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Opiniones encontradas sobre Thales
Creen indispensable el control estatal
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Estatal o privado, delegable o no, similar o diferente del de las repúblicas africanas de Gabón o Burkina Faso, el control del espectro radioeléctrico, nuevamente en manos del Estado argentino, es actualmente un tema de discusión después de que el gobierno de Néstor Kirchner anuló la concesión del poder de policía que se le había otorgado a la empresa Thales Spectrum y decidió no volver a delegarlo en manos privadas.
Especialistas en el tema de las telecomunicaciones y ex funcionarios consultados por LA NACION dieron su opinión respecto de si el Estado debe hacerse cargo de una tarea que el gobierno de Carlos Menem decidió privatizar en 1997.
En el espectro de opiniones diversas están quienes señalaron que el Estado debe privatizar la función de control del espacio radioeléctrico; los que sostuvieron que la antinomia estatal-privado es anticuada, y que lo relevante es que alguien controle el espacio con eficacia, y aquellos que alegaron que la supervisión es tarea indelegable del Estado.
Los que se instalan en la frecuencia pro privatización sostienen que fue evidente la mejora que experimentó el sistema de control del espacio radioeléctrico desde su concesión, en julio de 1997. Hasta entonces, el país tenía dos vehículos de control y tres estaciones activas, equipadas con máquinas alemanas Telefunken, modelo 1970.
Después de la controvertida privatización (cuestionada también por el modo en el que se realizó), la empresa Thales Spectrum, ganadora y única oferente en la licitación, dotó al sistema de seis estaciones de control ubicadas en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Neuquén, Comodoro Rivadavia y Posadas; 14 estaciones móviles de monitoreo para zonas donde no llegaban las centrales fijas, y 20 estaciones remotas fijas, automáticas, situadas en lugares remotos como Base Marambio o Ushuaia, operadas por las Fuerzas Armadas.
"En aquel momento, el gobierno evaluó los montos que se requerían para tener un sistema de control eficiente", explicó Germán Kammerath, secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Menem. El ex funcionario es hoy destino de las denuncias del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, por actos de corrupción durante el proceso de licitación.
"El Estado debía invertir cientos de millones de dólares y, además, no tenía el conocimiento suficiente en el tema; de todos modos, no se privatizó el espacio radioeléctrico, sino el control sobre él", justificó.
Para Henoch Aguiar, secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fernando de la Rúa, es irrelevante la discusión de si el Estado debe asumir o no la función de policía. Muy crítico respecto de la forma en que se llevó adelante la concesión, "hecha a medida de la alianza de Thales con la proveedora canadiense Spectrocan", Aguiar sostiene que "lo que importa es que el servicio esté controlado; si el Estado pone el dinero y lo puede hacer con eficacia, manteniendo los equipos, que lo haga".
Para Aguiar, el Gobierno deberá invertir el 20 por ciento de lo que recauda en concepto de las tasas que les cobra a los usuarios del espectro para mantener el equipamiento, y tendrá que asignar un presupuesto "intocable" para tal fin. "La idea de privatizar el sistema fue que un experto se ocupara del tema; no me parece mal, siempre que a ese privado se lo controle y que la concesión se haga de un modo transparente."
El ex funcionario relativizó las razones de seguridad que esgrimen quienes defienden la estatización del control del espacio radioeléctrico. "Aunque ningún país, excepto dos en Africa [por Gabón y Burkina Faso], haya tercerizado el control, en Estados Unidos, por ejemplo, los proveedores de tecnología sensible para la seguridad nacional son privados; eso sí, el Estado los controla eficazmente, y son temas más vitales que el espacio radioeléctrico."
Alejandro Fargosi, abogado especialista en temas de telecomunicación, opina que "si la empresa no cumplió con el contrato, no se discute la revocación de la concesión; la pregunta es si el Estado está en condiciones de realizar la tarea que hacía Thales y cuáles son su infraestructura técnica y sus recursos para hacerla".
Cuando el Gobierno anuló la concesión a la Thales Spectrum por "graves incumplimientos del contrato", decidió, además, no volver a privatizar el control del espacio radioeléctrico por considerarlo "una función indelegable del Estado".
Quienes sostienen esa posición afirman que hay cuestiones de seguridad que exigen que sea el Estado el encargado del control del espacio aéreo que se usa para las transmisiones por ondas. "Las Fuerzas Armadas y las de seguridad utilizan el espacio radioeléctrico y usan frecuencias vedadas al público. Sería grave cualquier filtración de estas comunicaciones confidenciales", consideró Orlando Puyol, gerente técnico del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, y ex técnico de Thales.
Puyol considera que la tercerización de esta función es peligrosa para la seguridad nacional, ya que en el espectro se dan comunicaciones "vitales y sensibles" que el Estado debe resguardar. "En Estados Unidos, en Francia, en cualquier país serio, no se privatiza el control del espacio radioeléctrico; la Argentina no debería hacerlo tampoco", observó.
