho de propiedad, sin confiscaciones como el Plan Bonex ni pesificaciones forzadas. El Presidente sostiene este rumbo con una convicción poco habitual en la política argentina, a pesar del costo político que conlleva. En ese sentido, sí: esta vez es diferente”.

Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo, introduce un matiz: “El Gobierno tiene méritos, hay políticas distintas a las de otra vez. Haber hecho un ajuste fiscal de 4,5 puntos del PBI es muy importante. Está logrando sostener un superávit y, a diferencia del conseguido en el primer tiempo del gobierno de Néstor Kirchner [2003-2007], sin estar en default con la deuda”.

Pero de inmediato observa: “Lo que no veo tan distinto es la decisión de apreciar la moneda y regenerar el poder adquisitivo en dólares para que la clase media se sienta mejor. Eso, el manejo del tipo de cambio, y haber dejado que se aprecie tanto, es la parte que no es distinta a otros gobiernos”.

Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, se ubica en la misma línea: “La magnitud del ajuste fiscal es muy contundente. Se puede discutir la equidad, la sensibilidad, cuánto fue con motosierra y cuánto con licuación, pero se logró. El Gobierno pasó a tener equilibrio financiero, hay que darle la derecha”.

Para el economista, el aspecto saliente del Gobierno es que logró articular un ajuste con acompañamiento social y poco poder político, lo cual despertaba incertidumbre en el arranque. De todas formas, advierte que la manera en que se hizo el recorte fiscal “empieza a crujir y a mostrar su cara” con el deterioro de la infraestructura por falta de obras públicas y las protestas crecientes de jubilados y empleados estatales (como las del Hospital Garrahan).

“La Argentina tenía un problema fiscal severo, con una prima de riesgo altísima. Se podía hacer un ajuste brutal, muy fuerte, o intentar un ajuste menor basado en un pacto fiscal y apostando a la previsibilidad, con el sistema político comprometido a sostenerlo en el tiempo. En mi visión fue cruel e inequitativo. Pero eso lo resuelve la sociedad con el voto”, opina.

En lo que no se diferencia la gestión económica es en el manejo cambiario, coincide Rapetti: “No es inédito que se use el tipo de cambio como ancla para bajar la inflación, como tampoco que eso genere un problema de sostenibilidad de dólares. El atraso cambiario es historia repetida”.

Entre economistas e intelectuales que suelen respaldar cada paso del Gobierno se impuso una frase: que el actual es el verdadero período liberal de la historia argentina en los últimos 80 años. ¿En qué lugar quedan en esa comparación otros planes económicos pro mercado desde el retorno de la democracia, como la Convertibilidad durante la presidencia de Carlos Menem, o la gestión de Cambiemos y Mauricio Macri?

Secco cree que, más allá de esa afirmación, hay elementos comparables con otros períodos. “Durante la Convertibilidad, la estabilización inicial fue incluso más rápida que la actual, con una inflación que pasó de tres dígitos a un dígito en un año, sostenida por una caja de conversión que ofrecía un ancla más robusta. Además, Menem implementó un proceso agresivo de desregulación, apertura y privatización que en su momento también se presentó como una ruptura con el pasado”, recuerda.

En el caso de Macri, agrega, “si bien no logró consolidar su programa económico, también mostró señales iniciales de ortodoxia: redujo subsidios (sobre todo en la segunda mitad de su mandato), intentó corregir precios relativos, buscó abrir la economía y logró equilibrio primario justo antes de la elección de 2019. Pero esa corrección no sólo fue tardía, sino que fue también más gradual y mucho menos abrupta que la actual”.

Marengo también distingue las tres experiencias desde el punto de vista fiscal. “Menem tuvo superávit fiscal producto de los ingresos de privatizaciones, no era reducción de gasto corriente, sino un ingreso por única vez. En el caso de Macri, en el primer año aumentó el déficit y el ajuste que aplicó en 2019 fue producto de la falta de financiamiento y no de un convencimiento político de la necesidad de terminar con el déficit”, dice.

A juicio del economista jefe de BlackTORO, “el Gobierno está intentando un programa relativamente más liberal que en los últimos 70 años. Vamos a ver cómo sigue avanzando. La Argentina supo tener programas de estabilización que fueron exitosos e inicialmente lograron bajar la inflación, pero luego abandonaron la prudencia fiscal. Eran programas buenos, que se implementaron mal”.

Contundente, en cambio, Etchebarne afirma que hay fundamentos sólidos para considerar que la Argentina está frente al primer experimento liberal genuino en muchas décadas, aunque falta mucho para llegar a ser un país “verdaderamente libre”, en su opinión. “El caso de Menem tiene elementos interesantes que permiten verlo como un ensayo previo de reformas pro-mercado –apunta–. La Ley de Convertibilidad logró una estabilización duradera, con una inflación virtualmente cero durante diez años. A eso se sumó un amplio programa de privatizaciones, desregulaciones, la reforma previsional y una apertura parcial de la economía. Pero también hubo grandes diferencias: la estabilización vino después de una segunda hiperinflación y de una confiscación de depósitos vía el Plan Bonex. Y lo más importante es que no se avanzó en una reforma del Estado en profundidad y le faltó hacer la reforma laboral y otros temas”.

En el caso de Macri, sigue, “si bien tuvo una intención aperturista y de reinserción internacional, cometió un error grave desde el inicio: tomó un rumbo equivocado con una macroeconomía inconsistente. Durante los dos primeros años se mantuvo una política fiscal expansiva financiada con deuda. Cuando intentó corregir el rumbo en el tercer año, ya era tarde: la falta de credibilidad, el riesgo país y la dependencia del financiamiento externo lo arrastraron al fracaso”.

El director ejecutivo de Libertad y Progreso repite que las diferencias son notables porque “hoy, no hay Plan Bonex, ni licuación vía devaluación, ni precios internacionales extraordinarios, ni venta de activos estatales. Tampoco hay gradualismo. Hay, por primera vez, un intento claro de ordenar las cuentas públicas con reducción genuina del gasto, sin falsear precios, sin destruir contratos, y sin populismo fiscal”.

Mirando también hacia los 90, Menescaldi observa el paralelismo con la apertura y desregulación económica desde otro ángulo. “Aquel proceso [el de la Convertibilidad] fue más completo y la desregulación generó un aumento de la productividad por un cambio estructural de la economía. A este Gobierno le falta todavía esa parte, fortalecer lo externo y el salto de productividad. Estamos abriendo la economía cuando la productividad es la misma, o incluso peor que antes. Hay menos inversiones y la infraestructura se está deteriorando”, alerta.

En el terreno de las advertencias, y retomando el argumento de si esta etapa es única, Rapetti vuelve a su preocupación por la falta de dólares. “Cuando se hacen las cuentas de los dólares que pueden entrar, aun con las proyecciones más optimistas de las exportaciones de Vaca Muerta para 2030, nada indica que esta vez vayan a sobrar”, subraya. “Para vivir con este tipo de cambio y tener crecimiento sostenido, a mí no me dan los números”.

Por Pablo Ortega

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