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Obra pública: la alerta empresaria y el modelo que mira Javier Milei
La Cámara Argentina de la Construcción espera reunirse con Ferraro, futuro ministro de Infraestructura; cómo es el modelo chileno apuntado por los libertarios
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- “Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan”, dijo el presidente electo Javier Milei ayer y se generó una alerta.
En la Cámara Argentina de la Construcción esperan una reunión con el futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Hay unas 3.500 obras en ejecución en todo el país iniciadas por Nación. Fuentes del sector privado indicaron que, en el mundo desarrollado, la inversión privada “pura” ronda entre 7% y 8%, una cifra baja.
En declaraciones radiales, Ferraro ratificó que los contratos en ejecución se respetarán y que avanzan en un esquema de Participación Público Privada (PPP) y concesiones. En diálogo con este diario, Gustavo Weiss, presidente de la cámara nacional, afirmó: “Estamos esperando con expectativa una reunión con el futuro ministro y con sus secretarios para poder interactuar, explicar la situación y dar nuestra opinión, además de tener precisiones sobre en qué trabajan”.
Según un trabajo de Marcelo Capello, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, la inversión real directa consolidada en obra pública (incluyendo los tres niveles del Estado) fue de 2,8% del PIB en 2022. Entre 2015 y el año pasado, los valores más altos fueron en 2015 (3,3%) y 2017 (3,2%); con 2,8% le siguen el 2016, 2018 y 2022. El piso fue en 2020, con 1,9%.
Con el foco en el sector público nacional, la inversión real directa, más transferencias de capital a provincias y municipios para obra pública, en la última década, 2013 y 2014 con 2,3% del PBI marcaron el nivel más alto y los más bajos fueron 2019 y 2020, con 0,8% y 0,7%. Este año, hasta setiembre último, es del 0,9% del Producto.
“Claro que ayudaría a bajar el déficit público reducir estas partidas -dice Capello-, pero difícilmente se pueda llevar a cero. Primero, porque hay obras en ejecución que deberían paralizarse y, además, porque hay obras muy necesarias”. Grafica con el caso de los gasoductos, que son clave para poder exportar gas e importar menos. “No hacerlas genera más costos por otra vía, además de afectar al sector privado y al empleo de esas empresas”, añade.
Modelo chileno
En algunas presentaciones, Milei se refirió a la posibilidad de adoptar el modelo chileno para la obra pública. LA NACION conversó con Hernán de Solminihac, exministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y profesor titular de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile.
“El Estado no se retiró de la obra pública -precisó-, los privados tienen una participación muy importante a través de concesiones, un esquema que ya lleva 30 años y eso permite liberar recursos públicos para otras iniciativas, por ejemplo, caminos en zonas alejadas, rurales”.
Explicó que un factor clave es que todo “servicio de infraestructura” -concepto con el que en Chile se define a la obra pública- se decide en función de una “evaluación de la rentabilidad social; eso permite focalizar la inversión. Además, participan las regiones para definir prioridades”.
Solminihac consideró que la participación privada es importante porque “aporta recursos, gestión y tecnología; permite avanzar y acelerar” el desarrollo de infraestructura, pero “para nada desaparece el Estado, sigue invirtiendo”.
Respecto de a qué proyectos se vuelcan más los privados, admitió que a obras viales y de aeropuertos, aunque también participan en hospitales y cárceles.
En la Argentina, fuentes del sector privado aseguran que en la mayoría de las obras “es imposible que el usuario pague la inversión, no hay tarifa que aguante”. Grafican con que de los 37.000 kilómetros de rutas asfaltadas de Vialidad Nacional, las únicas que pueden mantenerse por peaje son los accesos a CABA y Córdoba. El resto no tiene volumen suficiente de tránsito. “Que el Estado invierta es un fenómeno mundial, es así en todos lados; es inviable que no ponga un peso”, subrayan.
En 2018, cuando en la gestión de Mauricio Macri se pusieron en marcha los PPP, las constructoras advirtieron que no alcanzarían para reemplazar la participación del Estado. Reconocieron que es un esquema que funciona bien en varios lugares del mundo, pero nunca sustituyendo a la inversión pública.
Según datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, al 13 de este mes, en el país se finalizaron 4.419 obras desde el inicio de la gestión, por $796.725 millones y con las que “se alcanzó al 100% de los municipios” del país.
En la actualidad, hay 7.266 en total: 2.329 se encuentran en ejecución y las 518 restantes, en circuito. Adicionalmente, 676 proyectos están en proceso de evaluación y aprobación.
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