“Operación susto”: crece la polémica por el alcance real del acuerdo para buscar cuentas no declaradas en EE.UU.

La letra chica del acuerdo de intercambio automático de información financiera sellado entre la Argentina y EE.UU. se desconoce. Las partes decidieron aún no difundirlo. Sin detalles, pero con base en tratados similares firmados en el pasado reciente con otros países, tributaristas y abogados especialistas en impuestos afirman que los datos provenientes del país que conduce Joe Biden tardarán en llegar, y que el alcance y la profundidad de la información recibida será acotada.

Incluso, expertos aseguraron a LA NACION que existe una “operación susto”, con la intención de infundir miedo que sirva de motor al blanqueo que el Ministerio de Economía buscará tener vigente desde comienzos del año que viene.

Los especialistas dicen que la información recién podría llegar en 2024, que no incluirá datos sobre sociedades extranjeras en EE.UU., que no podrá sumar al W8 (el formulario que firman los argentinos en los bancos y que las entidades requieren para establecer qué retenciones impositivas deben realizar), y que no confían en que los 1042-s (declaración informativa que presentan las instituciones financieras y declaran la renta de fuente norteamericana recibida por no residentes) llegue de manera masiva a la AFIP. Estiman que de este último formulario, cuyos datos sí tiene la IRS, llegarán casos puntuales.

El miércoles pasado, el titular de la Aduana y hombre clave del equipo de Sergio Massa en temas tributarios, Guillermo Michel, afirmó en una entrevista con Alejandro Fantino que el intercambio de información firmado el lunes pasado en el CCK incluye a todos los estados, también Delaware y Dakota del Sur, y que contempla la información del W8 que tienen los bancos americanos y los 1042-s. Incluso afirmó que esto ya estaría provocando movimientos en las entidades americanas.

“Están asustando y con mentiras”, afirmó a este medio Nicolás de la Plaza, CEO de ZBL, para quien EE.UU. firma esta clase de acuerdos (IGA1-Fatca) por dos motivos, uno técnico (obtener la información financiera de ciudadanos americanos en otros países) y otro político, que tiene que ver con futuras inversiones, en este caso, -cree- en Vaca Muerta.

“No hay forma de llegar a beneficiarios finales”, estimó De la Plaza. Esto es algo que también inentó instalar el Gobierno en las últimas semanas. “Los IGA son muy claros, hablan de account holders. La información que llega es sólo del 1042. Lo del W8 es una falsedad absoluta. Nunca pasó en tratados de IGA1 y todos son exactamente iguales. Los 1042 se reportan eventualmente y no de manea automática”, agregó y explicó que, en el acuerdo con OCDE-CRS, sí se reportan beneficiarios finales. EE.UU. no firmó ese tratado. Según De la Plaza, Fatca no habla de sociedades, ni de estructuras societarias, ni cuentas corporativas.

“Nunca hubo reporte automático y masivo de todas las cuentas de extranjeros en el país”, afirmó el experto sobre los 113 acuerdos cerrados por EE.UU. Recalcó además que ese país no tiene los recursos humanos para tal operación.

“Esto puede afectar a personas físicas o sociedades de argentinos no extranjeras de manera limitada”, coincidió el abogado especializado en planificación patrimonial, Martín Litwak. “Tampoco va a ser algo inmediato. Sí, es un cambio de reglas para quienes tienen dinero afuera, sobre todo a nivel personal. Pero no le cambia la vida a la gente en este momento. Me animaría a decir que el primer intercambio podría llegar recién en septiembre de 2024″, auguró el experto.

“Hay información que, recién en un par de años, va a tener el FinCen (Red de Control de Delitos Financieros de los EE.UU.). Es claro que hay errores o mala intención del Gobierno cuando explica el alcance. Las sociedades no están incluidas bajo ningún concepto [en el intercambio]. Sí, las cuentas personales de personas físicas y, con el tratado de 2016, intereses o dividendos, que pueden ser punta de ovillo para encontrar una cuenta no declarada”, agregó Litwak.

“El W8 es una declaración personal del cliente para los bancos. Los intercambios están basados en el 1042. Esa es la información que tiene el IRS. Llegan intereses y dividendos de manera agregada. Hay países que recibieron información, pero mucho más limitada y de manera más lenta de lo que el Gobierno quiere hacer ver. Ni el IRS ni las autoridades fiscales de los estados tienen recursos para procesar información masiva”, coincidió Litwak y cerró: “Si el acuerdo es tan bueno, por qué el Gobierno lo oculta. Usan esto para asustar a la gente de cara al blanqueo”.

Sin la letra chica a la vista

“Aún no se conoce la letra chica”, recalcó también Martín Caranta, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. “No se sabe bien qué se firmó. Hay un modelo que publica la Secretaría del Tesoro de los EE.UU., pero está sujeto a cuestiones particulares entre países. Puede ser que se conozca, vía Fatca, algo sobre las cuentas de sociedades LLC u otras con rentas pasivas, pero siempre de sociedades radicadas en EE.UU. y no en el exterior”, aclaró el tributarista.

“Hay que precisar la reciprocidad que implica exactamente el acuerdo, básicamente si se envía la misma información que se recibe. Generalmente, ellos envían algo más acotado”, dijo Caranta, que señaló que es habitual que estos acuerdos vengan atados a una exteriorización de capitales. “En este caso, está claro que la Argentina tiene una necesidad de divisas. No es casual. Parecería que se trata de crear el medio o motivar a los contribuyentes”, completó sobre el blanqueo.

“Existen importantes limitaciones, ya que este tipo de intercambio, EE.UU. lo aplica de manera muy asimétrica”, afirmó Diego Fraga, abogado especialista en impuestos. “Falta cumplir algunas etapas técnicas y políticas no menores para que EE.UU. empiece a enviar datos automáticamente. Una vez superados estos obstáculos, los datos que llegarían son de cuentas de personas humanas, no sociedades, a las que se les paguen US$10 o más de intereses o dividendos”, dijo.

El experto señaló que, si bien habrá que esperar la letra del acuerdo suscripto con la Argentina, no parece posible, según el esquema de intercambio que aplica actualmente EE.UU., que se acceda a cuentas que no se encuentren en cabeza de una persona humana. Sobre las versiones oficiales de que se accederá a la información del W8, Fraga dijo: “Son formularios que se firman con la apertura de cuentas financieras en EE.UU., pero no es la información que el IRS suela enviar automáticamente a otros países. Las declaraciones parecen más orientadas a infundir terror y a estimular regularizaciones”.

“No tengo dudas”, dice Fraga cuando se lo consulta sobre si el Gobierno busca asustar a los contribuyentes. “Pero existen obstáculos no menores, ya que para la aprobación de un nuevo blanqueo se necesita el apoyo de la oposición. Las amnistías fiscales son recursos que suelen usar los nuevos gobiernos para recaudar, por lo que no creo que, ante la posibilidad concreta de acceder en breve al poder, la oposición le regale a un gobierno en retirada tan valioso recurso. Y más allá del miedo que pueda instalarse desde el Gobierno, para que una amnistía fiscal sea medianamente exitosa, es necesario recrear cierta confianza en el país y sus instituciones, algo que no parece posible, sobre todo si se tiene en cuenta la alarmante inseguridad jurídica tributaria que introdujo la coalición gobernante durante todo su mandato”.

De la Plaza incluso se animó a hacer un cálculo. “Si el número de US$100.000 millones es verdad, si con algunas notas asustan a 10% se trata de US$10.000 millones, al 35% a dólar oficial son US$2000 millones en menos de un mes. Es un negocio perfecto, pero literalmente es un flagelo lo que están haciendo”, dijo y cerró: “Es una humillación que se haya firmado y que no lo hayan difundido. Si el acuerdo es tan bueno que logra el acceso masivo antes de fin de año a esas cuentas, yo ya hubiera empapelado toda la ciudad con el acuerdo y no aparece ni el borrador”.